Bossano no descarta un acuerdo para la utilización hispano-británica del aeropuerto de Gibraltar. Este titular aparecía ya en el número 1 de Europa Sur, el 22 de enero de 1989, hace ya casi 34 años. Sin embargo, el tema del que habla está en 2022 tan a la orden del día como entonces. O, mejor dicho, vuelve a estarlo después de que la Comisión Europea (CE) lo haya puesto sobre la mesa en las negociaciones con Reino Unido para la firma de un tratado internacional que regule las relaciones de Gibraltar con la Unión Europea (UE), especialmente con la comarca, tras el Brexit.
El uso compartido del aeropuerto del Peñón, que tiene un marcado carácter militar además del civil, está incluido en la propuesta en firme que la CE entregó hace semanas al Gobierno británico para intentar poner fin de una vez a unas negociaciones que comenzaron hace 431 días, según desveló el pasado miércoles el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, durante una comparecencia ante la prensa con el canciller británico, James Cleverly. Antes de eso ambos se habían reunido para tratar de acelerar el proceso sobre la Roca y después, incluso mantuvieron una cena de trabajo ya con sus respectivos equipos para rematar “acuerdos bilaterales”.
Albares destacó el aeródromo como parte del posible acuerdo, al nivel de la equiparación de los pensiones de los españoles que han cotizado en Gibraltar con las de los residentes en la Roca. Cleverly no dijo nada al respecto, pero en una entrevista con este periódico el pasado 4 de diciembre, el embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott, sí se pronunció: “No prevemos ese uso conjunto. Lo que sí que hay en las conversaciones es la posibilidad de que el aeropuerto se abra a vuelos europeos a través de una solución que habrá que encontrar y que respete las posiciones de soberanía, tanto de España como de Reino Unido y Gibraltar. Eso, si tuviera éxito, debería verse reflejado en el tratado que estamos intentando acordar porque podría facilitar la prosperidad de la que se habla y que es una ambición muy genuina”.
El martes 13 de diciembre, un grupo de unos 90 viajeros vio impedida temporalmente su entrada en España desde Gibraltar cuando pretendían ser conducidos hasta Málaga para tomar un vuelo hacia Londres tras el cierre del aeródromo gibraltareño por el mal tiempo. España mantiene los controles de entrada en el espacio Schengen desde Gibraltar pero ha flexibilizado sus criterios al aceptar las tarjetas de embarque como justificación de acceso.
Controvertido
El uso conjunto del aeropuerto gibraltareño es una vieja reclamación del Campo de Gibraltar que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía han hecho suya en muchas ocasiones a lo largo de los últimos años.
En un diagnóstico financiado y encargado en 2021 por la consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios, aparecía como uno de los principales retos a afrontar para que la comarca se deshaga del lastre de las deficientes infraestructuras e impulse un desarrollo económico y social muy necesario en la era del coronavirus y tras la culminación del Brexit. Ya antes lo habían reclamado la Mancomunidad de Municipios, el Ayuntamiento de La Línea y la mayoría de los partidos políticos españoles en muchas ocasiones.
El Gobierno de España, bajo distintos signos políticos, lo ha puesto sobre la mesa en varios momentos y con diferentes escenarios, pero el asunto es tan antiguo como controvertido y nunca se ha materializado al completo. El Gobierno de Gibraltar siempre ha conseguido evitarlo.
En la raíz del problema está la eterna cuestión de la soberanía. El Ejecutivo llanito siempre ha entendido que compartir el aeropuerto sería realizar una concesión intolerable.
La explicación se encuentra el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713, por el que España cedió a Reino Unido “la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto a su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen”. En ningún momento cedió el istmo, las aguas territoriales o el espacio aéreo suprayacente. Es decir, no reconoce como británicos otros espacios que no sean los expresamente comprendidos en ese apartado. Tanto la ocupación del istmo por Reino Unido durante el siglo XIX como la construcción del aeropuerto sobre ese terreno resultan ilegales y contrarias a Derecho Internacional, según defiende España.
Reino Unido, por su parte, acepta que dicho territorio no fue cedido mediante dicho el Tratado de Utrecht, pero, entre otros argumentos, sostiene que su soberanía sobre la sección sur del istmo se basa en la prescripción, ya que ha estado bajo su control por un periodo largo y continuado de tiempo sin que España lo cuestionara.
Los británicos construyeron cuarteles en el terreno neutral del istmo en 1815, lo que España aceptó para ayudar a paliar los graves efectos de una epidemia de fiebre amarilla en Gibraltar. Era una medida transitoria, pero los edificios permanecieron a partir de entonces. El aeropuerto fue construido unilateralmente por los británicos en otra sección de terreno neutral en 1938, mientras España libraba la Guerra Civil, lo que redujo aún más el tamaño original del terreno neutral.
