Autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) afrontan 2023 con más incertidumbre, si cabe, que la que experimentaron en marzo de 2020, cuando se decretaron los confinamientos por la pandemia de Covid-19 y la economía global sufrió una severa ralentización. La segunda mitad de este año ya está dejando entrever las consecuencias de varias crisis seguidas (suministros, materias primas y la energética derivada de la guerra en Ucrania) materializadas en la primera subida de tipos de interés en una década, anunciada por el Banco Central Europeo (BCE) con el objetivo de frenar una inflación galopante que afecta al conjunto de la Unión Europea (UE).
El sistema bancario tampoco es ajeno a esta coyuntura. En los últimos meses, ha ido exigiendo más garantías para el acceso a la financiación de las pymes o los profesionales autónomos que acuden por su cuenta hasta alguna oficina interesándose por un préstamo para, por ejemplo, invertir en nueva maquinaria o adquirir un inmueble. A ello se le suma el incremento en el tipo de interés en estas operaciones, el de los costes y el recorte en los recursos para financiar nuevos proyectos.
“Es ahí donde nosotros tenemos que estar”, adelanta José Carlos Montes, director general de Avalia Aragón, una de las 18 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que hay en España y que, de enero a octubre de este año, han inyectado 1.835 millones de euros a pymes y autónomos (conforman más del 90% del tejido empresarial español), facilitando financiación a un total de 18.201 proyectos.
La pandemia fue un antes y un después. Las SGR dieron un paso adelante muy importante, duplicando el nivel de avales concedidos
José Pedro Salcedo Herce. Presidente de CESGAR y presidente de Sonagar
Estas organizaciones sin ánimo de lucro tienen una razón social muy definida: desarrollar la actividad económica, la creación de empleo y la riqueza empresarial de este tipo de empresas, avalando sus operaciones ante los bancos y obteniendo condiciones ventajosas para ambas partes gracias a los convenios suscritos entre estas entidades financieras y las bancarias que, a su vez, tienen garantizada la viabilidad de la operación.
El tener “medio resuelto” el aspecto financiero permite a una pyme “dedicarse a todo lo que necesita”, reconoce el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), que representa a las SGR, y también presidente de Sonagar (SGR de Navarra), José Pedro Salcedo Herce. Al funcionar toda la cadena, desde los proveedores hasta los clientes, se cumplen los compromisos del empresario.
Uno de nuestros principales retos es ser uno de los instrumentos que estén realmente encima de la mesa de las pymes y los autónomos
Antonio Vega. Director general de Garántia SGR
Espíritu “anticíclico”
Si parece que lo peor “está por venir”, asume Josep Lores, consejero delegado de Avalis Catalunya SGR, con tipos de interés más altos, más repreciaciones y más revisiones anuales en las nuevas operaciones suscritas por las pymes, advierte que, para dentro de unos meses, “lloverá sobre mojado”. Donde más se notará será en “los márgenes” de las pequeñas empresas, algo en lo que coinciden los presidentes de cuatro SGR durante un desayuno informativo organizado por Cinco Días y CESGAR moderado por Nuño Rodrigo, subdirector de Cinco Días.
El programa de apoyo al emprendimiento industrial con fondos Next Generation que vehiculamos las SGR ha sido un éxito
Josep Lores. Consejero delegado de Avalis de Catalunya
Es en ese escenario incierto donde estas entidades se están mostrando especialmente necesarias. Como indica Lores: “somos anticíclicos”, en referencia a que, cuanto peor va la economía, más se refuerza el papel de las SGR. Solo durante la pandemia duplicaron su actividad, inyectando cerca de 2.730 millones de euros en 37.940 avales a pymes y autónomos afectados por el impacto económico de la Covid-19.
Según los datos de CESGAR, esto sirvió para que se mantuvieran alrededor de 275.300 puestos de trabajo durante 2020, dato que adquiere especial relevancia cuando, en diciembre de ese año, el número de pequeñas y medianas empresas con trabajadores había disminuido en 44.644 con respecto a diciembre de 2019.
El caudal económico que actuó de tabla salvavidas para muchas pequeñas empresas y autónomos en ese periodo se asentó sobre el sistema nacional de garantías, fortalecido en gran medida por el refuerzo del reaval de CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento), que en 2020 asumió un riesgo por reafianzamiento de 1.873 millones de euros, lo que supuso casi triplicar su actividad con respecto a 2019. En 2021, CERSA también renovó su compromiso para garantizar la renovación de los avales y la ampliación de los plazos de amortización y carencias a las pymes y autónomos que lo necesitaran.
Vehiculando los fondos europeos
Gracias a nuestra intervención, miles de empresas han conseguido la financiación adecuada a las necesidades del proyecto que querían llevar a cabo
José Carlos Montes. Director general de Avalia Aragón SGR
No obstante, una parte importante de los reavales se nutre de fondos europeos, cuya significación ha recobrado un papel crucial para reactivar la economía pospandémica y que, en España, se canalizan a través de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) impulsados por el Gobierno.
Uno de ellos, anunciado el pasado abril, es el programa de apoyo al emprendimiento industrial, fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, CESGAR y diez de las principales entidades de crédito: Abanca, BBVA, Banco Cooperativo español, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Kutxabank, Ibercaja y Unicaja.
