Más de tres años después de que se generó todo un debate por la designación de los llamados superdelegados, figura que creó en cada una de las entidades de la República el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional este cargo establecido en el Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Justo el litigio llegó a la SCJN porque opositores al gobierno de la autollamada cuarta transformación e incluso gobernadores y gobernadoras veían en los superdelegados un atentado contra el federalismo por todo el poder que desde el centro les daba el Presidente.
El tema dividió el voto de las y los ministros que hace dos semanas empataron con cinco votos a favor y cinco en contra, hasta que llegó de una comisión oficial la ministra Loretta Ortiz, muy cercana a López Obrador, y votó a favor argumentando que los superdelegados lejos de afectar el federalismo hacían más eficiente el servicio público, mientras que los ministros que votaron en contra, como Juan Luis González Alcántara, advertían que esa figura creaba incertidumbre debido a que sus facultades no estaban claras.
Como sucedió en Jalisco, la designación de los superdelegados generó mucha suspicacia porque la mayoría eran ex candidatos a la gubernatura de sus estados por Morena, o en su defecto, fueron colocados ahí para que construyeran desde ese cargo sus postulaciones.
Adscritos a la Secretaría del Bienestar y responsables en teoría de manejar todos los programas sociales del gobierno federal en Jalisco, en lo que va del sexenio han pasado por ese cargo Carlos Lomelí y Armando Zazueta Hernández. En enero pasado fue designada Katia Meave Ferniza, quien había sido delegada de Morena en Yucatán y superdelegada en Campeche.
Lo cierto es que hasta el momento y a más de la mitad del gobierno de AMLO, la superdelegación en Jalisco no ha significado un cambio en las políticas y el funcionamiento de las 69 delegaciones, que operaban hasta noviembre de 2018 que concluyó la administración del presidente priista Enrique Peña Nieto.
Por eso, ahora que la SCJN volvió a poner el tema de los superdelegados en la opinión pública vendría muy bien una revisión a estas dependencias públicas para definir si su existencia es o no necesaria, ya que hasta ahora no se sabe a ciencia cierta qué está pasando en estas oficinas del gobierno federal en Jalisco, que por años en los tiempos priistas y panistas eran como la extensión de la administración central y oficinas de activismo político en las entidades. Eran también agencias de colocaciones y premios de consolación para quienes no alcanzaban puestos estelares en el centro o para premiar militancias locales. Es tiempo, pues, de saber si algo ha cambiado en las delegaciones federales con la 4T.
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