Expertos de alto nivel en la relación entre el medio ambiente y el uso de energía alertaron sobre uno de los temas de mayor profundidad de la discusión acerca del sector energético nacional: la iniciativa de reforma eléctrica parece motivada por la necesidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) utilice en su generación el combustóleo de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo cual es nocivo para la salud de la población, para la competitividad del país, para las finanzas nacionales y para el crecimiento de la estatal eléctrica nacional.
En el Foro 18 del Parlamento Abierto de la reforma energética en la Cámara de diputados, este lunes se abordó el tema Medio Ambiente, Agenda 2030 y Cambio Climático, en San Lázaro, donde José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, cuestionó no sólo la iniciativa para modificar la Constitución sino toda la política energética de la presente administración encaminada a incrementar la refinación, cuando hoy en día ya el 31% de lo que aportan las refinerías es combustóleo y el año pasado la elaboración de este combustible se incrementó en 50 por ciento.
El experto recordó que luego de la última restricción al contenido de azufre para navegación hace dos años en aguas internacionales y las cada vez mayores restricciones de empresas por quemar fósiles para sus procesos o en su generación eléctrica, Pemex no encuentra salida a los más de 240,000 barriles por día de combustóleo que produjo por lo menos el año pasado, lo que enciende las alertas luego de que el gobierno pretende incrementar la refinación y llegar a más de 2 millones de barriles diarios en el proceso de crudo al inaugurar la refinería de Dos Bocas, Tabasco.
“En teoría todo el combustóleo va a ser usado para generación de energía eléctrica y con esto la más afectada va a ser la CFE, que en los próximos años estará obligada a la utilización de combustóleo, sin tener oportunidad de crecer su matriz renovable”, aseguró el experto.
Cuestionan responsabilidad social de privados
Sin embargo, Dacsina Peto, subdirectora de Investigación en la Dirección de Inteligencia Energética de CFEnergía, recordó que la CFE genera únicamente el 3% de su energía con combustóleo y más de 50% de su energía proviene de fuentes limpias. En tanto, los privados en el país generan por lo menos 70% de su energía con ciclos combinados a gas, que aunque es el combustible de la transición, es un fósil, por lo que no considera que pugnen por una matriz de energía limpia sino por no dejarle a la CFE liderar la transición energética, puesto que ello les costará el acaparamiento de la generación energética con el que hoy cuentan.
“Las necesidades energéticas del mundo apuntan hacia un uso de energía fósil por lo menos durante los próximos 30 años, con lo que el mundo avanza hacia un mix de energía bajo en carbono, pero las grandes empresas del mundo no lo hacen, pero le exigen a la CFE que lo haga”, dijo, “estas empresas que en el país monopolizan el sector eléctrico, también en el mundo se asientan en los mejores territorios, igual que las empresas petroleras”.
En lo relativo a la responsabilidad social de estas firmas, Dacsina Peto aseguró que de los 24 proyectos eólicos construidos hasta hoy, el 67% son sociedades de autoabasto en el Istmo de Tehuantepec que es uno de los tres lugares más ricos en este recurso en el mundo, con un viento a 10 metros por segundo de velocidad donde estos privados han tomando 25% del espacio disponible en dos décadas. Además, 21 proyectos eoloeléctricos no tuvieron consulta libre e informada, por lo que el argumento de generar bienestar para las comunidades a donde llegan no se ha cumplido en términos de la ley. Asimismo, explicó que uno de los usuarios de esta energía como socio es Grupo México, la minera que más demandas por contaminación al agua ha tenido cuyos daños se calculan en afectaciones al consumo de agua de 20,000 personas en el país.
Por tanto, dijo que CFE tiene capacidad para liderar la transición energética de la mano de privados con los ahorros que han llegado al fideicomiso maestro luego de la renegociación de gasoductos, pero también está en posibilidades de apalancar créditos, como lo hacen las empresas privadas.
Justicia social, indispensable
Pero Ninel Escobar Montecinos, subdirectora e Cambio Climático y Enrgia del World Wildlife Fund (WWF), aplaudió que la transición energética sea ordenada en la Constitución, pero aseguró que la a descarbonización de la economía nacional es imposible sin la descarbonización del sector energético, que aporta 64% de los gases de efecto invernadero en el país y del cual 37.2% corresponde a la generación eléctrica.
Por tanto, alertó que la iniciativa no cuenta con una estimación de las externalidades sociales y ambientales y tiene insuficiente atención hacia las salvaguardas ambientales y sociales ligadas a los proyectos energéticos de todo tipo.
“El criterio de justicia es indispensable para que esta transición sea justa, es importante integrar este concepto de justicia en la concepción de transición energética, reconociendo de manera explícita las inequidades económicas, sociales y ambientales de cada región y las urgencias, como en la región carbonífera de Coahuila, en Petacalco, Guerrero o Tula, Hidalgo, espacios con alta dependencia a la quema de combustibles fósiles, falta de oportunidades y la consecuente contaminación y daños a la salud, sin acceso a cuidados, de la población”, aseguró.
A su vez, José Bernardo Rosas, director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Ciudad de México, explicó que hoy se genera el 30.12% de energía limpia en contraste con el 23.9% del 2018, por lo que se ha avanzado fuertemente en las metas de transición, pero se requiere una hoja de ruta y no será tarea sencilla, tanto si se aprueba o no la reforma a la Constitución.
“La cuestión es quién toma el liderazgo y vigila que se cumpla”, dijo Rosas.
Finalmente, Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que representa a 57 de las grandes empresas energéticas tanto de hidrocarburos como eléctricas y emplean a 8 millones y directivo de Shell México, pidió encontrar los puntos en común entre las necesidades de la industria y del gobierno.
“Va a ser difícil que la CFE alcance sola la meta de generación de energía limpia, las subastas añadieron 2,000 megawatts adicionales cada una y si revisamos los planes del gobierno, el gobierno podrá instalar sólo 1,000 megawatts en este sexenio”, explicó.
