No habían pasado ni diez horas del primer día del año cuando el presidente Alberto Fernández decidió irrumpir en la agenda pública con una de las apuestas políticas más fuertes que hizo desde que ocupa el sillón de Rivadavia. Con un hilo en su cuenta de Twitter, a las 9:52 de la mañana del 1° de enero, el mandatario comunicaba que había decidido impulsar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su carta apuntó contra el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y en forma posterior pero a la postre con el mismo objetivo, contra los tres restantes cortesanos, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosekrantz y Juan Carlos Maqueda.
Cuatro días después de esa avanzada con fortísimas implicancias para la vida institucional de la democracia argentina, el presidente cuenta con menos respaldo del que semejante iniciativa ameritaría. Al menos a juzgar por los posicionamientos explícitos – o la falta de ellos – en su propio espacio.
El primer síntoma de esto apareció en la foto que Alberto Fernández exhibió en el Salón Blanco de la Casa Rosada con los gobernadores del peronismo que lo acompañaban en la inédita confrontación contra la Corte.
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Sobre un total de 18 gobernadores peronistas en las 24 provincias del país, el mandatario nacional aspiraba sumar las voluntades de todos, o al menos tener sólo alguna excepción lógica. Sin embargo, hasta hoy sólo 11 caudillos provinciales lo respaldaron, con el incómodo episodio en el medio protagonizado por el entrerriano Gustavo Bordet, quien desmintió haber firmado la petición que el presidente y sus colegas habían rubricado y en la que estaba inicialmente incluido.
Casi 96 horas después de la comunicación formal del pedido de juicio político, se hace ostensible la falta de pronunciamiento sobre el tema por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dada su relevancia institucional y la prédica que la dos veces presidenta sostiene contra el Poder Judicial. CFK, de momento, ha decidido omitir en sus canales habituales de comunicación qué opina de la acusación que su compañero de fórmula dirigió contra los jueces del máximo tribunal.
Tampoco La Cámpora, ni mucho menos su líder, el diputado Máximo Kirchner, han dado muestras de salir a militar la batalla propuesta por el presidente contra los jueces supremos. Ni siquiera la exposición del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desarticula esta observación: Kicillof aparece en el origen del conflicto, ya que el territorio que gobierna brindó los argumentos para que Alberto Fernández pudiera recortarle los fondos a la Ciudad de Buenos Aires que derivaron en la disputa que luego la Corte resolvió en favor del gobierno porteño. Fue en la recordada revuelta de la policía bonaerense por mejoras salariales del mes de septiembre de 2020. Su presencia era casi una exigencia de las circunstancias.
El gabinete nacional no escapa a este razonamiento. Por caso, el silencio mostrado hasta el momento por el Ministro del Interior, Wado De Pedro, alimenta las especulaciones, mientras que las declaraciones radiales del Ministro de Justicia, Martín Soria, si bien están alineadas, tienen gusto a poco en la Casa Rosada.
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Entre sus argumentos, el Presidente esgrimió técnicamente el artículo 53 de la Constitución Nacional, que menciona el mal desempeño de sus funciones como causal de remoción de los miembros de la Corte. La acusación presidencial se ajusta esencialmente a dos episodios: el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por el porcentaje de coparticipación que recibe el distrito y la puja por la conformación del Consejo de la Magistratura, el órgano seleccionador de jueces federales en la Argentina. En ambos casos Alberto Fernández le endilga a los jueces supremos favoritismo hacia Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor de la política argentina.
El eje que probaría esa inclinación sería la filtración de chats, con origen cuestionado, entre el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´alessandro, y Silvio Robles, el principal operador y nexo de Rosatti con los medios de comunicación.
Al momento de ingresar formalmente el documento con el que se buscará juzgar a Rosatti, Lorenzetti, Rosekrantz y Maqueda, la comunicación presidencial mostró una foto que volvió a exhibir una grieta dentro del Frente de Todos: recibiendo la presentación de manos del propio Alberto Fernández aparecieron el presidente del bloque en Diputados, Germán Martínez y la presidenta de la comisión de Juicio Político en la Cámara, la entrerriana Carolina Gaillard. Sin embargo, fue notable la ausencia de la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau. El hecho de que no estuviera la figura que a la postre es tercera en la línea de sucesión presidencial, a pesar de que pertenece al Frente de Todos, representa otro dato que abona las especulaciones respecto de la falta de cohesión en el frente gobernante en medio de una de sus batallas más duras.
El entorno del presidente se vio en las últimas horas remando contra la reticencia de los gobernadores del PJ. Es esa quizás la mayor decepción del mandatario nacional. El encargado de tender puentes para superar este escollo fue el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, hombre de máxima confianza de Alberto Fernández. Las comunicaciones buscaron persuadir al gobernador de Salta, Gustavo Saenz, Arabella Carreras de Entre Ríos, Omar Gutiérrez de Neuquén y Oscar Herrara Auad, de Misiones, a quien Alberto Fernández visitó en la mañana del miércoles 4 de enero. Por ahora, las gestiones sólo encontraron resistencia y argumentos en contra.
La agenda parlamentaria corre en paralelo al pedido de juzgamiento que impulsó el presidente contra la Corte Suprema. Si bien se espera la convocatoria a sesiones extraordinaria, el trámite para la conformación del proceso contra los jueces del máximo tribunal no está supeditado a este llamado, ya que el reglamento de la Cámara especifica que el temario de las sesiones que se realizan fuera del período ordinario incluye a aquellas propuestas que no se debaten en comisión.
En este caso, la comisión que preside Gaillard es la que dará trámite, aún en un contexto adverso, al histórico pedido de juicio político que, en soledad, empuja el Presidente de la Nación.
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