Luego de relevar testimonios de personas privadas de la libertad que han sido víctimas de malos tratos y torturas en las inspecciones en instituciones de encierro en Salta, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura mantuvo reuniones con la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia con el objetivo de hacer un seguimiento de las investigaciones y también para promover la elaboración de registros sobre la cantidad de denuncias y condenas.
En este sentido, el comisionado Gustavo Palmieri, dijo a Salta/12 que buscan tener reuniones con este tipo de espacios especializados porque “son fundamentales para el trabajo en términos de prevención de la tortura”.
El titular de la Fiscalía de Derechos Humanos en Salta es Gabriel González, y tiene como función recibir las denuncias sobre violencia institucional ejercida por policías o integrantes del Servicio Penitenciario. Torturas, malos tratos y violencia institucional “son los temas que nosotros vemos o recibimos en las entrevistas que tenemos con personas privadas de la libertad o con organizaciones sociales que trabajan en territorio”, indico Palmieri.
“Tener espacios específicos para trabajar la violencia institucional en términos de investigación criminal nos parece central”, destacó el comisionado al tiempo que consideró importante que haya fiscalías especializadas por el “perfil particular de esos funcionarios, no solo en términos de legitimidad y autonomía en su profesionalización, sino también por un saber específico”.
En septiembre último el Comité Nacional visitó Salta e inspeccionó instituciones carcelarias, alcaidías y comisarías de la provincia. Palmieri dijo que el informe se dará a conocer a principios del año próximo. “Recibimos muchas alegaciones de tortura y malos tratos en lugares de encierro”, explicó. Por ello surgió la importancia de “poder trabajar estas situaciones de forma organizada y cooperativa con la fiscalía especializada en derechos humanos”.
“Esos diseños (de fiscalías) nos parecen importantes, hay en varias provincias: en Jujuy, en Salta, en Santiago del Estero, en Buenos Aires, el sistema federal tiene una fiscalía especializada. Algunas funcionan para nosotros de forma más exitosa, otras no. Pero nos pareció fundamental en este caso”, manifestó.
Fortalecimiento
El Comité Nacional manifestó su interés en el fortalecimiento de las fiscalías especializadas en el país. “En los intercambios que tuvimos, tanto presenciales como virtuales, con el fiscal de derechos humanos trabajamos en esas líneas, en poder ver el seguimiento de las denuncias (…) y también las cuestiones de fortalecimiento a esas fiscalías”, sostuvo Palmieri.
Desde el Comité destacaron la obligación de trasladar a la última jurisprudencia que existe en el país, las actualizaciones internacionales y nacionales que se utilizan para las investigaciones criminales. “Es un saber que se construye desde el Comité también como un órgano articulador a nivel nacional en distintos temas, uno es éste, las investigaciones en términos de violencia institucional. En particular malos tratos y torturas”, indicó el comisionado.
En ese sentido detalló que hay muchos casos en los que los delitos de violencia institucional, tales como los malos tratos y golpes, son más evidentes, mientras que hay otras situaciones que se dan en las instituciones de encierro que requieren un abordaje más sistemático.
“Muchas fiscalías lo que hacen es ver que hay quizás una situación repetida de esos golpes. Hay que entrevistar de forma particular a las víctimas porque no es lo mismo que citarlas para otros testimonios en que los citan muchas veces con el funcionario penitenciario. Acá hay que trasladarse al lugar, hacer relevamientos”, explicó.
Elaboración de registros
Palmieri explicó que las fiscalías especializadas tienen la obligación de elaborar “un registro de todas las denuncias que reciben por esas vulneraciones a los derechos humanos y además de cuántos casos se denunciaron, qué pasó, cuántos se condenaron”. “Estamos promoviendo que esa obligación se cumpla en todas las provincias. Proviene de los tratados internacionales, también de la normativa nacional y de las normas locales”.
El Comité busca colaborar en ese sentido con la Fiscalía de Derechos Humanos de Salta, que es la que recibe las denuncias de violencia institucional de la policía y del Servicio Penitenciario y luego está a cargo de las investigaciones. “Eso no sucede en otras provincias donde nuestro diálogo es con los fiscales generales”, agregó Palmieri.
“Eso permite ver cuántas son las denuncias que se reciben, por qué tipo de hechos se denuncia, y al mismo tiempo cuál es la efectividad que se tiene en llevar estas investigaciones a buen puerto, que se pueda realizar un juicio, relevar correctamente lo que dicen los testigos, etcétera”, indicó.
