Con no más de cinco preguntas para cada funcionario, la Procuraduría General de la Nación ayer recopiló, uno por uno, los comentarios de autoridades regionales respecto a las denuncias por presunto abuso y explotación sexual de menores indígenas en San José del Guaviare.
Los principales citados fueron Heydeer Palacio, gobernador del Guaviare; Ramón Guevara, alcalde de San José del Guaviare; Arnaldo Celedón, alcalde de Puerto Concordia; y Joaquín Mendieta, director regional de Bienestar Familiar, quienes hicieron un corte de cuentas de la gestión hecha el año pasado para proteger los derechos de la población nukak y jiw.
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Un día antes del evento, varios funcionarios del Ministerio Público habían llevado a cabo una comisión especial de verificación en el asentamiento Agua Bonita, a las afueras del municipio, y a una comunidad jiw desplazada en Puerto Concordia, Meta.
En esa visita del martes se reflejaron sinsabores expresados por parte de líderes indígenas como Joaquín Nijbe. En representación del asentamiento, él subrayó que la problemática de explotación sexual es apenas uno de los tantos flagelos que viven, pues la falta de alimentos, educación, ofertas laborales y vivienda digna están llevando al abismo a los nukak, pueblo nómada que desde hace años salió desde su territorio por cuenta de amenazas como la presencia de grupos armados.
El miércoles, en total fueron cuatro horas de intervenciones que dejaron como conclusión, según Javier Sarmiento, procurador delegado para la defensa de derechos humanos, hay una profunda preocupación.
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Procurador delegado para los Derechos Humanos.
“Después de las visitas hallamos que no hay soluciones de fondo, hay paleativas. Esto no es nada nuevo, pero requiere mayor compromiso, esto lo ha advertido la Defensoría del Pueblo con su informe”, relató Sarmiento, haciendo énfasis a la entrega que el lunes hizo el defensor Carlos Camargo, en el cual reportaron que la difícil situación por la que pasan los jiw y nukak podría llevar a las etnias al exterminio.
Por su parte, Jefferson Mena, asesor del Ministerio Público en asuntos étnicos, advirtió que el diagnóstico permitió establecer que si por la niñez indefensa en el Guaviare se ha hecho algo, “ha fracasado cualquier tipo de estrategia. Después de tres años de gobierno, presentar resultados tan escasos lleva a una reflexión de lo que se tiene que hacer de ahora en adelante”.
Ha fracasado cualquier tipo de estrategia. Después de tres años de gobierno, presentar resultados tan escasos lleva a una reflexión.
Su comentario hizo referencia a la intervención del alcalde de San José del Guaviare, quien tomó el micrófono de primero para decir que este problema que puso en el radar nacional al Guaviare no es nuevo, y que en 2020 existía un hogar de paso para indígenas en el que hubo denuncias de abuso sexual. Según Guevara, como mandatario de la capital del departamento, esa vez generó una gestión a través de Fondopaz para tratar el tema, y solicitó la ayuda del viceministro del Interior.
“En San José del Guaviare hay 54.600 habitantes, de los cuales cerca de 3.000 son indígenas. No hemos encontrado respuesta, y lo digo por el gobierno anterior, el actual quedó en visitarnos”. Ante la expectativa de lo que haga el Ejecutivo, la Procuraduría aprovechó para anunciar que se exhortará a ministerios y al Bienestar Familiar a que adelanten una atención integral a menores de edad , especialmente jiw y nukak.
En diálogo con EL TIEMPO, el gobernador del Guaviare reconoció que en la región se afronta una difícil situación a nivel en materia de explotación sexual de niños y niñas, agradeció la visita del Ministerio Público y anunció que están trabajando en conjunto con otras autoridades para poner un freno definitivo.
Por su parte, el director regional de Bienestar Familiar presentó un corto balance de su gestión a la hora de proteger a niños y niñas, aunque anotó que el informe completo y desglosado se lo pasó a Sarmiento, Mena y Viviana Mora, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, quien también viajó al lugar.
Realidad de las etnias
A 20 minutos de San José del Guaviare está ubicado el asentamiento Agua Bonita, de los nukak. Para llegar hay que cruzar por una carretera pavimentada hasta cierto punto, en la que viven varias familias que no cuentan con los servicios básicos para vivir, pues sus hamacas las cubren plásticos negros con pedazos rotos.
El martes en la mañana, tras recibir en el lugar a los funcionarios enviados por la procuradora general, Margarita Cabello, en lengua nativa, Joaquín Nijbe explicó a sus compañeros que la intención era contar las necesidades que como pueblo tienen. Entre ellas prima una atención integral en salud, pues en la visita apareció una niña con un brote en su brazo que no ha sido atendido.
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Comunidad Nukak Makú en diálogos con la Unidad de Restitución de Tierras.
Otro fue el factor de la nutrición, la cual al parecer no les está llegando de forma completa e idónea. Ese reclamo fue eje central del encuentro del miércoles, adelantado en la sede de la Contraloría. Fue ahí cuando el alcalde aprovechó para decir que no solo los nukak padecen la desnutrición, pues “1.250 niños de la comunidad jiw en Barrancos aguantan hambre. Los mayores se gastan la plata”.
En ese sentido convocó a todas las partes a buscar soluciones, pues más que juzgar, pidió que se concerten soluciones con el gobierno central y con las mismas comunidades indígenas.
Otros problemas
En la reunión, el alcalde de Puerto Concordia dijo que su municipio vive una difícil situación porque desde Mapiripán, Meta, llegan indígenas desplazados, pero los recursos se quedan en el otro pueblo.
Esa situación se vio evidenciada en la visita de la Procuraduría a una comunidad que aunque tiene asignadas unas casas, aún padece por la falta de oportunidades. De hecho, una familia de 10 personas vive en una cama a la intemperie, sin paredes ni plásticos que los recubran.
Ante las intervenciones, en las cuales también se rescataron las de veedores y comerciantes que se quejaron por el maltrato que sufren niños y niñas que a veces son usados por mayores para robar en tiendas, Sandra Alfonso, lideresa social, subrayó que hizo falta la invitación a voceros indígenas, quienes también debieron ser escuchados en esa mesa conjunta.
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Al final del encuentro -pasado por fuertes diferencias entre el alcalde y los agentes delegados-, la Procuraduría se llevó toda la documentación para cotejar los informes y cifras entregadas por lado y lado, las cuales podrían derivar en actuaciones disciplinarias por omisión tras las investigaciones que se abrieron.
Carlos López
Enviado especial al Guaviare
En Twitter: @CarlosL49
justicia@eltiempo.com
