El sector bancario está sometido a una regulación cada vez más fuerte. Desde la crisis financiera que arrancó en 2007 con la caída de Lehman Brothers los supervisores estrechan cada vez más el cerco para evitar un colapso económico y cada año las entidades se enfrentan a nueva normativa que condiciona su actividad. Santiago Fernández de Lis, el responsable de regulación de BBVA, analiza el impacto de las nuevas reglas de capital Basilea III, la próxima regulación de los criptoactivos, el intento por regular a las grandes tecnológicas que han entrado en el sector financiero y el nuevo impuesto temporal a la banca diseñado por el Gobierno en España
Desde el punto de vista de la regulación, ¿cómo afronta la banca el año 2023? ¿Qué novedades se esperan?
Lo que más nos impacta es la finalización de Basilea III. Quedaba pendiente una parte de la reforma que tiene que ver con armonizar el uso de los modelos internos de los bancos. Para calcular los requisitos de capital, algunos bancos usan modelos internos donde estiman los riesgos de distintas posiciones del activo y dan lugar a cálculos muy discrepantes. Por eso, el Comité de Basilea identificó que había un problema, que algunos bancos que son muy agresivos en el uso de los modelos internos (agresivos en el sentido de que supone un ahorro de capital) y quiere establecer unos mínimos, una cierta armonización para pasar a un modelo estándar y limitar el impacto de estos modelos. Aunque por lo que yo sé, el límite no impacta a los bancos españoles. Otros países como Francia y Alemania hacen un mayor uso de los modelos internos.
En cuanto a la digitalización, está pendiente la normativa MiCa para la regulación de criptoactivos. ¿Podrá evitar estafas que se están produciendo relacionadas con este tipo de activos?
Valoramos MiCa muy positivamente. Estamos convencidos de que en el mundo cripto hay avances innovadores muy interesantes. En este momento quizá se está separando el trigo de la paja y es importante que la regulación nos ayude en este proceso y permita que los intermediarios financieros, los bancos, podamos tener un papel que nos permita ofrecer garantías a los clientes. En ese sentido, MiCa es una buena noticia. Hay un texto que está en proceso de cierre y algunas partes se empezarán a aplicar en 2024. Es el primer paso para dar certidumbre regulatoria en los servicios relacionados con cripto y nos tiene que hacer pensar que escándalos como FTX posiblemente no habrían ocurrido con MiCa porque esta normativa establece requisitos de gobernanza que hubieran impedido algunas deficiencias de esta institución.
El BCE también está trabajando para lanzar el euro digital. ¿Qué papel jugarán los bancos?
Estamos en diálogo fluido con las autoridades, con el BCE, el Banco de España y participando en algunos de los grupos de asesores. Es un proyecto muy interesante en el que el BCE quiere prepararse para un mundo en el que el efectivo tiende a desaparecer como medio de pago. El euro digital puede ser un elemento que contribuya a hacernos la vida más fácil en cuanto a los pagos entre particulares, en comercios o en el comercio electrónico. La cuestión es cómo hacerlo de forma que no se generen incertidumbres, distorsiones y no desplacemos modelos de negocio que funcionan bien y son legítimos. Los intermediarios va a tener un papel fundamental. El BCE va a ser el emisor del euro digital, pero los bancos de manera destacada van a dar la cara frente a los clientes. Y en eso estamos trabajando, en los casos de uso y en cómo podemos incorporar la innovación financiera, como son los pagos programables o los pagos de máquina a máquina.
Las grandes empresas tecnológicas están entrando en negocios que tradicionalmente prestaba la banca. Desde el sector se ha dicho que se acepta la competencia, pero siempre que se apliquen las mismas reglas para la misma actividad. En ese sentido, ¿cuál es la normativa que se aplica a los bancos y no a las BigTech y los sitúa en desventaja?
