“Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua”. Con esta frase, hoy 18 de enero, recordamos el nacimiento del escritor, antropólogo y etnólogo peruano autor de Los ríos profundos, José María Arguedas.
La pérdida de más sesenta vidas de ciudadanos peruanos, como fruto de la represión del gobierno instaurado mediante un golpe de Estado congresal militar por los perdedores de las elecciones de 2021 no es un acto que se pueda calificar como democrático, más bien representa la instauración de una dictadura sangrienta y represora, un régimen donde los derechos humanos y el Estado de derecho no existen. Las grandes mayorías del Perú Profundo: gentes de los Andes, la costa y la selva que han salido a defender su voto, además de su derecho legítimo de participar en la toma de decisiones en un país profundamente desigual, racista y discriminador de las grandes mayorías urbanas y rurales.
Cuando se mencionó el caso de Brasil, con el asalto a los edificios de los poderes públicos en la capital brasileña y los peligros que estas acciones representan para la democracia en la región latinoamericana, se omitió profundizar en las condiciones mínimas de legitimidad y de respeto al Estado de derecho que se requieren para que la democracia latinoamericana vaya más allá de las mascaradas electorales que se organizan cada cuatro o cinco años en nuestros países.
La ausencia o el irrespeto sistemático al debido proceso, la presunción de inocencia, las garantías de contar con una defensa legal y el habeas corpus conforman una peligrosa corriente que nos deslizan hacia el autoritarismo y el totalitarismo de una derecha agresiva, inculta, mentirosa y enemiga de la libertad de pensamiento: todo ello con el concurso decisivo de los poderosos medios de comunicación corporativos, y de un poder judicial manipulado por los poderes fácticos e imperiales, donde algunos jueces, y fiscales manipulan descaradamente los mecanismos de la “justicia”, tornándola inviable, tanto como la democracia misma en los países de América Latina, al judicializar la política en beneficio de sus intereses acusando falsamente, a través de los mecanismos del lawfare, a aquellos políticos que se quieran salir de la disciplina neoliberal, con sus políticas de saqueo sistemático de nuestros países y de irrespeto a los derechos humanos. En síntesis una institucionalidad presuntamente democrática de espaldas al pueblo, sin su participación más allá del manipulado sufragio.
Además, la intervención descarada de los defensores incondicionales de los intereses de las corporaciones transnacionales europeas y estadounidenses (incluida la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos) acentúan lo que constituye el mecanismo, mediante el que se ha tornado imposible el ejercicio democrático efectivo en la mayoría de los países de nuestra región, por lo que nos encontramos en una profunda crisis de la democracia, sólo equivalente a la que planteó en 1966, el expresidente dominicano Juan Bosch (1909-2001) en su libro Crisis de la democracia de América en la República Dominicana, a raíz de la invasión de la República Dominicana, en abril de 1965, por cuarenta mil marinos estadounidenses, con el propósito de impedir el retorno a la democracia en ese país caribeño, emprendido por los revolucionarios constitucionalistas de aquella generación dominicana. Bosch calificó esa figura dándole el nombre de pentagonismo, ahora estamos ante un ascenso neofascista a escala internacional y regional.
Dado lo anterior, es que surge la obsesión de algunas gentes, por descalificar el recurso de acudir a los planteamientos teóricos de algunos autores y estudiosos de la sociología política, o la sociología del conocimiento (que trata de destrabar –por así decirlo– o explicitar la intrincada y compleja relación entre el conocimiento y la existencia social en sí misma), para intentar explicar o entender los alcances y componentes de la presente crisis peruana y latinoamericana, no importa si los aportes de los años sesenta y setenta del siglo pasado, o los de este cambio de siglo, en cuanto a los alcances de sus elaboraciones teóricas y trabajo de campo sobre estos temas, esa hostilidad latente aunque agresiva es algo que raya en el desvarío, el ridículo y la sinrazón manifiesta por parte de algunas gentes de la derecha totalitaria, que incluso se atreven a opinar sobre temas que no conocen o de los que no han leído ni una página.
Lo cierto es que, tanto la sociología como la antropología y la historia social, como las mismas sociedades latinoamericanas en tanto objeto de estudio, han experimentado grandes cambios en este medio siglo transcurrido, dentro del tiempo de la larga duración histórica: un hecho esencial, en el caso del Perú, es que hasta la década de los sesenta las grandes mayorías campesinas de los Andes Centrales del Perú estaban sometidas a un régimen de servidumbre, discriminación y racismo manifiesto.
