En su breve paso por México a mediados de mes en visita no oficial, Gabriella Citroni, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, reiteró que en este rubro el país no va por el camino correcto, pues ahora se asesina incluso a las madres buscadoras –van cinco este año– y, lo peor: antes las desapariciones eran por el probable involucramiento de las víctimas en “temas políticos”; ahora lo son por parte de la criminalidad organizada.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A un año de la visita a México del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED), las cifras consignadas oficialmente revelan que “no vamos por el buen camino” a fin de detener el flagelo que, al cierre del jueves 24, contabilizaba 108 mil 126 víctimas, alerta la experta Gabriella Citroni.
Vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU, Citroni, quien estuvo en México de visita no oficial la primera quincena de noviembre con motivo del 30 aniversario de la adopción de la “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” y participó en algunas actividades organizadas por la sociedad civil y por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, perfila un balance de los retos y avances de México en materia de desapariciones.
En entrevista con Proceso, Citroni advierte que no suele recurrir a cifras para hablar del problema, pero en el caso de México el descomunal registro “explica de forma muy gráfica que no creo que vamos por el buen camino, que posiblemente no estamos caminando en la dirección correcta”.
La experta de origen italiano apunta que más allá de la cifra, persisten temas de gran preocupación para el GTDFI, entre ellos los riesgos que corren familiares de desaparecidos, la persistencia del estigma sobre las víctimas, la impunidad generalizada y las modificaciones legislativas que militarizan la seguridad pública, mismas que califica como “franco retroceso”.
“Dada la magnitud de las personas desaparecidas en México, uno se esperaría que fuera un tema muy presente en la sociedad y en la indignación pública, pero en realidad sí hay un sector que lo tiene muy presente pero no es muy extenso.
“Paralelamente, sigue existiendo, muy lamentable, cierto estigma para las personas desaparecidas, un estigma que se adapta a los tiempos”, señala Citroni al recordar que durante las décadas de la Guerra Sucia se relacionaban las desapariciones con el posible involucramiento de las víctimas en “temas políticos” y ahora es con la criminalidad organizada.
“Mientras exista ese estigma, la respuesta que se puede brindar al problema sigue cojeando, es insuficiente, el lema de ‘los desaparecidos nos faltan a todos’, creo que no se ha interiorizado por la sociedad, y ves que sigue ocurriendo el asesinato de madres buscadoras.
“Ante el asesinato de madres buscadoras, uno se pregunta ‘¿por qué puede seguir pasando esto?’. No es la sola respuesta, pero siento que la ausencia de un abrazo colectivo facilita episodios de esta naturaleza y eso va de la mano con la impunidad que sigue siendo absoluta, y es uno de los principales problemas del país”, reflexiona.
De acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en lo que va de 2022 cinco mujeres buscadoras han sido víctimas de feminicidio.
Esos casos se suman a los documentados por el proyecto “A dónde van los -desaparecidos”, que sumó a 12 familiares de víctimas asesinadas entre 2010 y 2021 en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.
Según el portal, durante el gobierno de Felipe Calderón fueron asesinados tres familiares de personas desaparecidas, entre 2010 y 2011; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos cinco mujeres buscadoras fueron ejecutadas, entre 2014 y 2018, mientras que de diciembre de 2018 a agosto de 2021 fueron asesinadas cuatro.
Al reconocer como “una demostración de cohesión entre el CED y el GTDFI” el seguimiento que ambos organismos dan a las recomendaciones formuladas por el primero a México, Citroni advierte que a un año de la visita oficial es de reconocer el esfuerzo del gobierno mexicano por crear el “Mecanismo de seguimiento para la atención de las recomendaciones del CED”, bajo la coordinación de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que fue presentado el 26 de octubre.
Magros avances
Para la experta, más que la creación del mecanismo, “lo sustancial será su operación, la información que reúne y después brinda al CED, la transparencia con que se manejará y el espacio que va dar a los familiares de víctimas y asociaciones para que den su punto de vista”.
Admite que ha habido avances sobre todo en materia de búsqueda de personas y en la atención al tema forense, con la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y los Centros de Identificación Humana; Citroni considera, sin embargo, que la magnitud del problema exige “un mensaje muy fuerte, desde las más altas autoridades, de abrazo a la causa de los desaparecidos y sus familiares”, para impactar en la prevención de este delito de lesa humanidad.
“No es un tema que le corresponde sólo a algunos por ahí o a unas madres que van con palas, sino que realmente es un tema de todo el Estado mexicano, ha habido algunos episodios y declaraciones, pero se necesita todavía más, un mensaje más contundente que ayude a la prevención”, dice.
La situación se agrava, ante “una discrepancia incomprensible, entre el crecimiento continuo de las desapariciones y los casos judicializados”, pues a septiembre de este año hay menos de 50 sentencias por desaparición forzada.
La impunidad, insiste, acarrea “una revictimización muy fuerte de los familiares frente a un sistema de justicia que no camina, que no los cobija y que no brinda respuesta, pero además no ayuda a la prevención”.
