Siete años pasaron para que la frontera entre Colombia y Venezuela se pudiera reabrir. El restablecimiento de las relaciones fue un objetivo que, desde campaña, se propuso el presidente Gustavo Petro.
(Le recomendamos: Venezuela: a cuatro años del interinato de Guaidó, ¿cómo queda la oposición?)
Y en este proceso, el suceso más significativo ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando se dio la reapertura oficial de la frontera en el puente Simón Bolívar con el paso de los primeros camiones de carga, lo cual comenzó a reactivar el comercio.
(Puede leer: ¿Posible intercambio de prisioneros? avión de EE. UU. aterriza en Venezuela)
Para Daniella Monroy, investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, este hecho significó uno de los pasos más importantes en lo que respecta a política exterior porque “Venezuela es el vecino más importante de Colombia, es el país con el que comparte la frontera más extensa, más porosa y más compleja en términos de seguridad; además de que llegó a ser uno de sus primeros socios comerciales”.
Según datos del Ministerio de Comercio, durante los tres meses de apertura de frontera –y hasta el pasado 29 de diciembre– 1.204 vehículos de transporte internacional han cruzado: 990 corresponden a exportaciones de Colombia a Venezuela, y 214, a importaciones desde Venezuela. Si se tiene en cuenta el flujo de transporte de los puentes binacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, 20.641 toneladas han sido exportadas y 6.628 importadas, para un total de 27.269.
El ministro de Comercio, Germán Umaña, estima que el 2022 se cerrará con un comercio binacional que estará entre los 750 y los 800 millones de dólares, más del triple frente a los 200 millones de dólares que se facturaron el año pasado.Para el 2023, la idea es duplicar estas cifras .
El siguiente paso importante es habilitar el paso por el puente Tienditas, conformado por dos puentes con tres carriles por sentido y un puente peatonal de unos 10 metros de ancho. Ahora se llamará Atanasio Girardot.
En este sentido, el secretario de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación de Norte de Santander, Víctor Bautista, le contó a este diario que se espera que este 1.º de enero se dé esta apertura, por eso están ultimando detalles.
El pasado 28 de diciembre se llevó a cabo una reunión entre las autoridades del estado Táchira y del departamento Norte de Santander para discutir cómo serán la circulación del transporte público, la apertura al paso de vehículos particulares y la facilitación de comercio, especialmente, en lo relacionado con la canasta familiar de quienes constantemente cruzan.
Según Bautista, este puente beneficiará a “la región metropolitana entre San Cristóbal y Cúcuta, que tiene una población de más de 1’700.000 personas”. Señala, además, que luego de analizar el flujo migratorio han determinado que este puente es un corredor estratégico no solo para la población que vive cerca de este paso, sino también para los ciudadanos de los estados internos de Venezuela, como Mérida, Trujillo y Caracas.
Entre los preparativos de las autoridades colombianas, se tiene previsto que a través del Instituto Nacional de Vías (Invías) se concrete un cierre del perímetro del puente.
“El objetivo es que el uso del espacio público sea estricto y no se parezca a la condición actual de La Parada (Villa del Rosario). Se ha solicitado un encerramiento absoluto”, agregó Bautista.
Esta petición es compartida por el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien teme que el caos y el desorden ocasionado por vendedores ambulantes y conductores informales se apoderen de las vías contiguas al puente internacional. “Hemos propuesto un espacio especial de acceso con los controles de seguridad requeridos y aspiramos a que del lado venezolano ocurra lo mismo”, afirmó Yáñez.
La medida ha sido respaldada por los gremios de Norte de Santander, que insisten en que el acceso a las plataformas aduaneras y el paso sobre los puentes debe hacerse de manera ágil. No obstante, cientos de cucuteños indagan las condiciones de las autoridades de ambos países. Temas como la presentación de documentos, pico y placa para vehículos y los horarios para cruzar los puentes son aún inciertos.
Con la apertura de Tienditas y el puente La Unión, en Puerto Santander; se espera una reducción del contrabando y el cierre de trochas en la frontera, como lo solicitó el presidente Petro el pasado 27 de octubre.
Por ahora, los comerciantes en Cúcuta esperan un alto número de compradores para el primer trimestre del 2023.
(En otras noticias: Katherine Miranda: ‘Las críticas del pasado nos están pasando cuenta de cobro’)
Los otros retos
Analistas consultados por este diario coinciden en que además de la atención que se le está prestando al aspecto comercial, es importante no descuidar la atención a la población migrante.
“El primer reto es que la ‘desvenezolanización’ de la migración hacia la que ha propendido el gobierno Petro no se convierta en una invisibilización de la población venezolana, siendo la más grande en Colombia con vocación de permanecer en el país”, dice Monroy.
En ese mismo sentido, Socorro Ramírez, profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la red binacional Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), agrega que hay que dejar de estimular la negación del éxodo poblacional que han hecho funcionarios como el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.
(En video: así es la mansión en la que vive Armando Benedetti en Venezuela)
Dice, además, que se debe profundizar en la regularización con los permisos de protección temporal (PPT) y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). “Se deben ampliar los permisos y el estatuto para quienes ingresaron después de las fechas límites”, afirma.
(Puede leer: Migrantes venezolanos en Colombia serían más de 3 millones; 62 % quiere quedarse)
Por último, dice que otro de los retos es ayudar a la integración de los migrantes “apoyándose en la encuesta de caracterización socioeconómica”.
De acuerdo con Monroy, es importante que el Gobierno establezca el otro año rutas de atención con enfoque diferencial. Una deber ser la que “priorice la integración de la población que llegó para quedarse”.
Y es que según una encuesta realizada por Cifras y Conceptos, 62 por ciento de la población migrante quiere permanecer indefinidamente en Colombia. Lo anterior, según Ramírez, sucede porque “las crisis en Venezuela se profundizan, la emergencia humanitaria compleja se agrava y no avanza la negociación entre las oposiciones con el régimen de Maduro”.
El primer reto es que la ‘desvenezolanización’ de la migración hacia la que ha propendido el gobierno Petro no se convierta en una invisibilización de la población venezolana
En la otra ruta que recomienda la investigadora Monroy debe prevalecer “el paso regular, seguro y ordenado de las personas que utilizan a Colombia como punto de paso. Esto requiere la cooperación de los países del sur, centro y norte de América en torno a lograr ese objetivo”.
Disminuir la inseguridad es un reto más que se suma a la lista. Las autoridades vienen trabajando en coordinación para enfrentar la presencia de grupos ilegales que tradicionalmente han frecuentado la zona común y que se disputan el control de rentas ilegales asociadas al narcotráfico y el contrabando. En la zona de frontera hacen presencia el Eln, reductos de las disidencias de las Farc y la temida red criminal conocida como el ‘Tren de Aragua’.
Además de la presencia en los pasos oficiales como el puente Tienditas, se busca adelantar patrullajes en los múltiples pasos ilegales que se han establecido a lo largo de los años en la extensa frontera.
Aura Saavedra Álvarez
*Con información de Nación, Justicia y Economía
REDACCIÓN POLÍTICA