Competencias para investigar
Sobre las causas de gatillo fácil o muertes en custodia y su remisión a las fiscalías de graves atentados, el comisionado señaló que en este tipo de situaciones surgen “conflictividades” dadas en algunos casos por el trabajo que realizan con la misma policía.
“En otros lugares las fiscalías especializadas (que también abordan torturas o malos tratos) llevan también los casos de ejecuciones extrajudiciales, abusos en la legítima defensa que involucran a funcionarios, todos los casos de homicidios cometidos en sus funciones”, sostuvo.
“Muchas veces pueden trabajar juntos”, consideró en cuanto a las fiscalías como la de Derechos Humanos en Salta y las de Graves Atentados, y señaló que las fiscalías pueden tener más flexibilidad, e incluso cuando el fiscal o fiscala de juicio no es quien hizo la investigación, puede pedir la colaboración del fiscal o fiscala que trabajó en esa etapa previa.
Agregó en este sentido que el Comité Interviene en diversos casos, cuando las víctimas o sus familiares se lo piden. “Intervenimos en Catamarca en el caso Pachao, que tenía un cuestionamiento de que había llegado a juicio con una imputación muy leve y terminaron siendo condenados (los acusados) por torturas”, ejemplificó.
Que los hechos no se repitan
Palmieri explicó que después de las sentencias, cuando se confirman los hechos de torturas o malos tratos, debe haber un trabajo para que estas prácticas no se repitan. Incluso advirtió que hay hechos que no llegan a probarse en los juicios penales pero ocurrieron.
“Nos interesa el seguimiento de los casos aún después de las condenas”, expresó y mencionó que muchas veces los malos tratos o las torturas, se cometen porque “hay normas que son inconstitucionales, porque hay normas que son arbitrarias”. Apuntó a la necesidad de trabajar en las causas que facilitan la violencia institucional. Por ejemplo, se refirió a que quienes están a cargo de las unidades carcelarias tienen que prevenir esos delitos.
“A veces no solo hay maltrato directo sino omisiones en las obligaciones de cuidado. Como pueden ser los incendios”, señaló. Dijo que este año estuvieron al tanto de un caso en la Unidad Carcelaria de Mujeres Nº 4 que fue seguido por el Comité Provincial de prevención de la tortura con el que trabajan de forma mancomunada.
La defensa institucional de la policía
En los procesos y juicios realizados contra policías en Salta por vejaciones, lesiones, represión, homicidios calificados como “culposos”, se ha podido observar en muchos casos que las defensas son ejercidas por abogados de la Policía de Salta.
Al consultarle al comisionado por esta situación, explicó que en muchos casos se ha cuestionado que la defensa sea institucional. Mencionó que hay resoluciones, “sobre todo en las soluciones amistosas que las víctimas plantean con el Estado”, que eso tiene que ser revisado.
“Algunas policías lo revisan, porque eso termina armando una defensa institucional de casos gravísimos”, señaló. Explicó que los policías acusados por delitos de torturas deberían tener sus defensores particulares o públicos, y que también pueden tener abogados o abogadas de mutuales, “No se sindicalizan pero no es que no pueden asociarse”, sostuvo.
Palmieri dijo que el resto de funcionarios cuando se encuentran acusados por algún delito, tienen que recurrir a abogados o abogadas particulares o a la defensa pública. “El Estado no defiende a un funcionario acusado de corrupción”, ejemplificó.
“Entonces la defensa institucional, corporativa (de la Policía), tiene problemáticas en cuestiones de diseño porque otras instituciones no tienen eso. Es un problema que están manteniendo hoy algunas instituciones, básicamente las que tienen características militarizadas o corporativas de defender con los abogados de la institución que además responden y reportan a la misma institución”, sostuvo el comisionado.
También explicó que no alcanza con separar a los policías de sus funciones. Es necesario “investigar, guardar la prueba, conservarla”. “En casos de ejecuciones o de cualquier muerte, la policía debiera guardar todos los registros fílmicos, todas las grabaciones que tienen de comunicaciones, independientemente de que el fiscal las pida o no. Los fiscales pueden ser malos, no pedirlas, pero la policía tendría que estar interesada en saber qué pasó”, sostuvo.
