en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado se comenzó a dar cuenta de un cambio estructural en el modo de producción, con repercusiones sobre todos los ámbitos del hacer social. Alain Touraine –en La Société post-industrielle, 1969– identificó al conocimiento y a los tecnócratas con los motores de la nueva economía, que iría ampliando la distancia entre los trabajadores manuales y los cualificados (por cierto, una de las fuentes de la incipiente desigualdad, junto a la concentración económica). Unos años más tarde, Daniel Bell –The post industrial society, 1973–pronosticó que en 30 o 50 años se pasaría de una economía productora de mercancías a otra productora de servicios, con preeminencia de las clases profesionales y técnicas y centralidad del conocimiento como fuente de innovación, entre otros. Bell hizo proyecciones de la evolución que seguirán los países de Europa Occidental, la Unión Soviética y Japón: crecimiento del sector servicios por encima del industrial y de la agricultura, burocratización creciente de la Ciencia, especialización del trabajo intelectual, aumento de la importancia de los problemas gerenciales para el sistema político y, en esta línea, pérdida de valor del concepto de clase como factor explicativo del cambio social.
Aunque muchas de estas tendencias son evidentes, el pronóstico es sesgado e incompleto. En Japón o Alemania el empleo industrial ha continuado teniendo gran importancia. El sector servicios es una categoría heterogénea; heterogeneidad que agravan, por cierto, los trabajos vinculados a la nueva economía. Hay variables que no dependen linealmente de la estructura económica (¡la política importa!). Como sea, desde mediados de los 70 se produjo un clivaje en la organización de la producción y los mercados en la economía global cuyo objetivo era hacer frente a la incertidumbre. La solución planteada: globalización, flexibilización, tercerización… ¿Dónde queda América Latina en este escenario? Donde sea que quede, queda mal.
Si la crisis de 1929 abrió una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo regional sin precedentes –por cierto, impulsado por políticas públicas intervencionistas–, esta oportunidad no se vislumbra ahora. Debido a la integración económica y financiera, el margen de maniobra es mucho menor. La deuda pública es la frutilla del postre. Hay diferencias considerables entre países (en 2020 en Brasil alcanzó el 101,4% del PIB; en Argentina, un 90,4%; en Colombia, el 68%; en México, el 66%; en Perú, el 39% y en Chile, el 33%), pero la tendencia es al alza.
(Paréntesis: no sólo pasa en América Latina: los países africanos pidieron durante la pandemia un financiamiento de emergencia y obtuvieron unos 100.000 millones de dólares, de los que aproximadamente 44.000 millones se dirigieron a pagar deuda).
Hay más. El encaje de los países sudamericanos en la economía mundial los vuelve extremadamente vulnerables a las fluctuaciones en los precios internacionales de las ‘commodities’, que a su vez varían mucho en comparación con los productos industrializados. Dependencia de la exportación de productos primarios (del petróleo a la soja), baja capacidad de ahorro y deuda los atan a la financiación externa, y los ciclos económicos los arrastran (lo explicó aquí Daniela Campello).
Nuestro primer artículo de hoy se ocupa del debate sobre la política alimentaria; de ahí pasamos a la política agraria en Nicaragua (donde el sector primario tiene un peso considerablemente mayor que en otros países de la región, véase la gráfica). Cerramos con un tema persistente en la agenda global: la violencia de género, esta vez en Perú.
¿Soberanía alimentaria o seguridad alimentaria? Diferencias y realidades en América Latina
Seguridad Alimentaria (concepto promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO) y soberanía alimentaria (propuesta abanderada por la Vía Campesina) no son sinónimos aunque a menudo se los confunda. El análisis de Elisa Botella.
¿Nuevas políticas agrarias con gobiernos de ‘izquierdas’? El caso (trágico) de Nicaragua
La revolución sandinista (1979-1990) supuso una transformación profunda de la realidad económica nicaragüense en la que la reforma agraria fue un componente fundamental. ¿Qué ha pasado desde el regreso de Ortega al poder en 2007? Lo analiza Salvador Martí.
¿Cuándo será la violencia de género una prioridad para el Perú?
Los medios informan de casos aberrantes de violencia contra las mujeres y de tanto en tanto emergen las protestas. Sin embargo, el Gobierno sigue sin implementar un mecanismo fiable de recopilación de estadísticas, primer paso para definir una estrategia de actuación. El análisis de Fernanda Vanegas.
Destacado
‘Podcast’.- De la revolución sandinista al Estado policial. Daniel Ortega lleva más de 15 años ininterrumpidos en el poder. El núcleo de su discurso sigue atado al sandinismo revolucionario pero ¿cuánto queda de aquellas ideas? Participan Elvira Cuadra, Alina Ripplinger y Jeffrey Gould. Conducimos con Franco delle Donne.
Buena lectura y hasta la próxima,
Yanina Welp
Coordinadora editorial
