Todos tienen prisa. Con una guerra en Europa y los precios de la energía disparados, patronal y sindicatos aspiran a cerrar este mes el marco de referencia para la negociación de los convenios para los dos o tres próximos años. Una inflación del 7,6% en febrero, con previsión de que en marzo supere el 8%, no facilita precisamente las conversaciones cuando la cuestión salarial se ha convertido en el tema clave de esta negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que ayer volvió a reunir a CEOE, CC.OO. y UGT.
Como ya anticipó La Vanguardia , la patronal quiere acelerar esta negociación y cerrarla lo antes posible para evitar conflictos laborales, pero ahora también a los sindicatos les urge encontrar una entente en un momento en que la inflación resta poder adquisitivo a los trabajadores . Un punto determinante de esta negociación son las cláusulas de revisión salarial, una reivindicación de los sindicatos a la que la patronal se opone, por el riesgo de que generen una espiral inflacionista.
Son unas cláusulas que cubrían al 66% de los trabajadores en el 2007, pero a las que la crisis del 2008 casi aniquiló, de manera que en el 2015 ya solo llegaban al 12% de los asalariados. A partir
de ese año, hubo una progresiva recuperación, y en los convenios firmados este año hasta febrero, son el 28,7% de los trabajadores los protegidos por esta indexación automática de los salarios
en función del aumento de los precios.
Precisamente ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió contra la generalización de estas cláusulas. “Sería deseable que se eviten fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia”, dijo en un desayuno con el sector empresarial organizado por Hill & Knowlton. El gobernador destacó que este tipo de cláusulas provocan efectos de segunda ronda que acaban en una espiral inflacionista.
Hasta febrero el incremento de los salarios en los convenios se limitó al 2,26%
Su fórmula para evitar estos efectos de segunda ronda pasa por aplicar dos principios: un reparto de los costes entre empresas y trabajadores y basarse en la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los productos energéticos. La diferencia entre la inflación subyacente y la general es significativa. En febrero, fue de 4,6 puntos, un 7,6% frente al 3% de la subyacente.
Para avalar sus tesis, el gobernador cita un precedente. Cómo en el AENC de 2012-14 se establecieron recomendaciones salariales que excluían el componente energético de la inflación.
El pacto de rentas que plantea el gobernador se basa en “repartir costes. Todos los agentes implicados han de asumir una pérdida. Ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo, ni las empresas serán capaces de mantener sus márgenes”. Una aceptación de costes que los datos muestran que hasta el momento ya se está produciendo. En febrero, el incremento salarial pactado para el 2022 aumentó hasta el 2,26% desde el 1,46% del conjunto del 2021. Son porcentajes muy por debajo de las cifras de la inflación, también de la subyacente.
Los trabajadores pierden poder adquisitivo y también habría que limitar los márgenes empresariales. “Estas directrices de evolución salarial deberían acompañarse con compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales”, dijo el gobernador. Sin embargo, para los sindicatos estas cláusulas son una garantía y las presentan como fórmula para aceptar aumentos más moderados. Algo que ni el gobernador ni la CEOE aceptan.
Hernández de Cos propone basarse en la inflación subyacente para el aumento de los salarios
El lunes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió responsabilidad en la negociación para no generar un “grave problema”, que afectaría especialmente a los más vulnerables, y con el riesgo de que un incremento notable de los salarios convierta a la inflación en estructural. Garamendi se refirió anteriormente al aumento del 2,1% de los salarios en la CEOE. Queda lejos de la cifra del 5% que UGT ha apuntado de manera informal. Mientras, desde CC.OO. su secretario general, Unai Sordo, ha manifestado en varias ocasiones que el carácter plurianual del acuerdo es el que puede permitir asegurar a medio plazo que no se pierda poder adquisitivo.
“Todos van con ganas de acuerdo”, dicen fuentes de la negociación para clarificar el panorama laboral , en un contexto especialmente complicado.
