La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez adelantó en una entrevista radiofónica que la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante podría seguir vigente en 2023. El 31 de diciembre fue la fecha límite marcada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para esta compensación que pretende aliviar la subida de los costes energéticos. En palabras de la ministra, dicha medida “se podría alargar” y concretó que cuando llegue dicha fecha analizarán cómo esta funcionado y decidirán si prorrogarla o reconvertirla.
En un principio, el descuento sobre el precio de la gasolina acababa el 20 de junio. Desde el 1 de abril, el Gobierno ha variado dicha fecha en un par de ocasiones para intentar hacer frente a la escalada de precios que se estaba produciendo como consecuencia de la guerra en Ucrania. A falta de confirmación oficial por parte del Ejecutivo, fue el propio Pedro Sánchez quien prolongó la bonificación hasta el 31 de diciembre junto a otras medidas como la bajada del IVA de la luz del 21 al 10%. “Nuestro fin es proteger a las familias, empresas e industrias de nuestro país frente al alza de precios”, afirmó el presidente.
“Si el Gobierno se está planteando prorrogar esta medida, es que augura que la guerra en Ucrania va a continuar y los costes energéticos seguirán subiendo; lo que es una mala noticia”, explicó Víctor González, presidente de la Federación Española del Transporte por Carretera (FETRANSA). “Lo único es que no sabemos que sentido tiene hablar de esto a mediados de agosto. Nos parece otra medida cortoplacista, un brindis al sol. No sabemos si esta bonificación solucionará un problema que puede ser más grave de cara al futuro. De hecho no haría falta esta bonificación si las petroleras no incrementaran el precio de manera artificial como creemos que está pasando”, añadió el representante de los transportistas autónomos.
“La bonificación nos está ayudando. Nosotros antes que nada somos ciudadanos. Los autónomos personas físicas no tienen su coche o camión a nombre de una empresa y corren con todos los gastos. Los que son personas jurídicas sí pueden incluirlo en su sociedad. Por ello, es positivo que muchos compañeros puedan seguir disfrutando de esta ayuda el máximo tiempo posible y así limar un coste que se come el 40% de nuestros ingresos”, concretó González.
El transporte ha elevado sus precios para no trabajar a pérdidas, de acuerdo con la nueva Ley
A principios de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley que busca garantizar una rentabilidad mínima de los autónomos del transporte. Esta norma regula la subcontratación y prohíbe trabajar a pérdidas para evitar la competencia desleal. A través de esta medida, explicó el presidente de Fetransa, los autónomos del transporte han podido “defender los costes reales de su servicio e incrementar los portes acordes al aumento del precio del gasóleo profesional”.
“Antes de esta medida, la subida del precio del combustible siempre iba a cargo del precio del transportista. Ahora, con la ley en la mano, los autónomos del sector pueden ajustar su precio a los cargadores. Si el transportista no la aplica, está muerto. No puede no subir el precio de sus servicios tal y cómo está el precio del gasóleo. A pesar de que existen deficiencias en la norma, lo único que hacemos es ajustar los precios para compensar los gastos”, concretó el presidente de Fetransa.
“Aunque la ley no es perfecta, le recomendamos a los autónomos a que se formen, que cumplan la ley, firmen un contrato y que – si pueden contar asesoría jurídica – se escuden en la norma porque para eso está”, añadió.
“A todos esos compañeros que siguen quejándose, les insto a que apliquen la cláusula del gasoil que, junto a la bonificación por 20 céntimos, les permitirá trabajar, de lo contrario sólo les queda dejar la actividad”, concluyó.
Los transportistas consideran que la reciente norma tiene bastantes deficiencias
El Gobierno creo dicha ley para el sector del transporte inspirados de la llamada Ley de la Cadena Alimentaria a las relaciones que existen entre los transportistas y sus clientes, con el objetivo de evitar que los primeros trabajen a pérdidas. “Es un avance muy importante, pero también nos genera serias dudas. La norma en algunos aspectos es insuficiente en especial en el cálculo de costes para evitar trabajar a pérdidas y también en algunos supuestos de carga y descarga”, afirmó Antonio Villaverde, presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA).
“Hemos encontrado severas deficiencias jurídicas y normativas. Por ejemplo, no se sancionará a aquellos transportistas que trabajen por debajo de costes bajo un contrato continuado. Sólo a aquellos que realicen un único porte. Esta era una de nuestras grandes reivindicaciones y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no nos ha escuchado”, advirtió.
“También resulta muy difícil descifrar a qué se refiere la ley con el concepto ‘costes’. Al no tener un precio universal establecido es muy difícil determinar que autónomo trabajara por debajo de sus costes. No es lo mismo un transportista que acaba de comprar un camión y tiene que amortizarlo que uno que lo lleva explotando durante diez años, sus gastos serán totalmente distintos. Al igual que no es lo mismo un societario que un transportista en módulos o estimación objetiva”, añadió Villaverde.
“Se pude interpretar y eso genera inseguridad. Lo mismo ocurre con la carga y descarga. El pagador no va a elaborar el presupuesto de cada transportista. Mientras que no haya una referencia establecida esto resulta muy ambiguo”, señaló el representante de los transportistas.
Aunque en líneas generales los transportistas se han mostrado satisfechos por las ayudas previstas, las dudas sobre su aplicación han derivado en un rechazo de la CNTC. En un comunicado, el Comité ha explicado que el texto no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado, y no actúa sobre un tema relevante en el sector como es la limitación de la subcontratación.
Así es la nueva ley del transporte
A iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ejecutivo ha aprobado un decreto para dar ‘luz verde’ a esta nueva Ley de la Cadena del Transporte, que trata de corregir las imperfecciones del sistema que afectan a la parte con menos capacidad de negociación Esta parte son los transportistas, en su mayoría autónomos, los que se ven obligados a pactar condiciones en desigualdad con sus clientes.
Entre las principales disposiciones se encuentra la obligatoriedad de recoger los contratos por escrito en los que aparezca el precio del servicio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes, en referencia a un sistema de precios que el propio Ministerio ya publica. Para asegurar que esta medida se cumple, se han aprobado nuevas infracciones y sanciones respecto a estas obligaciones y el Gobierno ha adquirido el compromiso de ampliar el código de buenas prácticas del sector sobre las subcontrataciones.
Este último elemento es el que más discrepancias ha tenido en las negociaciones entre el Ministerio y el sector, representado en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Finalmente, el Gobierno ha dado más tiempo y ha prometido analizar en seis meses la efectividad de estas medidas y a presentar un proyecto de ley sobre la subcontratación.