Un tema que trataron con una dosis de empatía e identificación con los pueblos originarios, no carentes del rigor analítico y el conocimiento sobre el terreno en el que se ponen de manifiesto esas realidades, autores como el antropólogo, novelista, poeta y traductor quechuahablante José María Arguedas Altamirano (Andahuaylas 1911-Lima 1969) y el periodista, escritor, cronista, poeta y novelista Manuel Scorza ( Lima 1928- Madrid 1983), con su saga de novelas cortas sobre las luchas campesinas en los Andes Centrales en aquellos años, previos a las reformas que introdujo el general Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975, quienes no necesariamente fueron sociólogos o se asumieron como tales, además de Héctor Béjar, el gran maestro de la sociología peruana, dada la inmensa producción bibliográfica producto de varias décadas de investigación y reflexión sistemática.
La verdad es que en un texto como este no pretendo, ni podría jamás agotar todo el complejo problema de la nación peruana, desde sus orígenes en cuanto a Estado-Nación, dos siglos hacia atrás, cuando fue inventada por los criollos herederos de los colonizadores españoles como un país, sin tener en cuenta a los pueblos originarios y poblaciones afrodescendientes.
La sociología, en tanto ciencia social, al igual que historia y la economía política no legitima en sí misma a los gobernantes de una Nación, pero el apoyo del pueblo sí. En el caso peruano, nos encontramos con que Dina Boluarte, la presidenta de facto y sus titiriteros militares y oligarcas fujimoristas son rechazados por casi el noventa por ciento de la población (88 por ciento, según una encuesta de las más recientes).
A propósito de las acusaciones contra el presidente derrocado Pedro Castillo Terrones, formuladas por jueces y una fiscal oficiosa, además de parcializada, alguna gente parece olvidarse del debido proceso. La presunción de inocencia y el habeas corpus pilares del estado de derecho en una sociedad que sea democrática de verdad, tal y como habíamos mencionado al inicio de este texto. Ahora bien, de lo que se acusa a Pedro Castillo es de “acciones ilícitas” por las que no podía ser juzgado siendo presidente, las que, de ser ciertas, resultan ser insignificantes a la par del prontuario de todos los presidentes que lo antecedieron en el cargo a lo largo de los últimos treinta años: unos presos, otros en fuga y uno suicidado (Alan García Pérez).
En el contexto actual, resulta inocultable la necesidad de destacar lo antidemocrática y mala perdedora que es la mayoría de la derecha en esta parte del mundo, no sólo en el Perú, sino también en Bolivia y hasta en Brasil, donde hace unos días trataron de dar un golpe de Estado. Por supuesto que esos son temas que a algunas gentes de la derecha no les interesan, por lo que prefieren obviarlos, al igual que las más de sesenta víctimas mortales ocasionados por la represión ultraderechista. ¿Será que esos peruanos asesinados no son seres humanos? Algo muy similar, a lo que pasó en Bolivia, en noviembre de 2019, con las víctimas de Sakata y Senkaba (alrededor de 40) durante la dictadura de Yanine Áñez, esa que el valiente pueblo boliviano supo revertir.
El presidente legítimo del Perú, el señor Pedro Castillo Terrones continúa secuestrado por gentes que usurparon el mando de la fuerza pública, cuando aún no había sido vacado por el Congreso, ni se había seguido el debido proceso para concretarla. En lo que fue una clara violación del orden constitucional, algo que resulta de suyo evidente.
La lamentable ignorancia y cinismo manifiesto de algunas gentes las alejan cada vez más de la realidad. A fin de cuentas, tal vez no haya ciencia social o ciencias sociales (tal vez la brujería y la nigromancia podrían resultar mejores para algunos) como suelen afirmar sin ningún fundamento, pero lo cierto es que la mentira descarada sobre lo social tampoco nos aproxima al conocimiento de lo que de verdad ocurre: Todos los anteriores presidentes del Perú se agacharon ante la oligarquía y firmaron su hoja de ruta.
A pesar de ello, Alan García Pérez se suicidó cuando iba a ser detenido hace ya tres años (¿se asiló en los infiernos acaso?) al haber graves evidencias en su contra Alejandro Toledo sigue detenido en Estados Unidos esperando ser deportado por defraudaciones multimillonarias, Ollanta Humala sigue procesado y con detención domiciliaria, Alberto Fujimori en la cárcel por crímenes contra la humanidad y así sucesivamente.
Lo extraño es que a Pedro Castillo Terrones, que de socialista o comunista no tiene nada, no se le siguió el debido proceso y continúa secuestrado por el nuevo régimen, ese que ya ha asesinado a más de sesenta peruanos. Dina Boluarte, al igual que Jeanine o Yanine Áñez, la aprendiz de dictadora de Bolivia en 2019-2020, tiene manchadas las manos de sangre, al igual que su premier militar ultraderechista Alberto Otárola, terminará en la cárcel como la boliviana y el ultraderechista Fernando Camacho, otro de los ejecutores del golpe de Estado de 2019 en Bolivia.
