Colombia tuvo un rol central en este asunto. Las cosas son así: en 1981 se realiza un Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en la ciudad de Bogotá. (Aunque cabe hacer aquí una precisión histórica, pues a ciencia cierta, ya se había dado un primer encuentro feminista internacional cincuenta años atrás, concretamente en 1930, e impulsado por una gran colombiana, doña Ofelia Uribe de Acosta).
En el congreso de 1981, en plena efervescencia política –hay aun partidos de izquierda, organizaciones sindicales, y las reivindicaciones feministas están muy vivas- no se habla aun de “feminicidios”. De hecho, la violencia contra las mujeres no fue el tema principal del Congreso. Buena parte de las charlas se dedicaron a definir los ámbitos del feminismo y de la lucha política (muchas de las asistentes dejaron constancia de la dificultad de militar como feministas en organizaciones y partidos de izquierda que replicaban el machismo estructural de la sociedad).
Sin embargo, la delegación dominicana (la más numerosa después de la colombiana) recuerda el crimen contra las hermanas Mirabal. La solidaridad con ellas fue inmediata, y es así como en ese Congreso en Bogotá se decide que el día de su asesinato debe ser rememorado.
Casi veinte años después, en 1999, la ONU declaró el 25 de noviembre como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Esto implica una mayor toma de conciencia institucional de las violencias múltiples que son ejercidas contra las mujeres. El reclamo no proviene ya de un sector social de avanzada -las feministas-. En adelante, se multiplican campañas para identificar esa violencia y luchar contra ella.
Veinte años después, en estos años 2020, todos los gobiernos democráticos se pronuncian en esta fecha para dar cuenta de sus políticas públicas contra las violencias hacia mujeres y niñas: el presidente Boric en Chile está impulsando una ley integral de violencia contra las mujeres; el recién elegido presidente Lula en Brasil sacó un video de campaña contra esas violencias; Biden en Estados Unidos recuerda las medidas que ha tomado desde su época de senador para luchar contra estas violencias; Macron en Francia le dedicó el día entero a esta causa, incluso reuniéndose con mujeres víctimas de violencias; Sánchez en España hizo declaraciones… En suma, todos se pronuncian ese día, quieren mostrar su compromiso con esta causa y explican sus acciones para cambiar el estado de las cosas.
¿Y en Colombia? Vivimos en estado de calamidad. Cualquiera que lea o vea la prensa regularmente es testigo indirecto de los crímenes horrendos que sufren mujeres por parte de sus cónyuges o ex cónyuges (la mayoría de las mujeres adultas), y también por parte de sus padres, hermanos (un altísimo porcentaje de menores, la mayoría niñas). La crueldad, la venganza, la sevicia son la marca de estos crímenes.
Mujeres y niñas de todos los estratos sociales, de todas las regiones de Colombia, de grandes ciudades y de veredas lejanas, mujeres mestizas, blancas, negras, indígenas, padecen en silencio una guerra no declarada. Es constante el flujo de noticias de violencia patriarcal: el desquiciado que se venga de su ex asesinando al hijo, el adolescente que mata a su novia, la esposa acosada por su marido y asesinada por él, la mujer trans asesinada en la calle, para citar sólo casos de reciente ocurrencia.
Cuando se miran, agregados, estos casos, da escalofríos: en lo que va corrido de este año, se han contabilizado 140 feminicidios y se han señalado más de 45 mil denuncias por violencia intrafamiliar (datos de Procuraduría). Sabemos también, que en Colombia, casi la mitad de los delitos sexuales que llegan a conocimiento de los organismos del Estado son cometidos contra menores de 13 años.
¿Y qué hace el gobierno? A ciencia cierta, no lo sabemos. Nos informa rápidamente el canciller que esta será la causa de la primera dama. En efecto, sabemos que ella ha incidido en nombramientos institucionales importantes (el Icbf, la Consejería presidencial para la niñez). ¿Es esto una buena noticia? Por supuesto, es bueno que haya una mayor implicación por parte de todos los ciudadanos. Ahora bien, delegarles estas tareas a amigos de la primera dama es regresar treinta años atrás, cuando los temas que entonces eran considerados de la esfera doméstica (niñez, mujeres) se les entregaban a sectores que trabajan con la premisa de la caridad cristiana o el paternalismo clasista, amén del nepotismo.
Sabemos también que existe la voluntad de crear un Ministerio de la Igualdad, que a priori tendrá como uno de sus objetivos principales apersonarse de este asunto. Es evidente, sin embargo, que no se puede esperar a que esté listo su decreto de funcionamiento para que, de verdad, se promuevan las medidas que compete emprender.
El final del mes de noviembre debe ser el mes del balance de cada gobierno con respecto a las violencias que padecen la mitad de sus gobernados, las mujeres. Y justamente, en este mes, desde diferentes sectores conscientes de la sociedad (feministas, concejales, académicos, ciudadanos comprometidos, congresistas) se le está pidiendo al presidente Petro que se declare una emergencia en Colombia por violencia patriarcal.
Esta declaración implicaría promover acciones reales para el cumplimento de las leyes que ya existen para combatir las violencias y poner este tema en la agenda central de una “paz total”. Colombia no puede seguir observando pasivamente la guerra que se libra en casi total impunidad contra la mitad de su población.
