No todo se arregla con dinero, pero unas cuantas cosas sí. Particularmente allá donde más escasea. Y en el proceloso mundo de las finanzas municipales, los ayuntamientos más pobres suelen ser aquellos donde menos gente vive, aquellos con mínima capacidad para recaudar impuestos. Tributos como el de actividades económicas, un mal chiste allá donde no hay servicios y contadas empresas; el de circulación, insignificante en los núcleos que se apagan; o el IBI a la vivienda, atado al valor catastral de la propiedad, también allí donde se ha hundido. De ahí que los municipios despoblados recauden generalmente por IBI la nada, justo lo contrario a lo que ocurre en las ciudades.
Semejantes bolsillos agujereados obligan a los municipios diminutos en población, pero gigantescos en territorio –500 pueblos catalanes de menos de 2.000 habitantes administran más del 60% de la superficie de Catalunya— a depender extraordinariamente de las subvenciones y la inversión pública. Tanto de la Generalitat como del Estado. Especialmente para acometer proyectos que podrían darles una nueva vida en forma de empleo, accesos o conexión al mundo global, el primer paso para romper el círculo vicioso de la despoblación. Y en ese sentido, las quejas recurrentes de los alcaldes y las entidades sociales que se han hartado de ver como su mundo desparece ante la pasividad de las Administraciones parecen justificadas.
Un análisis realizado por EL PERIÓDICO de las inversiones directas de la Generalitat en las comarcas catalanas, reflejadas en sus presupuestos, confirma algunas de las sospechas del mundo rural. Casi la mitad de las comarcas que han perdido población en la última década están infrafinanciadas. O lo que es lo mismo, siete de las 16 comarcas azotadas por el declive demográfico recibieron menos inversión por habitante que la media catalana entre 2011 y 2020. La que peor parada sale es la Conca de Barberà, donde el Govern ha invertido tan solo 64 euros per cápita frente a los 215 euros de media en todo el territorio. Le siguen el Montsià (71 euros), La Segarra (80 euros), Berguedà (111 euros), Priorat (130 euros), Bages (139 euros) y el Baix Ebre (214).
Como periodo de análisis se han escogido los últimos diez ejercicios presupuestarios ya liquidados (2011-2020). Es decir, aquellos que reflejan la inversión real ejecutada sobre el territorio, en lugar de la presupuestada. Se abren con los dos mandatos de Artur Mas y se cierran con las tumultuosas presidencias de Carles Puigdemont y Quim Torra. Un período que ayuda a comprender la respuesta que han dado a la despoblación los gobiernos independentistas, tan proclives a ensalzar en su narrativa a la Catalunya interior, abrumadoramente dominada por los partidos soberanistas.
Falta una estrategia contra la despoblación
“Con eso ya está dicho todo”, asegura Jaume Gilabert en respuesta a las conclusiones de EL PERIÓDICO. Gilabert es el coordinador de Eines de Repoblament Rural, un grupo de presión constituido por más de 500 alcaldes catalanes para luchar contra la despoblación. “El problema es que la variable del despoblamiento apenas se tiene en cuenta y, aunque se está haciendo alguna cosa, es tan insignificante que da para muy poco. No hay una visión estratégica para invertir en estas comarcas”, añade el también alcalde de Montgai y expresidente de la Diputació de Lleida. “Si algo demuestran los presupuestos es que no se está apostando seriamente por el reequilibrio territorial y la equidad de todos los ciudadanos”.
En el período analizado se observa cierto propósito de enmienda. Ocho de las diez comarcas con mayor inversión pierden habitantes, pero esa aparente estrategia para revertir su vaciamiento hace aguas al comprobar como otras siete comarcas despobladas están crónicamente infrafinanciadas, incluidas las dos con menor renta per cápita de Catalunya: el Priorat y el Montsià. “La despoblación se tiene que abordar mediante la colaboración público-privada. Pero está claro que, si la iniciativa privada no da el primer paso, tienen que darlo las Administraciones. Por sí solos los municipios no pueden revertir el curso”, dice Mercé Castillo, profesora de la Universitat de Lleida y experta en finanzas municipales.
