Desde 2017, el año en que se promovieron las “Acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos”, por parte del gobierno encabezado por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, las organizaciones que conforman la organización Espacio OSC advirtieron de la falta de una política integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En el informe Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del estado mexicano propusieron, incluso, algunas bases para garantizar un esquema “más completo e integral” para la protección de personas defensoras y periodistas, aquí algunos puntos:
1.- Que la protección responda a las necesidades de seguridad de la diversidad de personas y colectivos a proteger, para ello es necesario integrar una perspectiva de género, enfoque interseccional y de reconocimiento de la diversidad cultural.
2.- Elaborar medidas de protección integral que respondan a las distintas formas de violencia, incluyendo la violencia digital, estigmatización y difamación. En ese sentido se recomienda contención psicoemocional y psicosocial.
3.- Garantizar alternativas reales a la medida de la reubicación temporal, esto debe incluir el acceso a la justicia, así como condiciones adecuadas y dignas para el retorno a las comunidades.
4.- Sustitución de la empresa que implementa las medidas de protección, acompañado de una mayor rendición de cuentas, transparencia y elaboración de informes mensuales sobre el cumplimiento de los acuerdos con el Mecanismo F ederal.
5.- Diseñar mecanismos de cooperación entre federación, estados y municipios, hacer públicos los convenios que existan entre estas autoridades y dar seguimiento a las medidas que implementen los diferentes órdenes de gobierno.
6.- Disponer de personal suficiente y capacitado, al cual además se le brinde atención psicosocial, también garantizar la disponibilidad de recursos.
7.- Asegurar las investigaciones y sanciones efectivas, realizar acciones contra la criminalización, realizar una campaña de reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión.
A su vez, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de 2019, esbozó algunas propuestas específicas para que las entidades federativas también aporten:
- Establecer herramientas de participación y supervisión por la sociedad civil en el diseño de la Unidad Estatal de Protección (UEP), la selección de perfiles adecuados y la definición de líneas estratégicas.
- Contar con las atribuciones, recursos humanos y material adecuado para coordinar la respuesta a emergencias y operar en los cinco rubros de responsabilidad antes señaladas.
- Tener los recursos humanos y materiales adecuados para operar en los cinco rubros de responsabilidad antes señalados.
- Participar en espacios y momentos de capacitación, reflexión y toma de decisión del Mecanismo.
Además plantea que “sería muy oportuno evaluar la posibilidad de crear un cuerpo de seguridad específico, ya sea autónomo o como una especialidad dentro de una corporación policial existente, con entrenamiento especializado y con un proceso de contratación que garantice perfiles adecuados”.
Mínimos para la protección
Para Itzia Miravete, Coordinadora de prevención de Artículo 19, algunos elementos mínimos para que las instancias de protección estatales operen son los siguientes requerimientos: contar con personal suficiente para coordinarse con el Mecanismo de Protección Federal y tener conocimientos en derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, para brindar las medidas de protección y, sobre todo, brindar los servicios victimales.
Aunque desde su punto de vista, sería importante que los mecanismos locales no hagan los análisis de riesgos, sino que sea el federal que los elabore y las entidades implementen, además que los estados posean peso político para inhibir agresiones y cuenten con credibilidad para convocar a mesas de diálogo con periodistas y personas defensoras.
Alberto Xicoténcatl, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Federal, agregó que sería importante que el personal de las instancias conozca de temas de protección, no sólo de seguridad, y que tenga la capacidad técnica para convocar a diferentes dependencias estatales.
“El tema de protección no es solamente ponerle un policía, es cambiar la realidad que permitió que la persona estuviera en riesgo. Eso es un cambio muy profundo, la capacidad técnica de mandar a otras dependencias estatales para que hagan los cambios de estructura que están provocando el riesgo, que hagan medidas preventivas, medidas de protección, de no repetición”, dijo.
Para Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México, lo fundamental es que el Mecanismo de Protección Federal no deje la responsabilidad total en la protección a los gobiernos locales, sobre todo considerando que la mayor parte de las agresiones provienen de las autoridades estatales, municipales y hasta comunitarias. Otra cuestión sería que quienes integren las instancias locales de protección reciban una capacitación constante y se contemplen perfiles que permitan la atención integral, como personal en psicología y trabajo social, ambas áreas con recursos propios.
Estas propuestas y otras más han sido discutidas en los Diálogos para generar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que son promovidos por el Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. Hasta julio de 2022, se han llevado a cabo diálogos en nueve estados: Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Nayarit, Sonora, Baja California, Jalisco, Michoacán y Chihuahua.
“Si logramos conjugar una propuesta que surja de los foros, sometida a la discusión de un parlamento abierto en el Congreso, creo que podemos construir un instrumento (de) legislación con mucha legitimidad”, refirió Encinas durante una entrevista para esta investigación. La propuesta del gobierno federal no es sólo reformar la Ley de protección sino generar un Sistema Nacional de Protección, aunque hasta el momento no hay una iniciativa concluída.
Proponen acciones concretas
En el documento Puntos prioritarios para garantizar el Derecho a Defender los derechos humanos y a la libertad de expresión, también elaborado por Espacio OSC en 2022, colocan como base de la protección integral cinco aspectos: prevención, protección, investigación, reparación y garantías de no repetición. Las acciones concretas que las entidades federativas pueden implementar para la prevención son, entre otras:
- Generar registros actualizados de agresiones y mapas de riesgos desde nivel municipal y estatal.
- Tener planes de contingencia con la participación de instancias de los tres niveles de gobierno.
- Crear campañas de reconocimiento de la labor periodística y de defensa de los derechos humanos.