Efectivamente, siempre hemos defendido que la misma actividad que genere el mismo tipo de riesgo debe estar sometida a la misma regulación. Creo que los reguladores lo aceptan y en general estamos todos alineados, pero el problema está en cómo se aterriza. En general, la regulación bancaria tiende a estar basada en entidades, es decir, se aplica por el hecho de ser un banco y otros actores no están sujetos a esa regulación por no ser bancos. Toda la regulación prudencial y de requisitos de capital es bancaria y solo se aplica si tienes el sello de banco. Lo que decimos es que otras empresas prestan servicios equivalentes a los bancos y deberían estar sometidos a una regulación similar o proporcional, y que sea una regulación basada en la actividad.
¿Hay alguna iniciativa para regular a estas empresas en la misma medida que a los bancos?
Hay propuestas de regulación interesantes basadas en entidades en las BigTech. Es decir, regulación sobre las BigTech por el hecho de ser BigTech, no por su actividad. Porque son empresas que tienen un acceso a datos privilegiado, unos efectos de red muy potentes y capacidad de generar economías de escala y entornos casi monopolísticos u oligopolísticos si no se pone algún tipo de límite y se obliga a abrir los sistemas a otros. Por ejemplo, el dispositivo NFC que permite el pago contactless con los móviles no debe estar vinculado al uso de aplicaciones del mismo proveedor, sino que debe estar abierto a otros si queremos un entorno competitivo. La UE ha sido bastante diligente y ha puesto en marcha regulación que favorece esa competencia equilibrada para evitar que esas grandes empresas abusen de una posición dominante.
¿Con la regulación se pueden equilibrar esas desventajas competitivas que tiene actualmente la banca?
Muchas veces no es tanto la regulación como la supervisión lo que genera desventajas para los bancos. A veces la regulación puede ser equivalente, pero la diferencia es que los bancos tenemos un supervisor muy potente encima, como es el BCE, que se encarga de asegurar que la regulación se cumple y otras entidades no lo tienen. Es una diferencia crucial. El coste también es muy importante, no afecta de igual forma a todos. También es diferencial en cuanto a la protección de los clientes. Entidades que operan en productos de crédito al consumo o buy now pay later y tienen una regulación más laxa, a la hora de la verdad, cuando hay problemas se traducen en una desprotección de los clientes.
Los reguladores y supervisores también están avanzando en materia de sostenibilidad. ¿Llegaremos a un punto en el que exijan más requisitos de capital por los riesgos climáticos
Es un tema muy importante para nosotros. Estamos muy comprometidos con todos los objetivos de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático y dedicamos muchos recursos en el banco. Vemos que la regulación avanza muy rápidamente, pero quizá no siempre con la coordinación necesaria. Todo el mundo tiene muy buenas intenciones, pero a veces hay un poco de descoordinación. Hay muchos organismos interaccionando al mismo tiempo y quizá hace falta más orden. Pero la palabra clave en todo esto es el riesgo. Cualquier cosa que se haga tiene que ser a través de la gestión de riesgos. Lo que estamos diciendo con los requisitos de capital es que no se impongan obligaciones a los bancos que no vayan a través de los análisis de riesgos.
A nivel nacional, el Gobierno ha aprobado un impuesto temporal a la banca en el que se impide repercutir los costes a los clientes, pero eso choca con la normativa de la EBA que obliga a tener en cuenta todos los costes, incluidos los fiscales, a la hora de formar los precios. ¿Cómo van a cumplir los bancos con ambas normativas?
En general, no vemos que sea una buena idea. Lo que dicen los libros de economía es que se ponen impuestos sobre actividades que generen externalidades negativas para reducir la oferta. Y el crédito no es una de ellas. Al contrario, estamos en un momento en el que a los bancos se nos está pidiendo generar crédito y lo estamos haciendo. El impuesto encarece el producto y la idea de que no se repercuta a los clientes es un poco extraña y contraria a lo que nos está pidiendo la propia EBA. Porque en sus directrices y normativa dice que los bancos incorporen al precio todos los costes, y el impuesto es un coste. ¿Cómo vamos a cumplir con ambas normas? Es una muy buena pregunta, pero la verdad es que no lo sé.