Citroni toma como ejemplo paradigmático la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que en septiembre pasado cumplió ocho años sin esclarecerse, a pesar de la atención que se le ha dado sobre todo en la actual administración, en que se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa.
Al sostener que este asunto “también representa la esperanza para los demás casos, porque la respuesta que se le dé puede facilitar una respuesta estructural más sólida que ayude a los demás”, la experta y profesora de derecho internacional en derechos humanos en la Universidad Milano-Bicocca, destaca que en las últimas semanas los familiares han sufrido un “algo grado de revictimización”.
Lo anterior tras atestiguar por parte de las instituciones “actuaciones encontradas o contradictorias, de informes que llegan pero se contradicen después, órdenes de aprehensión que se cancelan, un fiscal en el cual los familiares tenían plena confianza de que tiene que renunciar, un nuevo fiscal que, según tengo entendido, todavía no tiene relación establecida y sólida, volvemos un poco por donde empezamos”.
Ayotzinapa, “etapa caótica”
Citroni, quien es asesora de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), señala que el caso Ayotzinapa parece estar “al final de una etapa”; y aconseja a las partes involucradas “tomarse un momento” para reflexionar en el paso siguiente y que esas actuaciones “no terminarán o se cerrarán en un hasta aquí llegamos, quédense contentos con eso y no se puede seguir más”.
Agrega que “es necesario darse un espacio para reflexionar sobre esta última etapa caótica, retomar claramente por parte de las más altas autoridades el diálogo directo con los familiares y recuperar la confianza que se había alcanzado; con justa razón se veían avances y la confianza se construye también, y será imposible recuperarla si no se dan explicaciones sólidas y claras, sólo así se puede seguir avanzando en los pendientes que no se han atendido todavía”.
Para Citroni resulta revelador la “etapa caótica” que se desencadenará tras la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares, que marcó la confrontación entre Alejandro Encinas y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y “en esta etapa de superpolarización quienes pierden son los familiares”.
A un año de la visita del CED, que incluyó en su lista de recomendaciones la desmilitarización de la seguridad pública, la vicepresidenta del GTDFI resalta que las reformas legislativas que han pasado el control de la Guardia Nacional a la Sedena y postergado el tiempo de influencia hasta 2028, significan un “retroceso” para el país, en lo que han coincidido varias agencias de la ONU.
Tras recordar que el GTDFI llamó a la desmilitarización tras su visita a México en 2011 y reiteró el llamado en su informe de seguimiento de 2015, la experta admite que durante su reciente visita, advirtió “desesperación” por la situación de inseguridad en el país que generaba “cierta expresión favorable a la presencia del Ejército”, pero que más allá de que los estándares internacionales marcan que la seguridad pública tiene que estar bajo control civil y no militar, es importante revisar la experiencia en México de lo que ha significado la militarización.
“Sería interesante revisar si ha funcionado la militarización en los estados de la República donde se ha estado dando durante más años; pienso en los estados del norte, Chihuahua y Tamaulipas, y los datos demuestran que no se ha solucionado el problema, sino más bien justamente la violencia se ha disparado en números y en episodios de choques, de encuentros incluso con un número de muertos y -desaparecidos mucho más alto.
“Es una necedad pensar que si sigo en este sentido me va a funcionar, más bien habría que pensar en otra solución y escuchar a las voces que están sugiriendo otra solución, de desmilitarización gradual acompañada de una inversión muy potente de recursos humanos, económicos y de formación para las diferentes policías civiles. Nadie está diciendo que no hay que combatir a la criminalidad organizada. Todo lo contrario”, sostiene.
Mucho por hacer
Citroni cuenta que en su última visita a México presentó un informe que realizó el GTDFI a 30 años de la Convención Internacional en Materia de Desaparición Forzada, documento que alerta coincidencias en los obstáculos que persisten en varios países en el combate y prevención del flagelo.
“Hay poco que celebrar; han pasado 30 años y hay que recordarnos la adopción de esa declaración, que sigue siendo muy relevante en derecho internacional y hay que retomarlo como un llamado de atención de que queda mucho por hacer”, dice.
No obstante, la visita no estuvo ajena a momentos esperanzadores. El domingo 13, Citroni acudió a Querétaro para participar en la segunda edición del Festival Esaú, una celebración de carácter artístico, deportivo y de concientización sobre el tema de las desapariciones, en honor a Esaú Ugalde, joven músico desaparecido en septiembre de 2015 y localizado sin vida tres meses después.
“Como asesora de Fedefam analizaba la evolución de los lemas, uno de ellos que me parece muy fuerte es el de ‘No hay dolor inútil’, y en Querétaro, le decía a don José (padre de Esaú), lo entendí muy bien en el festival, es la manifestación plástica de que puedes tomar un sufrimiento terrible que te acompaña día a día, y volverlo en un mensaje bonito de construcción de vida y de futuro”, sentencia Citroni.