En total, 75 millones de euros a pymes industriales que serán canalizados por CERSA y vehiculados por las SGR, con el objetivo de que empresas que se pensarían dos veces invertir en el sector industrial, lo hagan, asegurando su sostenibilidad gracias a unas condiciones favorables: están destinados a cubrir la totalidad de los costes financieros de las operaciones a largo plazo (las que se extienden entre los ocho y los doce años, según el proyecto), al 1,8% del interés y el 0,50% de comisión, más las comisiones del aval.
El presupuesto prevé alcanzar para unas 1.500 empresas, extendiéndose el plazo a finales de 2023 o hasta que se agoten los recursos. A 30 de septiembre, las SGR habían formalizado 800 operaciones por valor de 210 millones de euros, lo que mueve a Lores a calificarla como una línea “que está teniendo una buena acogida y está funcionando muy bien”, hasta el punto de ser “uno de los pocos temas de Next Generation materializados”, ya que se puso en marcha hace apenas cinco meses.
Las subvenciones están llegando con apenas tres o cuatro de margen y se aplican a “reducir deuda”, completa Antonio Vega, director general de Garántia Andalucía SGR. Este programa, calificado como un “éxito”, es además un “excelente ejemplo de colaboración público-privada”, al conseguir una “atomización importante” en la inyección de fondos públicos.
Una alternativa complementaria al banco
Las principales beneficiarias de las SGR son empresas de menos de 25 trabajadores en su plantilla, siendo receptoras de hasta el 75% de la financiación total, apunta Montes. Debido a la mayor vulnerabilidad que presentan ante los reveses económicos, las iniciativas de estas entidades financieras han ido encaminadas a apoyar a pymes y autónomos. Durante la pandemia, se habilitaron unas líneas Covid y, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, han lanzado unas “líneas especiales” para financiar tanto el circulante como la inversión para aquellas compañías especialmente afectadas por el encarecimiento de las materias primas o los costes energéticos.
Sin ir más lejos, en julio del año pasado vio la luz Aquisgrán, un fondo de titulización general creado por las SGR que se fondea a través de bonos emitidos y suscritos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la garantía del Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Una vez disponibles, esos fondos costean préstamos avalados por las SGR y cubiertos por CERSA. Es, detalla Montes, “una alternativa complementaria a la pyme para financiarse en algo que no sea estrictamente en los bancos”, concediendo financiaciones a un plazo máximo de diez años y un tipo fijo de interés (del 3,9% en la actualidad).
Además, en el aspecto de la digitalización está la plataforma ‘Con Aval Sí’, un proyecto sectorial creado en 2017 que actúa como una “vía digital de entrada de operaciones y solicitudes” fundamental durante la pandemia, precisa Vega, época en la que multiplicó por cuatro el volumen de solicitudes tramitado respecto a 2019 (41.498 solicitudes, por un importe de 4.393 millones de euros). Al respecto, destaca cómo está reduciendo las brechas de la “exclusión rural”, pudiendo “estar cerca de las empresas” en aquellas poblaciones alejadas a las que les cuesta más trabajo acceder a sus servicios.
Si bien el modelo al que aspiran las SGR es mixto: “hay muchas empresas que lo que quieren es una voz amiga, tenerlos delante, y asesorar”, señala, por lo que también recuerda que la red de oficinas de las SGR en todo el territorio español está abierta para cualquier empresa o institución. En Andalucía, territorio de su competencia, Garántia ha iniciado una colaboración con la Junta para ayudar a las empresas industriales, además de habilitar una ventanilla para las gasolineras ante los problemas con el circulante.
Este asunto, junto al de la caída de los créditos ICO debido al hundimiento de la garantía del 80%, brindan la oportunidad para que las SGR se conviertan “en proveedor habitual de las pymes”, concluye Vega.
El papel de CESGAR en el ecosistema pyme
Sector. La financiación facilitada por el sector ya beneficia a 168.356 pymes, autónomos y emprendedores, que mantienen activos créditos y préstamos por valor de 6.923 millones de euros (riesgo vivo) y contribuyen al mantenimiento de 953.037 puestos de trabajo. Solo en 2021, más de dos millones de pymes (57,9%) necesitaron financiación, el porcentaje más elevado de la serie histórica, según la XI edición del Informe de Financiación de la Pyme elaborado por CESGAR.
Amortización. Dos de cada tres empresas con apoyo de las SGR afrontan la amortización de sus préstamos o créditos en un plazo superior a los 8 años y en un 89% de los casos, el periodo de devolución establecido se sitúa por encima de tres años.
Bancos. Las SGR tienen firmados convenios con Banco Santander, Banco Sabadell, Caixabank, Bankinter, Banco Cooperativo, Cajamar, Ibercaja, Abanca y Grupo Caminos, pero se muestra totalmente abierta a colaborar con todo el ecosistema bancario. El aval de una de estas entidades financieras asegura la devolución del crédito para el banco.
Socios. En la actualidad, CESGAR cuenta con un total de 168.356 socios y tiene el respaldo de más de 800 instituciones consideradas como socios protectores. La confederación está presente en todas las comunidades autónomas, además de contar con una sociedad de carácter sectorial, pudiendo respaldar cualquier proyecto viable en cualquier rincón del territorio nacional. De hecho, más del 80% de las operaciones que llegan a la ventanilla de una SGR son aprobadas.
Visibilización. La asociación tiene como uno de sus principales retos aumentar el conocimiento del ecosistema pyme y autónomo sobre los servicios que realizan. Por esta razón, están realizando un estudio para identificar el grado de conocimiento y percepción que las empresas tienen de las SGR, con el fin de identificar posibles mecanismos de actuación que ayuden a mejorar el nivel y calidad de ese conocimiento.
