PAE, un valioso programa que requiere ajustes. ¿Los podrá hacer Petro?

En la actualidad, el PAE llega a 43.000 sedes educativas en el país. / PAE

Foto: DIANA SANCHEZ

Hace una semana el presidente Gustavo Petro, desde Leticia, anunció algunos de los cambios que buscará implementar en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y las estrategias que empleará. Entre ellas está “lograr que las asociaciones de padres de familia sean las que tengan la responsabilidad de los dineros, la compra de alimentos y su elaboración”, aseguró el mandatario. (Lea ¿Quién es Mauricio Toro, el nuevo director del Icetex?)

Es nna iniciativa que surge por las diversas noticias en las que se denuncian algunas irregularidades en este proyecto. Ya es casi un lugar común leer titulares que señalan la compra de “pechugas de pollo a $40.000 o tamales a $30.000”. De hecho, un reciente informe elaborado y publicado por la Contraloría reseña que “cerca de 453.481 niños, niñas , jóvenes y adolescentes estudiantes de colegios públicos no están recibiendo el PAE durante el segundo semestre del calendario académico”. (Lea Juan Manuel Santos es nuevo profesor de la Universidad Nacional)

Pero, para comprender si esta propuesta de Petro es viable, es importante entender en qué consiste este programa más allá de los pequeños escándalos que se vuelven virales en redes sociales. El PAE, en pocas palabras, es una estrategia del Gobierno para contribuir en el acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo público, y se basa en la entrega de un complemento alimentario durante la jornada educativa. Se divide en media jornada, que da un aporte nutricional del 20 % de los nutrientes que requiere el estudiante en el día, y la jornada única, que aporta un 30 % de los nutrientes.

La idea es que el PAE llegue a los y las estudiantes con uno de estos dos tipos de raciones. Para lograrlo, cada año el Gobierno, por medio de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, destina recursos y una serie de lineamientos. “De los $2,8 billones que cuesta el programa, la nación cofinancia $1,3 billones”, dice Juan David Pérez, director encargado de Alimentos para Aprender. Además, esta entidad entrega una asistencia técnica a las 96 secretarías de Educación, que son las contratan al operador y les hacen supervisión para que lleguen a las 43.000 sedes beneficiadas.

En cada una de las sedes, los rectores son los encargados de organizar la operación y de pedir los cupos que necesita el colegio y el Comité de Alimentación Escolar, conformado por padres, el personero, docentes o directivos docentes, realiza un control social y determina la calidad de la alimentación que se está prestando. Pérez explica que también hay unos actores adicionales como el Ministerio de Salud, que apoya con la política de salud pública; o el Invima y las secretarias de Salud, que hacen un seguimiento a los alimentos.

Los retos del PAE

Fabio Sánchez, profesor en la Universidad de los Andes, Ph.D. en economía y quien ha estudiado el PAE, explica que parte de las irregularidades que se presentan en el PAE se deben a problemas con la contratación de los operadores, pues el Gobierno y las entidades territoriales se demoraban en definir el monto destinado para cada zona. “Hay secretarías que no dependen de nosotros para esa operación, como Bogotá, que su PAE le cuesta a la ciudad más de $500.000 millones y la nación no pone un peso”, aclara Pérez, pero advierte: “Hay entidades como Guainía, donde el 95 % del recurso lo pone la nación”.

Entonces, por ejemplo, en el caso de Guainía no podrían empezar a planear su operación para el próximo año sin que el Gobierno le señale el monto con el que van a contar. “Esto viene cambiando, a partir de la Ley 2167 del 22 de diciembre de 2021 se estableció que el dinero de la nación y de las entidades no puede disminuir”, apunta Pérez. Es decir, si en 2022 le costó a Guainía $10.000 millones el PAE, ya tiene como base mínima ese monto y puede planear su funcionamiento para 2023.

Otro de los retos del PAE gira en torno a la transparencia, un tema en el que, apunta Pérez, se han dado grandes avances. Con la Ley 2195 del 22 de enero de 2022, “se establece que un contratista que recibe dos o más multas durante una misma vigencia, ya sea en la misma entidad o con otras, en contratos de alimentación escolar queda inhabilitado por 10 años”. Una medida que, detalla Pérez, ayudaría a depurar el programa. Antes de esta ley, para que un operador fuera sancionado, necesitaba cinco multas en su contrato.

