La cronología enredada de la exploración
El informe fue publicado el 13 de diciembre. Dos días después, el ministerio de Minas difundió un comunicado de prensa en el que resaltaba que la conclusión del informe era que el país tendría reservas de gas hasta 2037 con los contratos de exploración y explotación actuales, incluyendo los suspendidos.
Pero ni en el comunicado ni en el informe, el ministerio de Minas y Energía dice explícitamente que la conclusión a la que llegó el informe es que no serán necesarios nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Una semana después de la publicación del informe del Minminas, el ministro de Hacienda. José Antonio Ocampo, dijo durante la presentación del Plan financiero de 2023 que el gobierno no descarta nuevos contratos de exploración petrolera.
Y un mes después, la ministra dijo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que el país ya había tomado la decisión de no dar más contratos. Eso contrasta con lo que la misma Vélez dijo hace dos meses.
Durante la COP de cambio climático en Egipto, en noviembre pasado, la ministra dijo que los detalles de la transición energética, incluyendo si había nuevos contratos de exploración, se sabrían en mayo con un informe que estaban preparando.
La Silla consultó sobre ese informe al ministerio de Minas, y aseguraron que el publicado en diciembre es el mismo con el que definirían el futuro de los nuevos contratos.
Lo que dice el informe
El documento de 32 páginas pasó desapercibido. Petro habría conversado con su bancada y les habría dicho que continuaba el estudio sobre los contratos suspendidos o paralizados, y que hasta no saber esa información no se tomaría una decisión respecto al futuro de los nuevos contratos. Pero justo esa información es la que sale en ese documento.
El informe hace un balance de los contratos de hidrocarburos suscritos entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y los inversionistas del sector, según los que están en etapa de exploración y de explotación.
Dice que con los contratos vigentes se pueden incorporar nuevas reservas, y hace la cuenta de que, con corte a noviembre del 2022, el país tiene 322 contratos suscritos (no incluyen en esa cuenta a los que buscan yacimientos no convencionales).
De esos 322 contratos, 207 tienen áreas en exploración (cuando se hacen los trabajos para establecer la existencia del hidrocarburo) y 115 tienen áreas en etapa de producción (cuando ya es comprobada la existencia de acumulaciones de hidrocarburos y se procede a la extracción del recurso).
El dato clave es que el informe proyecta que si los recursos de todos esos contratos se incorporan, y se mejora el factor de recobro (una técnica para que se pueda exprimir lo más posible de los pozos) estos contratos podrían suplir las necesidades del país en la transición.
El cálculo es que podrían aportar alrededor del 33 por ciento de las reservas probadas de petróleo actuales, que según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) alcanzaría hasta el 2028. Y aumentaría alrededor del 83 por ciento de las reservas probadas de gas, que actualmente alcanzarían sólo hasta el 2024, según la entidad oficial encargada de hacer esos cálculos.
Eso implicaría, según el documento, que estaría garantizado el abastecimiento nacional de gas hasta más allá del año 2037. Una estimación distinta a la de la Asociación Colombiana de Petróleo (el gremio que agrupa empresas petroleras) que dice que si se mantiene el ritmo de exploración actual, en 2026 el país necesitaría importar gas para el consumo interno, y en 2028 petróleo para abastecer las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.
El documento no dice nada sobre una proyección de las posibles reservas de petróleo, el principal producto de exportación y una fuente clave de recursos para el presupuesto del Gobierno y las regiones, vía regalías.
El dato del gas es el dato que usó Petro la semana pasada al referirse a la polémica que desató su ministra de Minas, en Davos, sobre la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración.
Sin apoyarla directamente, Petro dijo que no se trataba de acabar los contractos actuales, pero mencionó que las reservas de gas que hay en el país alcanzan para el consumo interno aproximadamente hasta 2037 o 2042, justo lo que dice el informe. “Tenemos suficiente tiempo de consumo interno para hacer una transición planificada y ordenada”, dijo.
El informe, más enfocado en mostrar el número de contratos actuales y en hacer unas estimaciones de posibles reservas para el consumo interno, sólo hacia el final menciona algunos datos económicos y proyecta que las incorporaciones de estos recursos equivaldría al 0,8% del PIB en el año de mayor impacto, y tendría un efecto positivo en la cuenta corriente.
Aunque pasó desapercibido inicialmente, hoy el documento refuerza a la administración de Petro en no adelantar una nueva exploración de hidrocarburos, porque precisamente se ancla en la idea de que hay reservas probadas de gas que podrían alcanzar para el abastecimiento nacional por otros 14 años.
La Silla consultó a distintos expertos acerca de sus impresiones del informe, y coinciden en que este no es suficiente para tomar una decisión definitiva sobre la exploración de hidrocarburos.
Las cuentas alegres de Vélez
Para Tomás González, exministro de minas y experto en el tema, para hacer un análisis serio sobre esta decisión de cerrar la puerta de hidrocarburos se necesitaría una proyección de demanda interna y externa, y un análisis fiscal que plantee alternativas para esas fuentes de recursos que permita saber cómo triplicar el turismo o la industria de manufactura, y de acuerdo a eso armar unos posibles escenarios.
“Lo que hay en el informe es una enumeración de contratos y del estado en el que se encuentran, pero no es información suficiente”, dice.
Sobre el documento, dice que el informe “calcula que habrá autosuficiencia de gas hasta 2037 basado en unos supuestos muy optimistas de que se podrán incluir reservas no sólo probadas (cuya probabilidad de éxito es del 90%) sino también reservas probables y posibles, que respectivamente reducen su probabilidad de ser explotadas al 50 y al 10 por ciento”.
Para Juan Pablo Ruiz, un ambientalista que participó en la comisión de expertos sobre el fracking que creó el anterior gobierno, un estudio más completo debería contemplar el hecho de que la demanda nacional de gas y petróleo va a subir, como explicó en una columna.
Para él, esto se puede ver en cómo cambiará el parque automotor: en el primer semestre del 2022 se vendieron cerca de 123.000 vehículos nuevos, de los cuales apenas 1,5 por ciento fueron eléctricos. Con los híbridos incluídos suman el 11 por ciento, pero aún si la venta de esos carros se duplicará, al final del gobierno Petro seguiría creciendo el parque automotor movido por hidrocarburos.
La Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) dijo en un comunicado que el ministerio de Minas ha hecho análisis “someros que no incluyen el componente macroeconómico y fiscal, el de financiación de las regiones y transformación productiva, en especial, en las zonas petroleras”.
Incluso, dicen que “no existe” el informe que el gobierno había anunciado hace unos meses para definir el futuro de los contratos de exploración petrolera.
Y en cuanto al informe del 13 de diciembre, la ACP señala que sí lo conoce y que le hizo llegar unos comentarios al ministerio de Minas con sus impresiones.
Una impresión parecida tiene una persona que conoce muy bien el sector, pero que pidió reserva porque trabaja con el ministerio. Dice que el informe es insuficiente para tomar una decisión tan importante como cerrarle o abrirle la puerta a nuevas exploraciones:
“No tiene un componente económico que permita medir el impacto de esta decisión sobre las finanzas públicas, que sería el insumo que uno consideraría clave antes de tomar una decisión”, dice.
En su visión, la decisión de cerrarle la puerta a nuevos contratos ya fue tomada: “ya esa decisión se tomó, y la ministra lo hizo sin que le pasaran ninguna clase del documento concluyente. El punto ahora es cómo lo van a justificar”, dijo.
El informe con el que pretende hacerlo será insuficiente.
