Integrantes del Órgano de Revisión en Salud Mental del Poder Judicial participaron en una charla con adolescentes. En diálogo con NORTE revelaron que durante las mayores restricciones por la pandemia Covid 19 y este año se elevaron los intentos de suicidio, los abusos sexuales y las internaciones psiquiátricas.
MUY POSITIVO
La secretaria ejecutiva Claudia Sforza, la trabajadora social Mariana Barlé y la psicóloga Clara Mottet, coordinadora del mismo equipo, participaron de una de las actividades diarias que la Justicia sostiene en la Feria Iberoamericana del Libro en el Domo. Destacaron que el intercambio fue muy positivo: “Participaron, comentaron situaciones y mostraron interés”. Con la charla se buscó dar orientación en función de recursos disponibles en la comunidad.
DURA REALIDAD
‘Durante la pandemia y con posterioridad vimos un incremento de los intentos de suicidio, los abusos sexuales y las internaciones no voluntarias. Tuvimos un aumento importante en las causas que ingresaron‘, explicaron.
Para el Órgano de Revisión las internaciones involuntarias en salud mental son prioridad, entre ellas se destacan las situaciones que involucran a menores de edad. A la par se encuentran los intentos de suicidio, tanto en la población adulta como adolescente.
EL ÁREA
El órgano de revisión es un organismo de protección de derechos humanos que funciona en la órbita del Ministerio Público de la Defensa que pertenece al Poder Judicial del Chaco. Su rol es garantizar el cumplimiento de la ley de salud mental 26.657 y los derechos humanos relacionados con la salud.
‘Intervenimos donde hay una vulneración de derechos en servicios de salud mental, por ejemplo en las prolongaciones de internaciones voluntarias‘, explican.
Se refieren a la instancia en que se supera el momento agudo que dio origen y esa internación se prolonga por motivos que no tienen que ver con el estado de salud de la persona usuaria, ahí se requiere una intervención intersectorial.
Acciones ante una estadística silenciosa y muy preocupante
Al final de una conversación con adolescentes en el predio del Domo, Sforza, Mottet y Barlé contaron a NORTE que planean continuar con más encuentros similares en escuelas. “Para 2023 tenemos un proyecto que forma parte del plan de acción anual; consiste en trabajar en prevención y promoción de salud en establecimientos educativos”, adelantaron.
La inclusión de la estrategia tiene en cuenta que en varios puntos de la provincia creció la estadística de suicidio. “Es un tema que nos preocupa muchísimo a varios sectores y por lo que es importante sensibilizar para detectar necesidades y ver qué les pasa a los adolescentes, cómo se sienten ante situaciones problemáticas familiares y del entorno”.
Durante la charla buena parte de las intervenciones de adolescentes se relacionaron con el bullying.
“Todavía hay que seguir trabajando cuestiones como el respeto, la solidaridad, la cooperación. Son principios a impartir en espacios tan importantes como la escuela”, afirman.
El desafío de generar cambios con un abordaje comunitario
En diálogo con NORTE la secretaria ejecutiva Claudia Sforza indica que para el organismo que integra es un gran desafío no solo cumplir con la función de contralor de derechos.
“El objetivo principal que tenemos es producir transformaciones y trabajar desde un abordaje comunitario”, subrayó.
PARA 2023
En tanto que la psicóloga Clara Mottet describió parte del trabajo habitual que el equipo realiza a lo largo del año.
“Realizamos capacitaciones para sectores que lo solicitan en función de informar sobre derechos de usuarios y usuarias”, indicó.
CON OTROS SECTORES
La trabajadora social Mariana Barlé agrega que cada paso implica trazar acciones intersectoriales. Mottet destaca que en 2021 gracias a la posibilidad de la tecnología fue posible encarar diálogos de manera remota: “Nos permitió llegar a toda la provincia”, celebra.
LO QUE FIJA LA LEY
En la formalidad se señala que la ley nacional de salud mental el organismo de aplicación es el Ministerio de Salud Pública y que la norma también obliga a todos los otros estamentos del Estado. El compromiso central es el de garantizar derechos que mejoren la calidad de vida de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
Un derecho que el Estado debe garantizar
El ámbito de acción del órgano de revisión en salud mental no se circunscribe al control y monitoreo de las internaciones solamente. Sus integrantes explican que también trabaja para generar políticas públicas y que demanda reflexionar sobre algunas circunstancias.
“A partir de un caso puntual en el que intervenimos, puede surgir información que demande hacer ciertas modificaciones”, indican.
Por otra parte señalan que si bien la internación es el último recurso, en la ley también se preserva ese derecho para usuarios y usuarias.
Como hay quienes consideran que en la Argentina la legislación no admite internaciones, también hacen una aclaración. “Eso no es así. La internación es un derecho de las personas que atraviesan alguna problemática de salud mental y el Estado es el garante, tiene el deber de garantizar ese derecho propiciando el acceso a un tratamiento integral”
