Las expectativas sobre lo que el gobierno de Gabriel Boric puede lograr en materia ambiental son altas: mejor distribución del agua, descontaminación, protección de la biodiversidad, entre otras. Sin embargo, aunque existen herramientas que pueden ayudar a cumplir con esas expectativas, “en el intertanto en que se realizan las reformas, el Estado normalmente por una inercia va a seguir haciendo lo que hacía”, dice la abogada Pilar Moraga y eso no necesariamente estará en línea con el relato de un gobierno ecológico.
El viernes pasado, el progresista Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile para dirigir lo que él mismo y su equipo han calificado como el «primer gobierno ecologista».
El nombramiento de la renombrada científica, Maisa Rojas, como ministra de Medio Ambiente, quien ha participado como autora principal en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, reafirmó ese compromiso. En su primer discurso como presidente, Boric hizo referencia a los temas ambientales al dirigirse a “las y los campesinos sin agua por sequía y por saqueo” y a los habitantes de Puchuncaví y de Coronel “que puedan mirar hacia el futuro y saber que sus hijos no van a crecer rodeados de contaminación”.
¿Son las expectativas ajustadas o sobredimensionadas? Para Pilar Moraga, quien es subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, el prestigioso centro de investigación que hasta hace poco era dirigido por la actual ministra de medio ambiente, Maisa Rojas, las expectativas deberán traducirse en las acciones concretas que se tomen desde el gobierno. Numerosos son los desafíos: descontaminar las zonas que por años han sufrido las consecuencias de la generación de energía con carbón, avanzar hacia una mejor distribución del agua, fortalecer la institucionalidad ambiental, detener la deforestación y proteger la biodiversidad son algunos de los más importantes.
Además, Chile vive un proceso constituyente en el cual se está redactando una nueva constitución que también busca ser ecológica, recuerda Moraga. En ese sentido, “hay un relato en distintas instancias que está planteando un nuevo posicionamiento de lo ecológico en el centro de la toma de decisiones”, señala.
Mongabay Latam conversó con Pilar Moraga sobre las expectativas que los chilenos han depositado en el nuevo gobierno, las posibilidades que éste tiene de cumplirlas y las tensiones que dificultarán el camino.
—¿Le parece que la ciencia está ocupando lugares en la política que antes no ocupaba?
—Sin duda. Creo que en Chile ha habido una evolución muy positiva respecto a la toma de conciencia de la necesidad de incorporar a la ciencia en la toma de decisiones. Esto lleva su tiempo, pero se profundiza en la COP 25 con la creación del Comité Científico. Maisa Rojas, la actual ministra, era quien lideraba este Comité Científico y ahora pasa al Ministerio de Medio Ambiente. Con eso, de alguna manera, se reafirma esa primera decisión y se reafirma por un conglomerado político que es opuesto al gobierno anterior que creó este Comité Científico. Entonces tenemos que esta visión de incorporar a la ciencia en la gobernanza ambiental pasa a ser un elemento de Estado y no de gobierno. Eso es muy interesante.
Maisa Rojas. Foto: CR2
—Hay mucha expectativa respecto a lo que pueda hacer este nuevo gobierno en temas ambientales. En su opinión, ¿son expectativas ajustadas o sobredimensionadas?
—A nivel de gobierno ya se generó un cambio en que lo ecológico no es exclusividad del Ministerio de Medio Ambiente. Ya no es el ministro o ministra de medio ambiente la que define la agenda ambiental, sino que es el presidente o presidenta quien tiene que referirse al lugar que ocupa la protección ambiental dentro de su gobierno. Al menos en el relato el tema está ubicado en el centro como una cuestión transversal y me parece que con eso hemos dado un paso como sociedad.
Esto genera expectativas en varios sentidos. Primero que esa transversalidad se haga efectiva. Entonces tendríamos que pensar en que el Ministerio de Hacienda defina presupuestos en materia ambiental de manera que se pueda avanzar en este objetivo de ubicar lo ecológico al centro del gobierno.
Después, qué va a pasar con las empresas del Estado y su comportamiento ambiental que no es de lo mejor. Hablemos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), La Corporación Nacional del Cobre (Codelco), entre otras. Ahí sí podría haber un foco de tensión con la expectativa, puesto que tendrían que haber orientaciones muy rápidas respecto de cuál va a ser el comportamiento de estas empresas, cuáles van a ser los compromisos que van a asumir en términos de todos sus procesos, operaciones donde muchas veces los directorios están más enfocados en la producción que en compatibilizar esa producción con la protección ambiental.
Después está todo el accionar de los otros ministerios y ahí también hay un tema. Qué pasa con minería, con agricultura, con obras públicas, porque van a haber iniciativas apoyadas por estos sectores que probablemente la ciudadanía los pueda ver como incompatibles con este relato de lo ecológico. Por supuesto que estos ministerios no van a cambiar de un día para otro su manera de funcionar.