El nivel de frustración va por barrios y se ha diluido en los últimos presupuestos, los más elevados de la historia de Catalunya, en gran medida por la inyección de los fondos de recuperación europeos. Contemplan un aumento de la inversión directa respecto a 2020 en 34 de las 42 comarcas. Por habitante gana la Alta Ribagorça, la sexta que más población pierde. “Sin la inversión de la Generalitat tendríamos un agujero importante, pero también es cierto que somos muy poquitos y que este año coinciden un par de inversiones grandes”, dice el alcalde de Pont de Suert, la capital comarcal, Jose Antonio Troguet (JuntsxCat).
El grueso de los 16 millones de euros presupuestados para esta comarca pirenaica se destinarán a construir su archivo comarcal, mantener la estación de esquí de Boi Taüll y levantar una nueva acometida eléctrica para prevenir apagones. Otras viejas ambiciones tendrán que esperar. Desde el potencial para desarrollar el cultivo del manzano, a la explotación lúdica de alguno de sus embalses o la mejora de sus accesos por carretera que, en este caso, debería acometer el Estado a través de Fomento.
Inconsistencia del discurso independentista
Casi en el otro extremo está la Terra Alta, la comarca que más población perdió la pasada década –por encima del 10%– y la que más inversión ha visto evaporarse al comparar su dotación en 2022 con la de 2010, el último ejercicio del tripartito presidido por el socialista Montilla. Ha caído un 97%; un 42% si se compara con 2020. “El discurso independentista incide mucho en apoyar al mundo rural, pero a la hora de plasmarlo, no ponen un duro. Dicen unas cosas y hacen otras, es lo que más duele”, afirma el diputado y alcalde socialista de Batea, Joaquim Paladella. Los menos de dos millones de euros que recibirá su comarca irán en gran medida a mantener las carreteras y construir una residencia de ancianos. Nada hay para el proyecto de regadío que llevan años reclamando.
“En los pueblos les arreglas una carrera y la gente se conforma. Como ya sucedía con Pujol, la Generalitat se gasta lo mínimo posible en infraestructuras y proyectos que puedan crear riqueza. Ese dinero se va a las ciudades y así no se puede frenar la despoblación”, añade Paladella. Su colega de Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, la comarca vaciada que menos inversión ha recibido durante la década analizada, reparte culpas entre las distintas Administraciones. “No solo pasa con la Generalitat, es lo mismo con el Gobierno del Estado. Mire cuánto invierte en la España Vaciada. El maltrato a las zonas despobladas está compartido”, dice Josep Andreu, antiguo militante de Esquerra y ahora de Junts.
A su comarca le ha tocado este año la lotería. No solo ha recibido la mayor inversión del Estado en Catalunya, según el alcalde, sino que la Generalitat financiará parte de un polígono logístico para Bon Preu a través de la empresa pública Cimalsa. “No hay duda que la despoblación está relacionada con la falta de inversión. ¿Por qué no se levantan polígonos similares en todas las zonas despobladas para atraer a la industria?”, pregunta Andreu. “Este es un tema complejo, pero se lo tienen que tomar en serio de una vez porque aquí todo el mundo habla, pero nadie hace nada”.
Nota metodológica
Las cifras utilizadas para analizar las inversiones de la Generalitat en las comarcas catalanas aparecen reflejadas en el Capítulo VI de los presupuestos, donde se detalla la ‘Inversión real’ en el territorio ejecutada por el gobierno catalán. Esa inversión real está dividida en dos tipos: la “inversión comarcalizada”, que desgrana los fondos recibidos por cada comarca, y la “inversión no comarcalizada”, aquella que cruza demarcaciones y no puede ser asignada a una sola comarca. Esta última suele representar entre el 10% y el 20% del total de la “inversión real”, pero al no estar comarcalizada no ha sido utilizada en los cálculos de EL PERIÓDICO.
Cabe reseñar también que la inversión directa en los territorios no es la única partida de que la Generalitat destina al desarrollo de municipios y comarcas. El Capítulo VII de los presupuestos recoge las “transferencias de capital” a diversos entes públicos para que ejecuten proyectos en el territorio. Esa inversión indirecta tampoco está comarcalizada, de modo que no se tomado en cuenta para los cálculos. Por regla general, su cuantía total ronda la mitad de la inversión directa consignada en el Capítulo VI, según fuentes del Departament de Economia. En 2020, por ejemplo, la inversión directa fue de 1.229 millones de euros y la indirecta de 489 millones.
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