América Latina y el Caribe enfrenta importantes desafíos para la seguridad alimentaria de su población. La desaceleración económica, la crisis climática, la pandemia de covid-19, el reciente conflicto en Ucrania y la escalada de los precios internacionales de alimentos y combustibles amenazan con agravar la situación de la población más vulnerable de nuestra región.
El reciente informe “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2022” publicado por las Naciones Unidas evidencia que en la región, el costo diario de una dieta equilibrada y saludable es de $3.89 por persona, frente al promedio global de $3.54. Este es el costo promedio más alto a nivel mundial, lo que significa que alrededor de 131.3 millones de personas no puede pagarla, o sea el 22.5 % de la población regional no se está alimentando bien.
Específicamente en Mesoamérica, el costo de una dieta saludable alcanzó los $3.47 en 2022, lo cual la hace inaccesible para el 27.8 % de la población de la subregión. Asimismo, entre 2019 y 2021, México y Centroamérica registraron una prevalencia del hambre de 8.4 %, mientras la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó a 34.1 % de la población en 2021, es decir a 61.9 millones de personas.
El informe también señala que América Latina y el Caribe registra un importante logro respecto a la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. En 2020, esta cifra fue del 11.3 %, aproximadamente 10 puntos porcentuales por debajo del promedio mundial. Sin embargo 3.9 millones de niños y niñas menores de 5 años padecen sobrepeso.
El informe concluye que existe una asociación entre los niveles de pobreza y la desigualdad de ingreso con el hambre y la malnutrición; lo que hace necesario empujar políticas públicas multisectoriales donde se aborden las causas y entonces se vean temas de empleo, acceso al crédito, producción, acceso a servicios básicos de calidad, etcétera, y no se concentre la acción en los efectos. Por lo anterior es necesario invertir en seguridad alimentaria como prioridad y a la vez empujar una visión de transformación de los sistemas agroalimentarios, a través de cuatro prioridades: promover patrones de consumo sostenibles y entornos saludables para reducir la malnutrición y las enfermedades crónicas no transmisibles; desarrollar la agricultura competitiva, inclusiva y sostenible; mitigar el impacto de los fenómenos climáticos; y fortalecer el marco político e institucional para articular acciones de política pública a nivel territorial. Para avanzar, es prioritario invertir en incrementar la producción de alimentos nutritivos y potenciar la comercialización de los productos de la agricultura familiar que contribuyen a dietas saludables y accesibles.
El Salvador ha hecho importantes esfuerzos a través del Plan Maestro de Rescate Agropecuario, documento que señala la importancia estratégica del fomento de la producción y productividad en el sector agropecuario, debido a los altos niveles de dependencia de las importaciones de alimentos (cárnicos, lácteos, granos básicos, frutas y verduras) y debido a los mayores niveles de pobreza en las zonas rurales.
El Panorama 2022 nos invita a reflexionar para invertir en seguridad alimentaria y nutricional como una prioridad, pero con un enfoque sistémico y con el compromiso de todos los sectores y actores.