En ese sentido, la expectativa de lo ecológico se debiera traducir en el comportamiento que va a tener el Consejo de Ministros para la sustentabilidad.
—¿Cómo debiera ser ese comportamiento?
—Esa es la pregunta que se abre. ¿Cómo se va a dar esa dinámica? ¿Van a abrir ese Consejo a una transparencia y, por ejemplo, transmitir las sesiones? Algo crítico quizás en esto puede ser el rol del Ministerio de Medio Ambiente, porque sabemos que la mayor conflictividad socioambiental se produce en Chile muchas veces por la aprobación de proyectos de inversión que siguen un procedimiento que tiene aspectos técnicos, pero también políticos. Esos aspectos políticos hoy en día van a estar definidos por este gobierno y ahí se va a generar necesariamente una tensión entre aquellos proyectos que estén bien evaluados, pero que no necesariamente van a ser de la complacencia de la ciudadanía.
Yo diría en resumen que la expectativa se podría ver amenazada por el comportamiento que van a tener los órganos del Estado en la ejecución de sus tareas, porque ¿cómo cambiamos el modo de funcionamiento de un día para otro?, eso no va a suceder de un día para otro. En este intertanto en que se realizan las reformas, el Estado normalmente por una inercia va a seguir haciendo lo que hacía y eso que hacía no necesariamente corresponde a un relato de un gobierno ecológico. Ahí hay un desafío importante.
—¿Cuál es el mínimo que este gobierno debería lograr en términos ambientales para que sea calificado exitoso al final de los cuatro años?
—Todas las cuestiones que tengan que ver con la equidad. Ahí el tema del agua es crucial. No pueden seguir existiendo comunidades sin acceso al agua potable. Esa es una cuestión crítica y en la que es necesario avanzar absolutamente. Santiago ahora está con una amenaza de racionamiento, ya lo están anunciando, y eso quizás ahora se va a aceptar, pero en los años que vienen no y eso requiere de reformas muy concretas y muy rápidas, que se pueden ir haciendo. Hoy día ya no sería admisible, por ejemplo, que en Santiago se están regando los jardines de espacio públicos.
Desde hace 13 años Chile central sufre una mega sequía. Foto: Michelle Carrere
Todo eso tiene que ver con la equidad en los territorios. El acceso a los elementos básicos del medio ambiente: un aire limpio, acceso al agua potable y no contaminadas. Yo creo que ese es el mínimo que se esperaría. Ahora, eso es un plan para cuatro años, pero al menos ir avanzando en una dirección, en una política concreta en ese sentido ya sería un gran paso.
—¿Cómo más se puede ir avanzando para cumplir con esa expectativa puntual?
—El tema del agua es súper crítico, pero en beneficio de lo crítico es que hay una reforma al código de aguas ya aprobada, que se va a tener que implementar y donde hay varios elementos que van a ser compatibles con un mejor uso, gestión y distribución del agua. En ese sentido hay ciertos elementos que pueden ayudar a cumplir con esa expectativa, pero que de todas maneras no son inmediatos. Eso va a tomar mínimo algunos meses y en este tiempo van a seguir habiendo comunidades que van a proveerse de agua de los camiones aljibe (cisterna) y van a seguir presentes todos los conflictos o carencias que tienen las comunidades hasta ahora.
—Además que la reforma al código de aguas se refiere sobre todo a los nuevos derechos, no es que los derechos que ya están otorgados puedan ser recalculados.
—Exactamente. Yo creo que transparentando la información se daría un gran paso para poder ir cumpliendo con la expectativa. Hace poco salió un informe de un estudio liderado por Cristina Fragkou, profesora de la Universidad de Chile, que da cuenta de esta realidad terrible que es que en un acuífero hay derechos de agua otorgados que sus titulares no usan y que los venden a los municipios para que sean distribuidos por camiones aljibe a las comunidades vecinas. Una situación que, además, éticamente es terrible. Quizás si es el Estado el que comienza a entregar esa información: ¿cuánto están gastando los municipios por esta distribución de agua?, ¿de dónde viene esta agua?, eso ya puede ser una contribución. Yo me imagino que en la medida en que esa información esté sobre la mesa va a existir un ánimo de diálogo y de acuerdos para que haya una mejor distribución del agua y no dejar a las comunidades en la situación actual. Esa es una tarea más política que legal, porque el marco legal no da aún para hacer mucho más.
—El último reporte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) da cuenta de que América Latina se aplican, a corto plazo, estrategias de adaptación al cambio climático que en el largo plazo son nocivas. ¿Algún ejemplo de este problema en Chile?
