A Juan Ángel Rivera Dommarco
De acuerdo con el trabajo “La obesidad en México. Estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control”, publicado en 2018 por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), En los últimos 30 años, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en la epidemia que afecta a uno de cada tres adolescentes y niños, y a siete de cada diez adultos en nuestro país.
El impacto económico de esta problemática es más alto de lo que pudiéramos imaginar. Un estudio realizado por World Obesity Federation (WOF), en conjunto con el Research Triangle Institute (RTI), arrojó que la obesidad tuvo repercusiones en el gasto de salud pública correspondiente a 2.1 por ciento (26 mil millones de dólares) en el Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, por los más de 62 millones de adultos que viven con sobrepeso. Se estima que la obesidad en la población mexicana seguirá en aumento y que para 2050 el 88 por ciento de ésta tendrá algún grado de sobrepeso u obesidad, en caso de que no se tomen medidas urgentes en todos los niveles de la sociedad. Se proyecta que el costo por este problema de salud pública puede elevarse hasta 4.67 por ciento del PIB para 2060, es decir, los costos serán por más de 159 mil millones de dólares.
Sin duda, el combate a la obesidad se ha convertido en un reto urgente para el esquema de salud pública porque la obesidad impacta negativamente la calidad de vida de quienes la padecen. Diversos estudios han probado su vínculo directo con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y otros padecimientos cardiovasculares, que hoy representan algunas de las principales causas de morbilidad y mortalidad de los mexicanos. Lo anterior sugiere las medidas que deben tomarse para el control en el mercado de bebidas, productos procesados y alimentos azucarados, más allá de los conflictos de intereses que influyen en la elaboración de políticas públicas.
Es en este contexto, y por la importancia que tiene esta otra gran pandemia en la vida y salud de los mexicanos, de manera amable y diligente, el senador por Puebla Alejandro Armenta Mier aceptó darnos esta entrevista para nuestros lectores de MILENIO diario, como el estudioso y conocedor de los efectos negativos y dañinos de los edulcorantes que acompañan y envuelven al proceso de elección, compra y consumo de nuestros alimentos en la vida cotidiana. Sea en lo individual, familiar o colectivo, se presenta en los propios hogares, restaurantes o en cualesquiera otra forma para degustar los mismos. Igualmente, llama la atención la labor realizada por el senador poblano para promover el derecho a una alimentación informada de las y los mexicanos a través del impulso de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 112, 113, 115, 212 y 215 de la Ley General de Salud. Y también son de destacarse los datos y acciones que sobre su actividad, en el ahora, nos comparte aquí.
Por estos antecedentes -más lo que ha expresado el senador poblano en sus intervenciones en el pleno y en las jornadas informativas en el interior de la entidad poblana durante sus recorridos y visitas a la ciudadanía en sus comunidades- de igual forma nos comparte que: “Se fortalece y argumenta la importancia de replantear tanto en
la Cámara de Senadores como en la Diputados, la difusión de los derechos a una alimentación adecuada para evitar enfermedades mortales, promoviendo el etiquetado en los productos y bebidas procesadas que inciden en la salud de las personas por el alto consumo registrado”
“De esa preocupación -nos dice el senador Armenta Mier- se desdobló el libro ‘La pandemia de los edulcorantes en México’, compilación que he difundido en más de 65 puntos del territorio poblano y que cuenta ya con una edición en náhuatl, pues es en la comunidades rurales e indígenas donde se registra un alto consumo principalmente de refrescos y bebidas azucaradas”.
“En este libro se pueden encontrar datos que, incluso el Instituto Nacional de Salud Pública refiere en los diversos estudios realizados y que reflejan la realidad que vive nuestra nación sobre el exceso en el consumo de bebidas azucaradas; tal es el caso de la Unicef, que reporta que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en personas adultas a nivel mundial”.
“Sin olvidar que 54 por ciento de los decesos están relacionados con enfermedades cardiovasculares según estadísticas de la Asociación Nacional de Cardiólogos al Servicio de los Trabajadores del Estado. Aunque existen múltiples factores que influyen en la incidencia de la obesidad, el papel preponderante del consumo de bebidas endulzadas con azúcar o con edulcolorantes artificiales ocasiona un grave problema de salud pública”.
– Es importante reconocer que el Senado de la República ponderó el tema de salud promoviendo acciones para incidir positivamente en la prevención y control de la obesidad y el sobrepeso, tales como:
– Incluir en los programas de salud información sobre los riesgos del exceso en el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas.
– Prohibir que en las tiendas escolares se vendan alimentos y bebidas que provocan daños a la salud.
– Establecer los porcentajes en el etiquetado simple y visible del contenido de azúcar añadida y edulcorantes.
– Exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación y todas las dependencias involucradas en el cuidado de la alimentación para realizar programas en materia de nutrición y salud.
“En las jornadas informativas sobre la pandemia de los edulcorantes hemos hecho hincapié en otro de los logros de la Cámara Alta- gracias al consenso logrado con los diversos grupos parlamentarios- que se refiere a que las empresas de productos procesados deben evitar el uso de grasas transgénicas en alimentos y bebidas que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que en nuestro país las enfermedades del corazón representan la primera causa de muerte”.
“Considero que siempre debemos tener presente el estar ubicados en los primeros lugares en obesidad, por lo que es necesario brindarle a la población información sobre lo que consume a diario, así como lo que comen nuestros hijos en la escuela obstruyendo y dañando su salud, su aprendizaje y su propio desarrollo. La labor es titánica, pero lo que se puede lograr es en beneficio de la prevención y en el establecimiento de hábitos saludables de alimentación (…) No se trata de prohibir, sino de tomar conciencia de los riesgos en un esquema de corresponsabilidad donde los padres de familia jueguen un papel fundamental para evitar que sus hijos sigan consumiendo comida chatarra y los dañe y los imposibilite de ser mejores seres humanos más sanos y más saludables (…) Finalmente, se requiere del concurso de los tres niveles de gobierno de instituciones públicas y privadas de centros educativos y de investigación y de los estamentos que tengan que ver con las políticas de salud pública para enfrentar y solucionar su problemática”
Víctor Bacre Parra
