El comité de expertos convocado por el Ministerio de Trabajo se reunirá esta semana para comenzar a abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2023, y para ello cuenta ya con tres informes en los que se exponen los efectos que provocó en el mercado laboral el incremento de 2019, cuando se elevó de los 735,9 euros mensuales (repartidos en 14 pagas) hasta los 900. Y en todos ellos se reconoce que el aumento del salario base provocó una disminución de la desigualdad salarial entre los trabajadores que lo percibieron; además de una mejora que se extendió también a aquellos con sueldos algo más elevados debido al efecto rebote que generó en la pirámide salarial. Sin embargo, uno de los tres documentos alerta de que esa subida del 22% (la más alta hasta el momento) provocó que se creasen alrededor de 28.000 empleos menos, y perjudicó singularmente a los trabajadores mayores de 30 años y con jornada completa.
Los tres informes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, estudian desde diferentes planos los efectos derivados de la subida de 164 euros de hace tres años y han sido elaborados por la Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación ISEAK. Mientras que los dos primeros son algo más esquemáticos, el tercero —que firma la organización que dirige la economista Sara de la Rica— lleva a cabo un análisis algo más minucioso a la hora de determinar los impactos positivos del alza, como en su evaluación sobre los efectos que esta produjo en el empleo.
Tomando como referencia los datos de 2018, el estudio de ISEAK concluye que un 9% de la población asalariada (unas 3.200.000 personas) se benefició de la subida del SMI, y que tuvo un mayor impacto en el colectivo de mujeres trabajadoras (56,8%). Además, resuelve que este incremento cumplió con el objetivo de “comprimir la distribución salarial” y que la medida provocó un efecto más positivo entre los empleados más jóvenes y los extranjeros.
Este documento señala, a partir del estudio de la evolución del número de trabajadores afectados por la subida del SMI durante 2019 y los que no lo fueron, que, al final de la curva, existían más probabilidades de mantenerse en el empleo sin una reducción de la intensidad laboral (como una reducción de la jornada) entre los que no habían sido impactados por la subida del SMI (76,5%), que entre los que sí (73,7%). “Se puede concluir que el impacto es nulo o muy pequeño en los primeros meses tras el aumento del SMI —las diferencias apenas llegan a sobrepasar un punto porcentual—, sin embargo, un año después existe un ligero impacto negativo en el empleo de 2,8 puntos porcentuales”.
A partir de esta diferencia se llega hasta la conclusión (y la estimación) de que con la subida de 2019 se dejaron de crear unos 28.000 puestos de trabajo. Una cifra que, sin embargo, es inferior a la proyectada en sus estudios por el Banco de España (100.000 empleos menos) y por parte de la Autoridad Fiscal (40.000).
En el análisis por colectivos, el informe de ISEAK, de 17 páginas, señala que “los efectos de la subida del SMI no se produjeron de manera homogénea”, sino que afectaron especialmente “a algunos grupos poblacionales”. Entre ellos, destacan a las personas mayores de 30 años, puesto que son las que resultan más afectadas “tanto en pérdida de empleo” como en “ajuste de horas trabajadas”, y a aquellas con empleos a jornada completa.
La comisión de expertos tiene como mandato establecido, además de determinar en cuánto ha de incrementarse el salario mínimo en 2023 para alcanzar el 60% del salario medio neto en España —compromiso adquirido por el Gobierno tras suscribir la Carta Social Europea—, evaluar los efectos que la subida del salario mínimo tiene en la lucha contra la pobreza. En esa línea, el informe de la Universidad Complutense establece que con el aumento de 2019, el número de personas que tenía ingresos superiores al 60% del salario medio en 2018 creció del 23,7% al 38,6%; y que “dos de cada tres personas afectadas han exhibido trayectorias laborales que, o bien salen, o bien se mantienen fuera de la pobreza salarial”.
Elasticidad positiva
En este documento de la Universidad Complutense, se determina que los sueldos de los trabajadores que cobraban por encima del salario mínimo en 2019 se incrementaron entre un 1,32% y un 3,3%; y, en consecuencia, concluye que por cada incremento del SMI en un 1%, el salario del resto de trabajadores sube en un 0,132%. “Debido a que la elasticidad encontrada es positiva y significativa, la revalorización implicó un aumento en el conjunto de los salarios”, matiza el texto.
Por su parte, el estudio de la Universidad de Alcalá, además de secundar las conclusiones del resto de textos, pone el acento en que “entre 2018 y 2019 los porcentajes de los hogares con al menos una persona con salarios iguales o inferiores al SMI disminuyeron sustancialmente”, lo que permitió que la proporción de hogares en riesgo de pobreza monetaria que tienen a alguna persona asalariada que recibe un salario igual o inferior al SMI disminuyera del 62,3% al 55,9%. El documento, de siete páginas, cifra en unos 200.000 hogares los que salieron del umbral de la pobreza.
Estos tres informes no cuentan, sin embargo, con carácter vinculante, y, simplemente, sirven de contexto para que el comité de expertos lleve a cabo su tarea. Aunque desde el Ministerio de Trabajo no han hablado de cifras, los sindicatos han reclamado que el salario mínimo se sitúe en enero del próximo año en los 1.100 euros mensuales, ya que, consideran, que una subida inferior no garantizaría el poder adquisitivo de los beneficiarios dada la elevada inflación. Para delimitar cuál será la horquilla final, este grupo dispondrá de un mes para realzar sus proyecciones, por lo tanto, no será hasta diciembre cuando se dé a conocer la cuantía del nuevo aumento.
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