—La desalinización. Con ella tengo hartos reparos porque si bien resuelve un problema concreto que es la falta de agua para la producción minera, y que está muy bien, deja dudas consistentes respecto a qué sucede con los desechos de esa actividad. Sabemos que la desalinización genera un impacto ambiental importante. Hace poco que este tipo de proyectos ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no hay una regulación muy acabada al respecto. Ese es un muy buen ejemplo porque, además, dada la situación actual, estamos pensando que eso se va a incrementar. En que las mineras van a tener cada vez menos agua y que por ende van a tener que invertir también más en desalinización con todas las consecuencias que eso tiene para los ecosistemas marinos, la biodiversidad, etcétera. Ahí hay un problema.
Ahora, ¿por qué se genera este problema? Estamos actuando más en respuesta que en prevención, porque si actuáramos en prevención podríamos analizar qué significa ese tipo de respuesta en el mediano o largo plazo, poner financiamiento en la investigación y buscar soluciones. Lo mismo podemos pensar en el caso del litio o de la energía solar. El litio da solución a ciertos problemas hoy, pero en definitiva termina generando un impacto en los ecosistemas que va a ser perjudicial para la estabilidad del clima en el corto, mediano y largo plazo.
—¿Le parece que el gobierno actual tiene las herramientas para abordar ese tipo de situaciones?
—Me imagino que para una ministra de Medio Ambiente, con la formación científica que Maisa Rojas tiene, son preguntas que se va hacer y va a buscar dónde encontrar las respuestas. Si no existen las respuestas, me imagino que intentará generar las condiciones para obtener esas respuestas. Quizás eso es lo que hace la diferencia entre una autoridad científica y una más política o técnica. Los ojos de la ciencia en un nivel tan alto en la toma de decisión, seguramente va a permitir plantear este tipo de preguntas en una perspectiva más de largo plazo. Vemos que los gobiernos están muy centrados en cumplir y que les vaya bien, pero eso dura cuatro años y entonces pierden esa perspectiva de largo plazo, pero creo que para una científica del nivel de la ministra de Medio Ambiente actual no es posible transar con esa perspectiva de largo plazo.
Manifestantes en Salamanca Foto: Pamela Olate.
—Recién entrado el nuevo gobierno, el presidente anunció que firmará el Tratado de Escazú. ¿Le parece un mensaje importante?
—La verdad es que nadie entendió por qué no se firmó el tratado. No había razones jurídicas ni legales. Todas las razones que se dieron, a mi parecer, no tenían ningún fundamento. La justificación de no firmar Escazú era que Chile contaba con la legislación necesaria y por ende no era necesario firmar. Sin embargo, uno dice, bueno, si contamos con la legislación necesaria por qué no lo firmamos, si da lo mismo. Entonces ahí había un punto no transparente.
Firmarlo parece de todo sentido común. Chile lideró este proceso, empujó desde el día cero la elaboración del Tratado de Escazú, la alianza con otros estados de Latinoamérica para avanzar en este acuerdo internacional y la no firma a último minuto es una cuestión incomprensible, por ende simplemente yo creo que es saldar una deuda de la política pública internacional de Chile.
—¿Le parece que Chile está atravesando un momento importante, decisivo para el futuro de su biodiversidad?
—Sí, por varias razones. La primera es que está el proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) con una tramitación legislativa muy compleja y este gobierno tiene una misión importante que cumplir en eso.
Luego, respecto al proceso constituyente, hay un elemento interesante que es que se aprobaron los derechos de la naturaleza. Eso puede permitir, a mi juicio, avanzar en un enfoque más ecocéntrico porque permite proteger la naturaleza y por ende la biodiversidad sin necesariamente que exista una afectación al ser humano. Es decir, a partir de esa decisión entendemos la naturaleza como un sujeto de derechos y por ende que la afectación de sus derechos da pie a una protección directa, sin necesidad de pasar por la afectación al ser humano. Eso ya está, se aprobó en la convención y va a pasar al texto constitucional final que se va a someter a la aprobación en un plebiscito. Ese puede ser un paso, pero creo que no es el único. No porque tengamos derechos de la naturaleza vamos a proteger más la biodiversidad, se necesita un marco institucional, legal, etcétera, que es el complemento que puede hacer el SBAP en eso.
—Y este gobierno se ha comprometido a sacar adelante el SBAP. ¿Cree que lo logre?
—Eso va a depender de la habilidad política del nuevo gobierno porque el SBAP conjuga una serie de intereses y vamos a ver cómo esos intereses pueden conciliar. Ahí hay un tema que es no menor y que va a requerir de mucha habilidad política para poder ir deshaciendo esa tensión.
—¿Cuáles son esos intereses que están en tensión?
—La mayor protección de la biodiversidad puede significar una limitación al desarrollo productivo, a la explotación de los recursos naturales, o al modelo de desarrollo. Entonces ahí el conflicto está entre el interés económico y la protección del medio ambiente. Eso es lo que se va a tener que diluir con mucha habilidad política.
Este reportaje original del medio de noticias ambientales Mongabay Latam fue escrito por Michelle Carrere y es parte de una alianza con Bienes Comunes de El Desconcierto.
