Un balance de lo que han sido las principales medidas y proyectos de ley impulsados por la cartera en 2022, realizó hoy al medio día la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, acompañada de los subsecretarios del Trabajo, Giorgio Boccardo, y de Previsión Social, Christian Larraín, y los jefes de los servicios dependientes de la cartera.
En la cita, Jara hizo un recuento de los diversos proyectos presentados por el Ejecutivo, entre ellos la reforma previsional, el aumento del salario mínimo, el avance que ha tenido la moción que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, y el reajuste de las y los funcionarios del sector público, entre varios puntos.
Uno de los ítem en los que la secretaria de Estado profundizó fue respecto a la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el ámbito laboral -el cual entrega diversas orientaciones para que los gobiernos aborden este tema en sus legislaciones-, el cual ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra en su segundo trámite constitucional, en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Según explicó Jara, la apuesta es que el tema se cierre en enero y luego de ello el ministerio activará todo un trabajo.
“Lo vamos a implementar a partir de lo que el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, va a llevar adelante desde los primeros días de enero, que es la actualización de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es algo que este ministerio lleva adelante hace varios años ya, y que lo que hace básicamente es establecer tres momentos”, dijo la ministra.
El primer momento, precisó, es determinar “la línea base” que tiene el país en este tema, que dice relación con el cumplimiento normativo en esta área. El segundo momento dice relación con la identificación y levantamiento de prácticas laborales y sistemas de denuncia. Luego, el denominado “tercer momento”, es la meta a la cual quiere llegar el gobierno, y allí se iniciará un programa con adecuaciones que implementará el Ejecutivo para cumplir al 100% con los lineamientos y recomendaciones que entrega el convenio de la OIT.
“Ese programa es el camino de adecuaciones que vamos a tener que cumplir para alcanzar la meta. En esta tarea vamos a estar este 2023”, dijo Jara.
Cifras
En su presentación, Jara hizo un balance de lo que ha sido el impacto de algunas políticas públicas, como el salario mínimo, el cual considera una compensación por el aumento de precios de la canasta básica de alimentos.
Dicho beneficio, dijo Jara -que comenzó a pagarse en mayo de 2022 y se extiende hasta abril de 2023-, ha beneficiado a un promedio de 1.492.386 familias mensuales, correspondientes a 3.131.453 causantes en promedio al mes, con un gasto público de más de $232 mil millones.
Respecto al subsidio para las MiPymes -que busca ayudarlas a hacer frente al alza salarial-, y que también incorporó la ley de salario mínimo, Jara comentó que 131.961 empresas han solicitado el beneficio, por 393.768 trabajadores. Así, el gasto fiscal por este ítem asciende a $73.114 millones.
Por otro lado, la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia Laboral (IFE Laboral) ha beneficiado a 1.419.280 personas (681.242 mujeres y 738.038 hombres), quienes recibieron al menos un pago del IFE Laboral. Esto implicó un desembolso fiscal de más $ 659 mil millones.
El Subsidio Protege, en tanto, entre enero y noviembre ha beneficiado a 160.716 personas, casi en su totalidad mujeres, quienes recibieron al menos un pago del beneficio. Esto implicó, comentó Jara, un desembolso fiscal de más $ 90 mil millones.
