El día sin IVA es una propuesta del actual gobierno de Iván Duque que se empezó a implementar en pandemia en busca de reactivar la economía tras una profunda crisis por el covid-19.
Las jornadas consisten en dejar exentos ciertos productos del 19 por ciento del impuesto, lo cual ha generado importantes ventas y ganancias para el comercio y un descuento para los clientes. En general, cada fecha ha llegado a ventas que rondan los 10 billones de pesos aproximadamente.
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No obstante, en las últimas semanas el asesor económico de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, dijo que no respaldarían esta medida en el gobierno del líder de izquierda. Lo anterior porque favorece más a las importaciones que a la producción nacional, además del ‘gran’ sacrificio tributario que representa para el país el no cobro del IVA.
En consecuencia, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal dijo que quisiera poder sentarse a discutir este asunto con el gobierno de Petro y manifestarle sus argumentos técnicos y económicos sobre la medida.
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“Esta iniciativa ha beneficiado al comercio, a la industria nacional, al Gobierno y a los colombianos de todos los estratos, que pueden adquirir productos 19 % más económicos”, argumentó Cabal, quien añadió que es prematuro hablar de terminar con esta fecha en el país, cuando se desconoce el detalle de su impacto social y económico.
Asimismo, destacó la importancia para el comercio de estas jornadas en los últimos años: “De acuerdo con los resultados de todas las jornadas, los Días sin IVA han sido importantes para el comercio, como mecanismo de reactivación en sus ventas; para los colombianos porque se apropiaron de este instrumento comprando productos, a los que no tienen fácil acceso, con un 19 por ciento menos en su precio; para una parte de la industria nacional como electrodomésticos; el cluster de la moda, textiles, confecciones, calzado y accesorios; útiles escolares e insumos agrícolas que produce el país”.
Por su parte, Fedesarrollo ha manifestado su oposición a la medida que consideran regresiva pues para la entidad se beneficia más a la clase media y alta, que a la baja. Y, además, castiga al recaudo tributario.
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