El organismo a cargo de organizar la aplicación del examen nacional de ingreso a la educación superior ha decidido que las universidades retomen o asuman esa tarea. Será una vez que estas indiquen que están listas, lo que prevé que ocurra en 2023 o, como máximo, a inicios de 2024.
“La idea es que sea en el tiempo más rápido posible, ojalá pueda ser en no más de dos semestres”, afirma Alejandro Ribadeneira, el titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Consultado si eso implicaría la eliminación de la prueba de la Senescyt, que fue una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso, el titular de la entidad dice que sí. “Exactamente, que no sea la Senescyt la que lo administre”.
La eliminación formal del test requeriría de una reforma legal. La idea de la Senescyt es que cada institución lo organice y aplique para sus carreras.
La prueba nacional fue instituida por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en 2010, como parte del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación (SNNA). Inicialmente, se llamó Examen Nacional de Educación Superior (ENES), luego Ser Bachiller y, desde el año pasado, Transformar.
Uno de los motivos por los que se implementó fue el desorden, falta de equidad y hasta denuncias de irregularidades en el ingreso de nuevos alumnos en algunas entidades.
Interrogado sobre eso, Ribadeneira afirma que la Senescyt mantendrá su rol central de emisor de la política pública y de la regulación del sistema. “Los criterios y parámetros generales para el desarrollo de esas pruebas de admisión a las universidades y a carreras específicas tienen que ser elaborados por la política pública. Y también una fiscalía posterior para ver los resultados de esos procesos. No vamos a ser actores pasivos, debemos ser actores muy activos”, asegura.
Según la autoridad, están dialogando sobre este tema con universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores tecnológicos. Por ahora hay una situación desigual, con unos que dicen estar listos; otros que aún no lo están; y otros más que aducen estarlo, pero que necesitan recursos.
En Guayaquil, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) es una de las entidades que ha pedido recuperar el manejo del proceso de admisión y realiza uno paralelo o complementario al de la Senescyt, con inscripciones y examen propio.
En tanto, la Universidad de Guayaquil dice compartir el objetivo, pero que por la alta demanda de cupos y el número de alumnos que ingresan a la nivelación, necesitan recursos específicos para ello.
El rector, Francisco Morán, acota que, hasta el año pasado, los fondos para esa tarea provenían de la Senescyt; pero que este año deben hacerlo con los de la universidad, sin que eso conste en el presupuesto.
“Nos parece conveniente, y estoy seguro de que así piensan las demás universidades, que manejemos ese proceso. Pero esto debe organizarse bien y creo que podría ser luego de un par de semestres”, agrega.
Si bien Ribadeneira aclara que no desean imponer una fecha a las universidades, esperan que en 2023 ya ellas estén manejando sus procesos.
La Senescyt tendrá el apoyo del Consejo de Educación Superior (CES). En una entrevista reciente con este Diario, el nuevo titular, Pablo Beltrán, señaló como una de las posibles soluciones a la falta de cupos en las universidades públicas, que estas manejen sus procesos de admisión de estudiantes.
La misma universidad debe poder decidir qué estudiantes acceden, a qué carreras y por qué razones.
