El fenómeno de la migración en México continúa en aumento, convirtiendo al país en el tercero del mundo con el mayor número de solicitudes de refugio y asilo. En 2021 la República Mexicana contaba con más de 131 mil solicitudes de refugio ante el Instituto Mexicano de Migración, de las cuales solo 38 mil han sido resueltas.
Destaca que los solicitantes provienen principalmente de Honduras (40.5%), Haití (40%), Venezuela (17.1%) y El Salvador (16.6%), según datos de la Secretaría de Gobernación.
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Ante ello, diversos organismos han solicitado al gobierno mexicano que intente garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes en territorio mexicano.
“México tiene responsabilidades en temas jurídicos, así como la necesidad de generar servicios especializados para este tipo de materias. Además, sabemos, gracias a testimonios, que cada vez más personas que van a entrar al país sí o sí sufren violencia y esto debería estar en las prioridades del gobierno mexicano”, comenta Fernando Mudarra, director general de la fundación Ayuda en Acción.
Lo que se espera de México en materia migratoria es que el país brinde seguridad y atención personalizada, tanto en temas judiciales como de salud pública, y la incorporación de los migrantes en temas de derechos humanos. Sin embargo, Mudarra añade que “los países están dejando a México a su suerte, cuando se trata de un tema global, esto no es algo que México deba enfrentar solo, en este caso los países a veces se ven solo a sí mismos”.
En cuestiones de qué papel juega cada país que está involucrado en las migraciones masivas, como por ejemplo Honduras y Venezuela, existen dos vertientes a tomar en cuenta.
La primera es que este tipo de migraciones suceden por diversos motivos, sin embargo, muchos de estos pueden englobarse en dos: Pobreza y violencia.
“Una pobreza que se da por crisis internacionales o efectos cambio climático, como pueden ser las sequías, hasta llegar a un grado extremo en el que se presentan hambrunas; y violencia, por parte de grupos como los Mara Salvatrucha, el negocio ilícito, la extorsión, lo cual arrincona a las personas que después de haber vivido una situación límite deciden marcharse”, explica Mudarra.
La segunda es lo que podrían o no hacer estos países con el fin de evitar que sus poblaciones continúen migrando de manera forzada, pues para ello se necesita que estos reconozcan lo que pasa y propongan y trabajen en medidas adecuadas en todos los aspectos, principalmente en dotar de mejores condiciones de vida a las personas para así convertir la migración en una oportunidad y no en una crisis.
“Estos países están haciendo menos de lo que deberían porque creen que no es su problema, sin embargo es un problema compartido (…) Se necesita hacer un cambio en la dinámica migratoria de manera constante y lograr que las personas se planteen si migrar o no sin ser obligados, y para eso se necesita un trabajo sostenido en el tiempo”, añade el director de Ayuda en Acción.
Ayuda en Acción, con presencia en 21 países a lo largo de América, Europa, África y Asia, posee programas educativos en lugares como México y El Salvador, en donde se habla sobre la permanencia en la escuelas, una buena nutrición y se trabaja en el desarrollo de las habilidades de los infantes.
También cuenta con programas en conjunto con la Unicef para apoyar en la atención de menores migrantes retornados a sus países de origen, así como una iniciativa que promueve que la población migrante, en su estadía por México, pueda recibir formación en línea y adquiera o mejore sus competencia en ciertos oficios, con la finalidad de que puedan emprender en sus comunidades o destino final.
Referente a este tema también está la violencia que sufren las mujeres, niños y personas de la comunidad LGBT+, para quienes Ayuda en Acción cuenta con apoyos como el fortalecimiento de la infraestructura en albergues aliados, la formación de personal y apoyo legal.
“Desde octubre de 2021 hasta hoy se ha apoyado a más de 7 mil mujeres, de las cuales 400 han emprendido un proceso jurídico, 35 han llegado a documentarlo, pero sólo 6 han puesto una denuncia, el resto no ha continuado por miedo”, explica Fernando Mudarra.
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El principal tipo de violencia sufrida por las mujeres y personas de la comunidad LGBT+ es sexual, dichas víctimas suelen estar en un rango de edad de entre 30 y 35 años, aunque se está viendo un aumento en el rango de 16 a 25 años; mientras que sus principales nacionalidades son hondureñas, guatemaltecas y venezolanas, de acuerdo a datos y testimonios recogidos por Ayuda en Acción.
Mudarra destaca que la migración no va a detenerse y que de hecho el flujo será constante y similar al presentado en años pasados.
“Este crecimiento está sujeto a diversas causas, como la violencia, y puede ir en aumento si no se ven medidas de países centroamericanos, además que esto también está relacionado a la política migratoria de Estados Unidos, que cuando es abierta o cerrada esto ya supone un freno; actualmente no hay tantos apoyos de EEUU porque hay demasiados casos en tramitación”, puntualizó.