En relación a la economía, la atención de la academia y del “discurso–contradiscurso” entre los políticos, está en los indicadores macro, como las reservas internacionales, la tasa de crecimiento, el déficit fiscal, etc. Bajo supuestos derivados de la teoría económica dominante, pero sin evidencia empírica incontrastable, suponen relaciones directas, por ejemplo, entre crecimiento y desarrollo-bienestar; inflación y empleo; o estabilidad macro y equilibrio fiscal.
Centrar la atención en estos indicadores, lleva a evitar la valoración de los efectos sociales de las políticas económicas que, a pesar de haber sido aplicadas por gobiernos bajo argumentos discursivos ideológicamente opuestos, son comunes en su esencia. Lo concreto es que Bolivia pasó de estar, en 1950, en el promedio de Latinoamérica en el ingreso por persona, a los últimos lugares 70 años después, con el agravante que la FAO, en 2018, nos coloca como líderes regionales en la incidencia del hambre y la subnutrición.
Teniendo el enorme acervo de recursos que tenemos, la capacidad de trabajo y la alta creatividad que las y los bolivianos muestran en el mundo, el haber caído a esos niveles tendría que explicarse, básicamente, porque las políticas aplicadas han sido, y son, incorrectas. Por tanto, recuperar una trayectoria que converja al promedio de desarrollo de América Latina, requiere superar los falsos debates sobre indicadores macro –centrados hoy en fetiches como la mayor tasa de crecimiento o la inflación más baja, para centrarnos en valorar la “calidad social de la economía”.
Para construir una economía “de y para la gente”, en la que la salud de la economía no sea medida por su tasa crecimiento, sino por su capacidad real de responder, oportuna y efectivamente, a la necesidad ciudadana de una vida digna, es imperioso reponer, como temas de debate, aquellos que han buscado evadir las cegueras políticas, teóricas, ideológicas o “de conveniencia”, hasta terminar ocultando la naturaleza y la relevancia de los verdaderos problemas que debemos resolver.
Como nuevo aporte a un diagnóstico realista y crítico de nuestra realidad, que nos permita identificar correctamente los problemas a resolver, la Fundación INASET, en un reciente ensayo con el título que apropiamos para esta nota, identifica, describe y sustenta con datos oficiales, los siguientes (primeros) diez temas que “no debatimos, pero que deberíamos”.
1. El “milagro boliviano” no es tal: estamos en la cola de América Latina, y no hay señales de haber construido condiciones estructurales para converger al promedio latinoamericano.
2. Estructuralmente, los hogares que dependen de la economía formal, han sido afectados por el deterioro de la distribución primaria del ingreso que cayó del 40,5% (promedio 1990 a 2005), a 32,6% (promedio 2006-16).
3. La economía creció por el sector externo, más que por mayor producción y consumo nacional: el aumento de la demanda global interna se debe al aumento de la inversión pública, pero el consumo de los hogares cayó 6% y el aporte de las importaciones respecto al consumo de los hogares, sube del 37% entre 1990-05, al 55% en 2006-19.
4. Estructuralmente, crecieron los sectores que menos deberían crecer: el agregado “FAPI” (sector financiero, administración pública, e impuestos), que no genera ni valor agregado ni empleo, en 2000-05 aportaba un 20% al crecimiento del PIB, pero hacia el 2015 llega al 50%, superando los aportes del resto de la economía (la real y la extractiva).
5. El crecimiento es desigual y episódico, tanto territorial como sectorialmente: es evidencia de la ausencia de políticas de desarrollo y de diversificación productiva que se ajusten a un marco de “autonomías efectivas” para responder, adecuada y oportunamente, a las realidades regionales y locales, articuladas creativamente en estrategias compartidas de desarrollo.
6. Bolivia es un líder mundial de informalidad y precariedad del empleo: es el origen de la pobreza persistente, porque con el eufemismo de emprendedurismo, se oculta al cuentapropismo obligado y la autoexplotación laboral a la que está forzada el 85% de la fuerza laboral, por la incapacidad estructural de la economía para crear los 200 mil empleos dignos que, anualmente, demanda la sociedad.
7. El estado quita a las personas más recursos de los que da en bonos: entre 2008 y 2016, los bonos pagados sumaron 22 mil millones de bolivianos, pero los asalariados dejaron de percibir 170 mil millones por la reducción de su participación en la distribución del ingreso. El “government take” aplicado a ENTEL, BoA o al sector financiero, afecta a los usuarios de esos servicios –el pueblo boliviano– que está obligado a pagar tarifas (o intereses) más altas por servicios que no siempre son de calidad.
8. La reducción de la pobreza moderada y extrema no es realista ni sostenible: resulta de aumentar el ingreso en el eje central, a personas con baja escolaridad, del sector informal y en actividades no transables; respecto a países vecinos, existen enormes brechas en la calidad de vida.
9. El manejo fiscal-impositivo es un fuerte incentivo a la informalidad, y la causa más directa de la distorsión del equilibrio entre la capacidad del aparato productivo y la demanda, relación que determina la capacidad de crear empleo digno, el cimiento del crecimiento sostenido.
10. La financiarización ha tenido muy poco impacto (si alguno) en la diversificación productiva, pero ha acentuado la desigualdad: el modelo vigente benefició expresamente al sistema financiero en magnitudes que superan, de lejos, lo sucedido en el “período neoliberal”.
Cada uno de estos enunciados está respaldado con datos oficiales y, muchos de ellos, ya han sido puestos a consideración de las autoridades de éste y anteriores gobiernos. En conjunto, ofrecen interpretaciones alternativas respecto a qué (y por qué) estamos haciendo mal. Sabiendo que hacer más de lo mismo dará los mismos resultados, ¿es mucho pedir que los gobernantes se pronuncien sobre estos temas, sea para demostrar que son conclusiones erradas, o abriendo espacios de debate que busquen las mejores soluciones?
Un amplio debate sobre la calidad social del crecimiento, será mucho más productivo, socialmente, que persistir en ahondar la confrontación por temas triviales, como la fecha de un censo, y peor si es solo por intereses políticos.
