La Cámara de Diputados retomará el lunes 23 su actividad parlamentaria con el tratamiento de la veintena de temas incluidos por el Poder Ejecutivo en la agenda de sesiones extraordinarias, mientras referentes del oficialismo y de Juntos por el Cambio (JxC) intentan retomar el diálogo tras las fallidas convocatorias de diciembre pasado y en el marco del cuestionamiento opositor al proyecto de juicio político a la Corte Suprema.
La inclusión en el temario de sesiones extraordinarias -convocadas para realizarse entre el próximo lunes 23 y el 28 de febrero- del pedido de Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema, del proyecto sobre la composición del Consejo de la Magistratura y del que establece la ampliación numérica del máximo tribunal judicial pusieron en alerta a JxC.
La principal bancada opositora se niega a tratar el resto de los temas debido a lo que consideran “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con la Justicia.
Desde el sector parlamentario del Frente de Todos (FdT) sostienen, en cambio, que “la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento”, y recuerdan que “en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional”.
Durante las últimas semanas -previo a la presentación del pedido de juicio a los ministros de la Corte- se habían comenzado a producir algunos diálogos informales entre referentes del oficialismo y JxC, aunque sin acuerdos a la vista.
Según fuentes parlamentarias se había avanzado en algunos pedidos de disculpas recíprocos en relación a lo sucedido en la bochornosa sesión del 1 de diciembre que terminó entre gritos, insultos y hasta algún gesto obsceno entre los propios diputados.
De esa sesión surgieron pedidos de expulsiones cruzados que involucraron a media docena de diputados de ambos sectores, y que días después sumaron una presentación similar realizada por el FdT sobre Gerardo Milman (PRO) por sus supuestos vínculos con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández y por las contrataciones irregulares de numerosas asesoras en el Ministerio de Seguridad cuando se desempeñaba en esa estructura.
A la negativa de JxC a participar del resto de la agenda por estar en contra de la inclusión de los temas relacionados con la Justicia respondió el oficialista Eduardo Valdés: “Dicen que se van a sentar en la Comisión de Juicio Político, pero porque nosotros hacemos el juicio político no se van a sentar para el resto de los temas. Hay una incongruencia. Parece que necesitan ser los abogados de los jueces de la Corte”.
“Dicen que se van a sentar en la Comisión de Juicio Político, pero porque nosotros hacemos el juicio político no se van a sentar para el resto de los temas. Hay una incongruencia. Parece que necesitan ser los abogados de los jueces de la Corte”Eduardo Valdés
Por el andarivel del medio, el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, resumió: “Aparentemente se estaría imponiendo una lógica dura en temas institucionales y eso impedirá que se logren consensos en algunos temas que impulsa el Ministerio de Economía. No es un problema de la oposición; debe resolverlo el Gobierno”.
Ese conglomerado de ocho diputados es nada menos que la tercera fuerza de la Cámara, y es clave para destrabar cualquier iniciativa resistida por algunos de los dos bloques-interbloques mayoritarios.
“Aparentemente se estaría imponiendo una lógica dura en temas institucionales y eso impedirá que se logren consensos en algunos temas que impulsa el Ministerio de Economía. No es un problema de la oposición; debe resolverlo el Gobierno”Alejandro Rodríguez
En este escenario todo parece indicar que la actividad parlamentaria se retomará el miércoles 25 o el jueves 26 con la puesta en marcha de la comisión de Juicio Político, uno o dos días después de la Cumbre de la CELAC que convocará en Buenos Aires a otros presidentes de la región.
La idea es comenzar uno de esos dos días y realizar, al menos, dos reuniones por semana entre lo que resta de enero y fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.
Al menos hasta el 1 de marzo, que se inicia el período de sesiones ordinarias, el oficialismo debe buscar consensos para tratar el temario de extraordinarias, en el que, más allá de los temas referidos a la Justicia, prevalece la agenda económica impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa.
Ese temario incluye proyectos sobre blanqueo de capitales, la promoción de nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector energético y el llamado ‘Monotributo Tech’, iniciativas de inminente presentación parlamentaria.
También desde el Ministerio de Economía esperan el proyecto referido a la ley agroindustrial; el que actualiza legislación contra el lavado de activos; el que establece la modificación del Indec y el que prevé algunas reasignaciones en el Presupuesto 2023, cuestión relacionada con el fallo de la Corte referido a la coparticipación.
En caso de sumar consensos, los diputados oficialistas volverán a insistir con los proyectos de moratoria previsional y de creación de universidades, que estaban en el temario de la fallida sesión del 21 de diciembre, última jornada en que los legisladores se vieron las caras en el recinto.
Otros proyectos que integran el paquete que deberá abordar la Cámara baja -unos ocho corresponden al Senado- son el que establece la creación del Parque Nacional El Palmar; el que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; el que pone en marcha el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas y el que prevé un régimen previsional especial para brigadistas.
