La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se declara feliz en la semana en la que, 12 años después de haber ingresado al Congreso, este martes 10, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para pasar a la discusión en la sala, en su segundo trámite legislativo.
Dicha iniciativa, que busca la creación de un organismo único para el cuidado de los sectores protegidos del país y su diversidad biológica, es parte de uno de los cuatro pilares que falta dentro de la nueva institucionalidad ambiental que comenzó con la creación de este ministerio el 2010, y siguió con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente. “Fue un gran paso dentro de la maratón. Además, estoy contenta porque los temas que ve la Comisión de Hacienda, que es la parte que involucra los gastos del proyecto, fueron aprobados prácticamente por unanimidad”, dice Rojas.
De hecho, esta cartera presentó un nuevo informe financiero, que era una de las críticas importantes que aún tenía el proyecto, y compromete casi el 58% de aumento en lo que Chile gasta en la institucionalidad medioambiental. Este martes 17 de enero, el proyecto de ley y sus 167 artículos se votarán en general en la Cámara Baja. La ministra opina que “hoy en día, aún nuestra institucionalidad mediaombiental está coja. Es una deuda que tenemos hace mucho tiempo, en una década en que tenemos mucha más claridad en que la crisis de pérdida de biodiversidad es grave. Sin esto, es imposible que podamos hacer el frente a esta crisis que es sistémica”.
-¿Se refiere a la crisis del cambio climático?
No es correcto comparar cambio climático con biodiversidad, porque cuando hablamos de pérdida de especies nos referimos a su extinción para siempre. Es algo irreversible. Irrecuperable. El cambio climático, a escala geológica, puede ser reversible. Por eso tenemos que tomarle el peso a esta crisis y de verdad sentir que el SBAP es una condición habilitante para hacer frente al problema.
-¿Por qué cree que se ha demorado tanto?
Son varias las razones, pero ha habido mucha resistencia, porque, en el fondo, será un servicio público para hacerse cargo de la diversidad biológica y de las áreas protegidas. Hoy hay una dispersión institucional muy importante al respecto, con seis instituciones y seis servicios que se hacen cargo de distintos tipos de áreas protegidas, donde la más importante está en la Conaf, por lo que se ha generado mucha resistencia, ya que es una entidad querida y reconocida. También ha habido resistencia en el marco de que este es un servicio que también actúa fuera de las áreas protegidas, lo que choca con otros intereses que están en los territorios. Y a esto se le agrega el tema del financiamiento. Esos son los tres grandes escollos que aún tienen que resolverse.
-¿Cuál será el rol del sector privado dentro del accionar del SBAP?
Hay tres cosas que estamos haciendo en esa área. Primero, que el SBAP pone cierto incentivo o extensiones tributarias para los parques privados, reconociendo que los privados también pueden proteger los parques.
El efecto Douglas Tompkins…
Exactamente. Entonces, eso queda regulado en el servicio. Por otro lado, el año pasado hubo una reforma a la Ley de Donaciones, que ahora incluye temas de conservación y, en tercer lugar, en abril de este año, nosotros lanzamos el Fondo Naturaleza Chile, que es una entidad privada que permite recibir donaciones nacionales se internacionales de privados, pero también de entidades públicas para ayudar en la conservación en el país. Además, podemos agregar que Chile creó el Comité de Capital Natural, cuyo lanzamiento será el próximo martes en el contexto del Congreso del Futuro. Es un comité en el que participa el Ministerio de Economía, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Hacienda y cuya secretaría técnica está en manos del Banco Central.
-¿Cuál es el objetivo de ese comité?
Poder darle un valor económico a nuestra biodiversidad. Tenemos que entender que hay una relación indisoluble entre el ser humano y la naturaleza, pero cuando también tengo un tipo de desarrollo a costa de nuestra naturaleza afecta los temas económicos.
-¿Por ejemplo?
El ejemplo clásico es el valor que tiene los principales polinizadores: las abejas. Nos proveen un servicio ecosistémico gigantesco que permite que exista toda la fruta del mundo. Se extinguen las abejas (y están bien amenazadas) no tenemos fruta. Y gran parte de las exportaciones de Chile son en esa área.
-Pasando al tema de las llamadas “zonas de sacrificio”, ¿cómo han avanzado con esa recomposición, principalmente en la zona de Puchincaví-Quinteros?
La manera en que desde el ministerio decidimos trabajar en estos territorios es a través de pensarlos como zonas de transición socio-ecológica y que debe ser justa. Sé que son conceptos difíciles, pero están muy bien relacionados con las tres grandes crisis que vive Chile y el mundo, las que hay que enfrentar con transformaciones muy profundas en la manera que comemos, que nos transportamos, que generamos energía y consumimos. Eso es una transición. Decidimos enfocarnos en cinco territorios donde hoy hay centrales termoeléctricas a carbón que tienen que cerrar producto de nuestra transición energética por la Ley Marco del Cambio Climático: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví-Quinteros y Coronel. En algunos, el ministerio ya contaba con una política pública anterior, que son los programas de recuperación social y ambiental. Nos estamos basando en algo que ya existe, para no empezar de cero. La idea es que este año desarrollemos una estrategia de transición socio-ecológica y justa para darle un marco de largo plazo.
-¿Qué otras entidades están trabajando en este proceso?
Hemos incorporado 10 ministerios en un comité. Estamos justamente ahora pensando en que vamos a tener que pedir un presupuesto para que estas medidas se puedan implementar.