- Investigar y sancionar por la vía penal, administrativa, civil o política a funcionarias o funcionarios que estigmaticen, agredan o limiten la labor de ambos gremios.
En cuanto a la protección las acciones sugeridas para los estados están enfocadas en:
- Fortalecer la colaboración entre las instancias estatales de protección y el Mecanismo de Protección Federal.
- Asignar a las instancias de protección personal suficiente y capacitado, así como adoptar buenas prácticas para la atención, el análisis de riesgos, implementación y seguimiento de las medidas, todo con participación de la sociedad civil.
- Conformar las instancias locales de protección con personal que tenga responsabilidades directas y capacidad de toma de decisiones.
- Asignar partidas presupuestales suficientes para el otorgamiento y seguimiento de las medidas de protección.
- Garantizar la participación de las personas beneficiarias en la toma de decisiones respecto a los diferentes procesos.
- Adoptar medidas de acceso a la información, de transparencia y de rendición de cuentas de cada una de las actuaciones.
- Modificar el régimen de sanciones penales y administrativas para que se contemple cualquier falta de debida diligencia que pongan en riesgo la vida o integridad de personas defensoras y periodistas.
Algunas de las líneas de acción para investigar los actos de violencia contra periodistas y personas defensoras que pueden adoptar a nivel local son:
- Elaborar e implementar protocolos especializados de investigación para delitos cometidos contra el derecho a defender derechos humanos.
- Capacitar a las fiscalías locales para asegurar la implementación del Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
- Mantener bases de datos actualizadas públicas sobre los delitos, afectaciones y estado de investigaciones.
- Tomar como principal línea de investigación la labor de personas defensoras y periodistas como la causa del delito.
- Establecer mecanismos de coordinación entre fiscalías locales y agentes del ministerio público federal.
- Adoptar mecanismos de monitoreo para fiscales en sus actividades de atención y seguimiento a las carpetas de investigación de delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas.
Para la reparación y garantías de no repetición las propuestas son:
- Establecer mecanismos de coordinación y atención victimal entre las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas.
- Que las Comisiones Estatales cuenten con personal suficiente y capacitado para brindar la atención victimal.
- Garantizar mecanismos coordinados entre instituciones para la adopción de planes de reparación integral, atención victimal y construcción de proyectos de vida.
- Establecer acciones de memoria y reconocimiento a la labor que llevan a cabo personas defensoras y periodistas.
- Promover y adoptar acciones coordinadas para el desmantelamiento de grupos armados y delincuencia organizada que atenten contra personas defensoras y periodistas.
Ideas innovadoras y complementarias
Por su parte Ricardo Balderas, reportero de Poder Latam, quien ha investigado la transparencia del Mecanismo de Protección Federal, sugirió que se implementen los protocolos de actuación homologados, como el que se aprobó en la Conago el 11 de agosto de 2017, a la par que debe generarse una bolsa común de recursos para actuar en casos de emergencia y una respuesta cruzada, donde sean estados diferentes los encargados de brindar las atenciones para evitar que los agresores sean quienes se encarguen de la protección.
También señaló que es urgente generar un mecanismo donde se pueda fiscalizar la actuación de los estados, a la par de que las recomendaciones que surgen del mecanismo federal y estatal sean vinculantes.
Mientras que Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información para la Mujer (Cimac) manifestó que la propuesta de crear las Unidades Estatales de Protección es buena para tomar algunas medidas urgentes, sin embargo, faltaría definir cómo serían las aportaciones de los gobiernos estatales y el gobierno federal, tanto materiales, humanas y de capacitaciones. Incluso, dijo, podría pensarse en un financiamiento bipartito e igualitario o establecer un grupo especial de la policía que fuera capacitada para atender temas de derechos humanos.
Algunas opciones más que podrían contemplarse, detalló Lagunes, son la creación de un registro de agresores, para que al igual que en los casos de violencia política de género, las personas que aparezcan allí no puedan contender a puestos de elección popular.
Pensando en específico en el tema de periodistas, para la directora de Cimac sería fundamental hablar con directivos y empresas para que revisen sus principios éticos, ya que en muchas ocasiones son los propios medios quienes toman acciones que ponen en riesgo a colaboradoras y colaboradores.
“Sí tienen que llamar (desde el mecanismo o las unidades de protección) al jefe de personal […] a los directivos y decirles: ustedes están poniendo en riesgo a los periodistas, es muy grave porque si les pasa algo […] se vuelve verdaderamente una cosa horrorosa porque también lucran con la vida de las y los periodistas, a las que les pagan mal, a los que explotan un montón”, manifestó Lagunes Huerta.
Cualquier medida, cualquier sistema, sería insuficiente sin el reconocimiento de la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sin un compromiso institucional para prevenir y proteger que empiece desde la Presidencia de la República.
Como lo dijo el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado, en el foro Periodismo y Construcción de Paz en México: proteger a periodistas, garantizar la libertad de prensa: “quienes agredan a periodistas o personas defensoras de derechos humanos no necesitan de una nueva ley para saber que no pueden hacerlo, la implementación oportuna de sanciones administrativas o políticas, junto con el respectivo rechazo público de cualquier agresión es fundamental […] las leyes finalmente son herramientas, su poder transformador es cuando se aplican de manera efectiva”.
El Colectivo Desde Provincia está conformado por Mely Arellano, Alfonsina Ávila, Patricia Mayorga, Camelia Muñoz, Samantha Páez, Raúl Fernando Pérez, Elizabeth Rivera, Karen Rojas, Sandra Segura y Bryam Torres.
La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Colectivo Desde Provincia y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
La investigación ha sido publicada originalmente en LADO B: https://www.ladobe.com.mx/comisiones-de-papel/.