Historia
En pleno esfuerzo por lograr la unificación europea, allá por 1987 los estados implicados realizaron una directiva cuyo objeto era liberalizar el espacio aéreo de la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE), incrementar la competencia y reducir las tarifas. Londres pretendió que el aeropuerto de Gibraltar tuviese la misma consideración que cualquier otro aeródromo británico, pero se encontró con el veto de España, que entendió que aquello equivaldría a reconocer la soberanía británica sobre el istmo.
Reino Unido se vio entonces obligado a negociar con España por imperativo de los demás miembros de la CEE. Madrid propuso a instalación de una terminal directa para los españoles que se dirijan a La Línea de la Concepción y un puesto en la administración del aeropuerto.
A pesar de la oposición del Gobierno gibraltareño, España y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo que fue suscrito como declaración conjunta en Londres el 2 de diciembre de 1987 por parte de los ministros de Exteriores español y británico, Francisco Fernández Ordóñez y Sir Geoffrey Howe. Sin embargo, quedó supeditado a su aprobación por parte de la Asamblea de Gibraltar, con capacidad para modificarlo. Finalmente, jamás se ejecutó. El entonces ministro principal, Sir Joshua Hassan, estaba a favor, pero dimitió poco después y le sustituyó el socialista Joe Bossano, que torpedeó el acuerdo. Su fracaso causó un gran malestar en el Ejecutivo de Margaret Thatcher, que lamentó la “línea intransigente” del de Bossano y su decisión de bloquear el compromiso.
Para encontrar algún avance en el uso compartido del aeropuerto hay que adelantar varios años, hasta 2005, cuando el Foro Tripartito de diálogo entre España, el Reino Unido y Gibraltar, que tuvo lugar durante dos días en el Algarve en julio, comenzó a poner las bases de los acuerdos que lo permitieron durante algo más de tres años. Se tomó como modelo el aeropuerto de Ginebra, que comparte suelo francés y suizo y que fue visitado por técnicos españoles, británicos y del Peñón el 10 de marzo de ese año.
El acuerdo llegó en septiembre de 2006. Para ello, fue necesario superar las dificultades relacionadas con la controversia en torno al istmo sobre el que se ubica el aeródromo y su carácter militar. Las tres partes acordaron la construcción de una única terminal, financiada por Gibraltar. España solo costearía sus entradas y salidas, contiguas al lado sur de la Verja y con acceso directo desde La Línea. La gestión comercial correspondería a España y Gibraltar a través de una empresa conjunta. La declaración sustituía a la del 2 de diciembre de 1987 y levantaba por tanto la suspensión en Gibraltar de las directrices de la Unión Europea en materia de aviación.
Gibraltar siempre se ha negado a que hubiera presencia policial española en su territorio -ahora también- y por eso se encontró una solución imaginativa: el edificio de la terminal se situó en territorio del Peñón, pero pegado a la Verja, de manera que su primera planta estaba habilitada para pasar por encima de la valla con un voladizo. En este espacio es donde se ubicarían los controles policiales españoles.
Sin embargo, los vuelos hacia Madrid no duraron mucho tiempo. En septiembre de 2008 Iberia canceló la conexión aérea desde la Roca tras casi dos años de funcionamiento. En abril de 2009 la compañía Ándalus recuperó los vuelos hasta la capital española y en julio de ese año incluso añadió una línea hacia Barcelona. Esta solo estuvo operativa tres meses y en marzo de 2010 fue el último vuelo desde Gibraltar hasta territorio español.
Ese año fue cuando la construcción de la terminal española del aeropuerto del Peñón estuvo más cerca. El por entonces alcalde de La Línea, Alejandro Sánchez, mantuvo reuniones con representantes de AENA para que se llevase a cabo su construcción. Tras las elecciones de 2011 los socialistas Gemma Araujo y Salvador de la Encina también ahondaron en esta posibilidad, que se difuminó con la entrada del PP en el Gobierno central y su distanciamiento con respecto a Gibraltar.
En 2012, el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, decidió volver a la postura anterior a los acuerdos de 2006, por considerar que el uso conjunto del aeropuerto nunca se llegó a aplicar y con los mismos argumentos del pasado que parecían aparcados.
En 2018, con Alfonso Dastis como ministro de Exteriores, España retomó la vieja aspiración cuando ya había comenzado el proceso de salida de Reino Unido y Gibraltar de la Unión Europea. El jefe de la diplomacia española ya había abordado esta posibilidad en un foro que celebró el Grupo Joly, empresa editora de Europa Sur, el 15 de septiembre del año anterior en el Palacio de Congresos de La Línea.
La intención del ministro se diluyó en el embrollo del Brexit y ahora, durante la negociación específica de Gibraltar, vuelve a estar sobre la mesa. Quizá a la cuarta sea la vencida.