La inversión y el caso Fundamenta
Dentro de esta reconfiguración de la institucionalidad ambiental ha habido críticas hacia este gobierno por poner más complicaciones a la aprobación de los proyectos de inversión, donde el caso del grupo de WhatsApp de los secretarios ministeriales que terminó derribando al proyecto inmobiliario de Fundamenta, en Ñuñoa, fue el broche de oro. ¿Cómo responde el Ministerio a esas críticas?
Esto no es nuevo, pero sí está en el plan de gobierno: una reforma al Servicio de Evaluación Ambiental. Tanto los gobiernos de Bachelet como el de Piñera intentaron hacerlo, así que ojalá que la tercera sea la vencida. La actual institucionalidad ambiental tiene unos 10 años, por lo que es tiempo de mirar cómo ha funcionado y qué reformas requiere. En marzo ingresaremos una reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la que se dedica más a las sanciones y cumplimiento, luego de un documento que realizó durante un año y medio un grupo de expertos con 100 medidas de cambio para dicha entidad.
-¿Y con respecto al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)?
Lo que estamos haciendo es hacer algo más amplio, que es una reforma a la ley base del medioambiente (N° 19.300), recogiendo los informes y reformas de gobiernos anteriores que no prosperaron. Hemos tenido conversaciones bien transversales desde ONG hasta el sector privado para tener un diagnóstico común y ver cuáles son los temas que aparecen como prioritarios. Por ahora estamos en este barrido que es bien amplio y a fines de enero esperamos terminar con esto y empezar a afinar qué es más factible políticamente. Hacer una gran reforma. O dos. O tres. Eso aún está abierto. Pero, obviamente, una reforma al SEA es algo que aparece muy fuertemente.
Otra cosa que ha salido también en todas las conversaciones es el tema del Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (Coeva). Así que muy probablemente ambos aspectos estarán incluidos en una reforma que presentaremos a mediados de año.
-¿Pero esas reformas podrían hacer que para el sector privado fuera más difícil desarrollar proyectos de inversión, al haber más exigencias?
Todas las conversaciones también las hemos tenido con el sector privado. No creo que ellos nos estén pidiendo cómo complicar más las cosas. Pero…a ver, el rol del Ministerio del Medio Ambiente es cuidar el medioambiente y estamos en una situación crítica. Tanto así que estamos hablando de un millón de especies en vías de extinción en el planeta. Así que los estándares y la regulación medioambiental en el país y en el mundo han aumentado en los últimos años. No creo que eso signifique que tendremos menos inversión ¡Para nada! Todo lo contrario. La transición energética requiere de mucha inversión. Hacernos cargo de la crisis de contaminación significa pasar de una economía lineal a una economía circular. Algo que requiere mucha innovación, inversión y actividad del mundo privado. Tenemos que sacarnos de la cabeza que el cuidado del medioambiente y desarrollo económico son incompatibles. No son una barrera, sino una condición del desarrollo.
-Pero ¿lo que sucedió con el caso del grupo de WhatsApp con Fundamenta influirá en la forma en que se tomen de ahora en adelante este tipo de decisiones medioambientales? ¿Cómo golpearon en la manera en que estaban haciendo las cosas, especialmente en los Coeva?
Lo que pasa es que la institucionalidad ambiental que tenemos fue diseñada de una manera que tiene un ente técnico, que es el SEA, pero tiene también una parte política que es el Comité de Ministros y las Coeva. Yo creo que la parte política no le da valor a la protección medioambiental. Y lo que ha salido de forma bastante transversal en las conversaciones entre los diversos sectores es la eliminación del Comité de Ministros y de los Coeva. Queremos que estos entes sean técnicos y que las decisiones políticas se tomen en otras instancias. Incluso, probablemente antes.
-¿Por ejemplo?
Por ejemplo, a través de los gobernadores, con los planes de desarrollo estratégico en las regiones; en los planes de acción de cambio climático, en los planes de ordenamiento territorial. Todas esas decisiones deberían estar antes y que ese sea el rayado de cancha. Y no tratar de juntar lo político con la evaluación técnica que debería estar preocupada de la evaluación ambiental.
-En la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), en septiembre de 2023 empieza la categoría Envases y Embalajes, que la que más mueve la aguja, pero en los próximos días está programada que comience la parte de Neumáticos. Sin embargo, parte de esta industria ha pedido más plazo. ¿Se llegará a la fecha del 20 de enero?
Es que la ley se publicó el 2016…
-Sí, pero de todas formas ese sector dice que no llegan a la fecha.
El decreto que definió el sector de neumáticos se publicó el 21 de enero de 2021. O sea, ha habido harto tiempo para prepararse. Pero, de todas formas, las metas son a un año, así creo que llegaremos.
-De los seis productos prioritarios, solo hay definidos dos (Neumáticos y Envases y Embalajes). Aún falta Aceites Lubricantes, Pilas, Artículos Electrónicos y Baterías. ¿Cómo se puede acelerar el proceso de esas categorías?
Todos se están trabajando. Empieza con un proceso de escucha, luego hay un estudio, para pasar a un anteproyecto. Hay una consulta. Tiene varias etapas, como todo reglamento o normativa que se envía del Ministerio del Medioambiente. Pero sí, esperamos que podamos ponerle un poco el acelerador.
-¿Estarán listos los reglamentos y decretos de todos los productos antes de que termine este gobierno?
Sí. Por supuesto. Y espero que incluso agreguemos otro producto: el textil.