Las formas de operar también es otra dificultad del PAE. “Para poder ejecutar el programa en óptimas condiciones se requiere una infraestructura que permita cocinar. Desafortunadamente, de las 43.000 sedes, la mayoría no cuentan con este espacio porque no fueron concebidas como zonas para la alimentación. Ahí empieza un gran reto”, asegura Pérez. Además de no contar con estas locaciones, la falta de acceso a servicios públicos representa un tropiezo para la preparación de los alimentos.

A este panorama se suman las vías de acceso a las diferentes regiones, pues no es lo mismo transportar los alimentos de la plaza de Paloquemao hasta un colegio en el centro de Bogotá, que llevarlos a San Felipe, en Guainía, que implica viajar por río. Si el programa no puede cumplir con estos tres requisitos básicos para preparar la comida en el colegio, es necesario pensar en otra alternativa, que es la comida caliente transportada. “A veces se cocina en un comedor comunitario cerca de las de la vereda y desde ahí se transportan a las sedes educativas”, anota Sánchez.

Por último está la ración industrializada que, por ejemplo, tiene bebidas UHT, que resisten la temperatura ambiente sin dañarse. “No es la ideal, pero debemos encontrar soluciones para llevar el PAE a todo el país. Actualmente su cobertura es del 73 %”, añade Pérez. En esa búsqueda de soluciones surgen denuncias como la que se conoció de los bananos negros de La Guajira. “La fruta se pone negra y se daña por la temperatura de la zona. Toca transportarla en hieleras. El problema es que el frío pone el banano negro, la diferencia es que no se daña”, aclara.

Entonces, ¿integrar o no el PAE a los consejos de padres?

Llevar el PAE hasta la mayoría de colegios es una tarea titánica, advierte Sánchez, entonces, ¿es buena idea integrar a los consejos de padres en la entrega de alimentos? Cristian Murcia, nutricionista, dietista y magíster en seguridad alimentaria y nutricional, cuenta que no es una propuesta nueva, pues en varias regiones ya se ha adelantado esta integración. “Por ejemplo en Amazonas, Putumayo o Norte de Santander muchas escuelas no cuentan con cocina y quien proporciona el alimento es la casa más cercana”, dice.

Murcia, quien también es investigador del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional, cuenta que “estas asociaciones deben tener una personería jurídica para que el Estado les dé la plata para comprar los alimentos. Además, el PAE tiene una complejidad nutricional”. Por eso, afirma, “una buena idea es apoyarnos en los padres cuando las escuelas están muy apartadas, en las que es difícil que llegue el operador, y en los colegios de carácter étnico”.

Un primer paso es establecer las regiones en las que se puede empezar a integrar la comunidad con el PAE, como sucede con el programa indígena. Nidia Menza Guetio, coordinadora del PAE del Resguardo Indígena de Canoas, en Santander de Quilichao, cuenta que a su región solo llegaba un tipo de fruta, la cual ni siquiera era un alimento autóctono ni era parte de las costumbres de las comunidades. Pero con la Resolución 018858 del 11 diciembre de 2018, del Ministerio de Educación, el programa cambió para los territorios indígenas.

La resolución emitió lineamientos técnicos, administrativos, estándares y las condiciones mínimas del PAE para que pudiera ser ejecutado por las comunidades indígenas, quienes se comprometieron a que el contenido nutricional iba a ser el mismo y que contarían con la ayuda de los sabios ancestrales y nutricionistas profesionales para elaborar los menús. En el caso del resguardo de Canoas, los alimentos los compran en las escuelas o en las casas donde hay huertas. Al final de mes, pasan una cuenta de cobro a Nidia.

“Luego, socializamos cada año con los padres cómo funcionaba el PAE, los contratos que firmábamos y los alimentos que íbamos a dar. El objetivo era integrar cada vez más a la comunidad, y que si veían irregularidades las pudieran denunciar”, añade Nidia. Con el aporte de los padres, establecieron ollas comunitarias y pasar de entregar raciones de complementos (refrigerios) a almuerzos. El PAE en este resguardo pasó de beneficiar a 1.400 estudiantes en 2017 a 1.800 en 2022.

El PAE rural es otro buen ejemplo. La Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, junto con el Banco Mundial, ha trabajado en emplear un modelo de alimentación para la ruralidad en el que se fortalezca el tejido comunitario, que se impulsó con la ley 2167. “Se estableció la posibilidad de que los padres puedan contratar con el programa a través de los fondos de servicios educativos. Van a tener la posibilidad de comprar los alimentos en su propia vereda”, cuenta Pérez. La iniciativa tendrá unos pilotos en el segundo semestre de 2022.

