Como se ha podido verificar, desde la crisis generalizada, cuyo punto de inicio fue la pandemia iniciada en el 2020, se han formulado innumerables propuestas para fomentar la recuperación de diversos sectores económicos, siendo uno de ellos el de las micro y pequeñas empresas (MYPE).
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Producción publicadas en 2019, existen más de 1,9 millones de MYPE formales. La mayoría de estas empresas se desempeñan en comercio y servicios, y otro tanto efectúa actividades productivas como manufactura, construcción, entre otros.
A su vez, las MYPE conforman aproximadamente un 60% de la PEA empleada, sin embargo, desde su auge, iniciado durante el período 2013-2017, aún existe un significativo porcentaje de informalidad, considerando que alrededor de la mitad de estas empresas aún no se registra debidamente ante la SUNAT.
De manera que, paradójicamente, la contribución de las MYPE representa menos del 5% de la recaudación nacional.
Esto no responde solamente a la envergadura de estas empresas, sino también a la indeseada informalidad, la falta de cobertura en seguridad social y su limitada capacidad administrativa. Poca recaudación, es cierto, pero muchas familias que viven de esos diminutos negocios.
En tal sentido, los recientes Proyectos de Ley (PL) han ideado beneficios y facilidades orientados a las MYPE. Pero señores, ¿hasta cuándo todo ha de quedar en buenos deseos y no se da la voluntad política de apoyarlas efectivamente? Este retardo, olvido, desidia, es algo que es muy mal recibido por los emprendedores, quienes ya no confían en las instituciones del Estado. Recordemos solo algunas de las varias iniciativas planteadas:
Una de estas es el PL 5132/2020, propuesto en octubre del 2020, que presentó un paquete de medidas temporales y excepcionales para la reactivación de las MYPE. Entre estas medidas se encontraban: la inmediata condonación de toda deuda que tengan las MYPE con el Estado, la suspensión del cobro de tributos municipales, de pagos adelantados del IGV y de obligaciones contraídas con bancos, hasta 3 meses de finalizar el Estado de emergencia, entre otros. A pesar de haber sido aprobada por el Congreso, fue observada por el Poder Ejecutivo y llevada al archivo a mediados del 2021.
Por su parte, el PL 2035/2021 planteó la libre disposición de los fondos de cuentas de detracciones (SPOT) a favor de las MYPE. Estas empresas enviarían una solicitud a la SUNAT, que la revisaría y de ser aprobada, se pondría a disposición la integridad del saldo acumulado en la cuenta respectiva, bajo ciertos topes temporales.
El PL 3150/2022, del último setiembre, contiene la más reciente propuesta del Congreso, y propone exonerar el pago del IR de tercera categoría durante 6 meses posteriores al inicio de operaciones, y dividir el mismo pago hasta en 12 cuotas iguales durante los primeros 3 años de actividades, además de la exoneración del pago por derechos y tasas por la realización de trámites de inscripción, renovación o solicitud de información en entidades públicas durante el primer año de funcionamiento de las MYPE.
Por su lado, a inicios de noviembre de este año, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el programa “Impulso Perú”, que tiene como objetivo teórico promover el crecimiento y facilitar el acceso a financiamiento de las MYPE, además de disminuir las tasas de crédito. De acuerdo al MEF, la iniciativa contempla plazos de pago incluso mayores a los del programa Reactiva Perú e implicaría un costo anual promedio de hasta 225 millones de soles. Se planea beneficiar así a más de 140,000 MYPE con esta iniciativa.
Cabe destacar que a excepción del PL 5132, lo que tienen en común los demás proyectos es que llevan un terrible tiempo atascados en la Comisión de Economía del Congreso, y ni siquiera tienen fecha de inicio de debate. ¿Somos así solidarios y consecuentes con los sufridos emprendedores? En el contexto actual, y con un panorama desalentador, resulta crucial tener las prioridades en orden. Es imperativo entonces el impulsar la formalización de las MYPE, no sólo por el gran número de trabajos que provee, sino porque su puesta en regla significaría un vital, y muy necesario incremento de la recaudación fiscal nacional.
La verdad sea dicha: el empresario necesita verificar que se le entiende, que se le apoya efectivamente, y no que se le castiga.
Actualmente lo único que siente es que ser formal es irse al cadalso y los costos burocráticos han de terminar de extinguirlo. El tema es no solo tributario: es también laboral, administrativo, municipal; es decir, integral. Pero si nos movemos bajo la inercia -desde hace mucho tiempo atrás- y solo somos reactivos cuando es indefectible hacerlo (por ejemplo, los apoyos fiscales en el inicio de la pandemia), advertimos que nos movemos en soluciones desestructuradas y sin viso de permanencia.
¡Destrabemos los proyectos!
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