El Gobierno decidió que, para “seguir tendiendo al fortalecimiento del sistema previsional” (según la letra del acuerdo con el FMI), se trabajará en un estudio “que describa las opciones y las recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro régimen previsional, focalizado en determinados regímenes especiales de jubilaciones alcanzados por la ley 27.546″. Y se aclara que esa norma está referida al sistema jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación (el texto no lo menciona, pero esa ley también es la aplicable para los funcionarios del servicio exterior al momento de sus retiros).
Hay dos aspectos por los resulta llamativo que para dar sostenibilidad al sistema previsional se apunte en particular a esa ley: uno es que los regímenes por ella abarcados tienen cerca de 8000 beneficios mensuales al pago, según datos oficiales, mientras que el sistema general tiene 6,7 millones de prestaciones (sin contar las no contributivas), y la erogación que representan equivale a 0,08% del PBI, según estimaciones del economista Rafael Rofman, director de Protección Social del Cippec. El otro punto es que esa ley fue impulsada por este Gobierno y aprobada, de hecho, bajo la actual gestión, a principios de 2020.
En esa reforma de dos años atrás se elevó el aporte previsional de los alcanzados por esos regímenes (quedó en el 18% de la remuneración, mientras que en el sistema general es de 11% y rige un sueldo máximo, ahora de $357.166,98, para aplicar el porcentaje); se cambió la fórmula del haber inicial para moderar los montos; se subió la edad jubilatoria para las mujeres -en el caso del régimen del Poder Judicial-, de 60 a 65 años, y se modificaron los requisitos para el acceso. Este último punto es uno de los que provocó más controversia y ya hay litigios iniciados.
Los analistas de temas previsionales consideran que, tras esa reforma (cuyos efectos, como ocurre con los cambios previsionales, se irán viendo a medida que pase el tiempo), prácticamente no hay margen para hacer cambios que tengan un impacto fiscal significativo. En el caso del régimen del Poder Judicial, en diciembre de 2021 había 7252 prestaciones, según datos de la Secretaría de Seguridad Social, por un monto promedio de $385.181; en el sistema de funcionarios del servicio exterior, los casos son 693 y el ingreso promedio es de $445.508.
Un sistema que no tuvo cambios (ni se prevé que los tenga) es el de las asignaciones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación. Esas prestaciones, consideradas de privilegio, no requieren que quienes las cobran tengan una determinada edad ni una cantidad mínima de aportes hechos en su vida laboral. Son las del régimen por el cual la vicepresidenta Cristina Kirchner cobra dos prestaciones de altos montos a la vez, una como expresidenta y otra como viuda de un expresidente.
Según las estadísticas oficiales publicadas por la Secretaría de Seguridad Social, la Anses administra siete regímenes jubilatorios “especiales”: además de los dos ya mencionados están los de docentes (163.883 prestaciones), docentes universitarios (8539), investigadores y científicos (8541), trabajadores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (665) y trabajadores del gremio de Luz y Fuerza (36.998).
Por fuera de esos sistemas y también del general, hay otros que son considerados “diferenciales”, vinculados con un “envejecimiento prematuro” que, se estima, provoca desarrollar determinadas tareas. La semana última, por caso, se aprobó el decreto reglamentario de un nuevo esquema jubilatorio para empleados de viñas, que se jubilarán a los 57 años y por quienes habrá mayores contribuciones patronales.
Apenas trascendió días atrás que el tema previsional estaba entre los involucrados en las negociaciones con el Fondo (cosa que el Gobierno había negado), el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que no se modificaría nada de regímenes como los de docentes, y que el análisis se limitaría a los incluidos en la ley 27.546. Esa mención, que no estaba en los borradores, quedó ahora incluida en el texto del acuerdo que fue enviado al Congreso.
En el sistema general, en tanto, son varios los temas que representan desafíos. Dos tercios de las jubilaciones que hoy están en curso de pago, por ejemplo, fueron obtenidas vía moratorias, porque sus titulares no tenían los 30 años de aportes que requiere el sistema para acceder a la prestación. Eso es reflejo de los graves y extendidos problemas del mercado de trabajo y, a la vez, como el plan de moratorias se instrumentó sin previsión de costos y de fuentes de financiamiento, afecta la sostenibilidad de los pagos a futuro. Otro aspecto no menor es que desde hace más de una década no crece el número de asalariados formales de empresas privadas (el número ronda los 6 millones, según los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino. Sí aumenta, en cambio, el número de monotributistas aportantes a la seguridad social (hoy son alrededor de 1,8 millones), que contribuyen con montos que son considerados bajos en relación tanto con lo que el Estado promete pagarles en el futuro, como con el nivel de aportes que hacen otros trabajadores.
