Unos días después de que se conociera la renuncia del Gobierno al almacén temporal centralizado para almacenar el combustible gastado de las centrales españolas, el ministerio de Teresa Ribera ha impulsado unas jornadas internacionales sobre el próximo reto de los residuos nucleares: construir un almacén donde depositarlos para siempre.
A su inauguración acudió la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, que indicó que el interés del Ejecutivo es que España disponga de estas instalaciones “cuanto antes”, unas prisas que contrastan con la desidia del Ejecutivo con el ATC, la solución más barata y eficiente, según los expertos, para almacenar los residuos hasta la construcción de su almacén definitivo y que el Gobierno ha sustituido por siete almacenes, uno por central.
¿Qué es el AGP?
La última versión del Séptimo Plan de Residuos Radiactivos esboza un calendario sobre la construcción del denominado Almacén Geológico Profundo (AGP), que se quiere tener listo para 2073 aunque, según Aagesen, el deseo es acortar los tiempos. Se trata de un almacén subterráneo construido en terrenos considerados geológicamente estables, a una profundidad de entre 500 y 1.000 metros. En el mundo sólo existe uno, el WIPP, en Estados Unidos, destinado a residuos nucleares militares, pero ya está en construcción uno en Finlandia mientras que países como Francia, Reino Unido y Suiza también tienen avanzados sus proyectos.
Según el consenso internacional es la solución más eficaz para los residuos nucleares de alta actividad, aquellos que emiten radiación durante miles de años y para los que en los años setenta llegaron a plantearse soluciones como sumergirlos en fosas marinas o incluso lanzarlos al espacio.
Con este proyecto, España se sumaría a otros países que tienen estas instalaciones en sus planes. Según el presidente de Enresa, estos años de experiencia internacional servirían para que nuestro país acortara los plazos. Sobre el seminario y sus intervenciones, no obstante, sobrevolaban los años de retrasos, polémicas y rifirrafes políticos en torno al ATC y el precedente que supone para un proyecto que esta vez no sería temporal sino definitivo y que, supondrá tener enterrado en un único punto todo el combustible radiactivo y desechos nucleares de las centrales españolas.
Blindado por ley
En su intervención, Navarro recordó que el AGP lleva sobre la mesa desde 1987 pero que los trabajos se paralizaron en 1996. Desde Enresa, señaló, tienen el máximo interés en una instalación que permitiría “recortar costes” y “liberar emplazamientos nucleares”. La cuestión esencial es tener en cuenta “el tema social y la participación pública” y llegar a “proyectos consensuados” y claros”. Ahora toca, en su opinión, la tarea de “sensibilizar” y “compartir” para empezar a dar pasos lo antes posible.
Con el portazo al ATC reciente, achacado precisamente a motivos sociales, según el Gobierno, Navarro apuntó que será necesario “aspirar a lo máximo”, a una ley que blinde el proyecto, “con una mayoría importante” y que dote al almacén “de una estabilidad en el tiempo” ante “gobiernos locales que van cambiando” y “una opinión pública que evoluciona”. Tiene que ser a su juicio una “cuestión de Estado, atemporal, que prevalezca sobre cualquier cambio de gobierno”.
Un proyecto “DADA”
Similar consideración hizo el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear: Juan Carlos Lentijo destacó que lo más importante ahora es fijar unos criterios para la selección del emplazamiento y “acertar con los aspectos sociales y sociopolíticos“. “Si no acertamos, el nivel de frustración va a ser importante y vamos a tener problemas con la gestión de combustible a largo plazo”, indicó.
Más elocuente fue el ingeniero José Antonio Gago, que avisó del peligro de que este proceso acabe en “DADA”: “Se decide, se anuncia, se defiende y se abandona“, en clara alusión a lo ocurrido en Villar de Cañas con su elección en 2011, la batalla contra el proyecto de políticos y ecologistas y su progresivo abandono hasta el carpetazo final.