Otros casos de éxito del PAE

Este programa es fundamental en América Latina y se ha convertido en una parte principal de la política orientada a niños, niñas y adolescentes. Murcia señala que en la región, Brasil “logró entender a partir de la tríada nutrición, educación y productores locales, hacer del PAE una estructura que permitiera una vigilancia comunitaria con resultados en el estado nutricional, en la permanencia escolar, en el incremento de las compras locales y en la vinculación de padres en su seguimiento y vigilancia”.

En Colombia, en donde el PAE se ha convertido en la única fuente de alimentos en las regiones más pobres del país, Bogotá tiene uno de los programas más exitosos y, quizás, el más grande del país. Carlos Reverón, subsecretario de acceso y permanencia de la secretaria de Educación de Bogotá, cuenta que actualmente “se le garantiza la alimentación escolar al 100 % de las y los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad. Distribuyendo todos los días más de 850 mil raciones entre refrigerios, desayunos y almuerzos”.

Para lograrlo, se realizan dos licitaciones públicas adelantadas por Colombia Compra Eficiente. “Una es para la compra de los alimentos y la otra para contratar a la logística que llevan los refrigerios”, anota Reverón. Por ejemplo, Compensar es el encargado de entregar la comida caliente a los colegios con comedores escolares o lleva los alimentos a las instituciones que tienen la modalidad de almuerzos transportados. Y, en cada una de las sedes educativas, está un funcionario de la secretaria que realiza un acompañamiento en su entrega.

Antioquia, por ejemplo, lleva el PAE a 4.065 sedes educativas (3.697 rurales y 386 urbanas), beneficiando a 293.003 estudiantes. Pedro Hoyos, secretario de Inclusión Social y Familia de Antioquia, asegura que “el departamento traslada a los municipios los recursos destinados por el gobierno y los territoriales. Lo hace a través de convenios interadministrativos, para que de manera coordinada y unificada sean ejecutados en sus territorios”. Luego, esos recursos se incorporan a los presupuestos e inician los procesos de selección de contratista.

Con el acompañamiento de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (MANA), se realiza un proceso de supervisión a los contratos interadministrativos. También apoyan en el diseño de los ciclos de menú, elaborados por profesionales en nutrición y dietética. “Para 2022, en Antioquia se ha invertido en el PAE $63.097.904.916 y se está adelantando la gestión por parte de la Gobernación de para finalizar el año escolar con un aporte aproximado de $13 mil millones”, añade Hoyos.

El PAE y la deserción escolar

En la misma intervención en la que Petro señaló los cambios del PAE, añadió que “cuando uno se pregunta por qué es tan baja la educación en términos de calidad en Colombia hay una primera respuesta: porque muchos niños van a estudiar con hambre y un país así no se puede desarrollar”. Y justamente atendiendo a la situación que viven cientos de niños y niñas en el país, fue que se creó el PAE. Este programa en los últimos años de funcionamiento ha disminuido la tasas de inasistencia, deserción y repetición del año escolar.

Así lo determinó el estudio “El poder de un refrigerio. La alimentación escolar y sus efectos educativos en Colombia”, publicado en junio de 2022 por el Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), de la Universidad de los Andes y del que Fabio Sánchez es coautor. La investigación se basó en información de la base de datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del Ministerio de Educación (MEN), con el censo anual de los asistentes a escuelas públicas y privadas, tomando las cifras de 2012 a 2019.

Encontró que, desde 2012, el programa aumentó en la cobertura, beneficiando en 2019 al 93% de las sedes educativas públicas (42.775 sedes). Además, concluyó que los estudiantes beneficiados tienen menor probabilidad de ausentarse, de desertar y de repetir grado, comparado con sus hermanos o hermanas que no son beneficiarias. “El PAE se percibe como un incentivo para que los estudiantes asistan más a la escuela y facilita el proceso de aprendizaje, lo que se traduce en mejor rendimiento académico”, señala el documento.

Sánchez añade que en la investigación se realizó una evaluación con el Centro Nacional de Consultoría a cerca de 1.000 rectores, padres de familia, estudiantes, operadores y funcionarios públicos para comprender el funcionamiento del PAE y las quejas que tienen del programa. “situaciones como que se llevó comida contaminada, que se roban la plata o que le dan carne de caballo sí existen, pero son casos particulares, no un patrón”, advierte. Por eso no está de acuerdo en hacer cambios al PAE. La solución para él es fortalecer el programa en temas como vigilancia a los operadores o planeación de las entidades territoriales.