El Banco Central Europeo ha publicado un dictamen sobre el impuesto temporal a la banca que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez. En el documento, el organismo pide al Ejecutivo que realicen un «análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas« del impuesto a la banca. El BCE asegura que este impuesto pone en riesgo la concesión de crédito, por ello insiste en que hay que garantizar que no plantee “riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real». Además, pide que el tributo sea repercutido a los clientes.
El gravamen debe considerarse “cuidadosamente en lo que se refiere a su impacto en la rentabilidad de las entidades de crédito afectadas y, por tanto, en su generación interna de capital y en su concesión de crédito”, señala el banco central en su dictamen.
El BCE apunta que esta recomendación es «especialmente pertinente en el actual entorno económico y financiero”, apunta en el documento, ya que, tal y como explica, presenta una gran incertidumbre, y ante la perspectiva de que las provisiones para pérdidas crediticias de las entidades de crédito aumenten debido a la acusada ralentización prevista de la actividad económica real.
En este contexto, el supervisor considera que debe tenerse en cuenta que las entidades de crédito ya han tenido que registrar provisiones más elevadas con respecto a su exposición a empresas no financieras activas en sectores con un elevado consumo energético. Asimismo, el organismo europeo ha señalado que este gravamen podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades. Asimismo, ha apuntado en el comunicado que “parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no”.
A este respecto, el BCE recuerda que espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda.
El Congreso acordó a finales de septiembre pedir al BCE a través del Banco de España su opinión no vinculante sobre el impuesto a la banca. De esta manera, se evitó que la institución europea emitiese su dictamen por propia iniciativa.
Fuentes del Gobierno recuerdan que el informe del BCE «no tiene carácter vinculante» y añaden que no es una opinión en contra del gravamen, sino que «hace recomendaciones y se pronuncia sobre aspectos técnicos de la norma que considera necesario aclarar». De hecho, apuntan que son consideraciones «relevantes» que fueron tenidas en cuenta por el Gobierno antes de hacer la propuesta.
En relación con la situación de las Entidades Financieras, las fuentes explican que los resultados que se conocieron la semana pasada de los bancos «apuntan a un fuerte incremento de los beneficios en los 9 primeros meses del año como consecuencia, entre otros aspectos, de la subida de tipos de interés y de que la remuneración de los depósitos todavía se mantiene contenida».
Además, aseguran que el sector bancario se encuentra en una posición «muy sólida en términos de solvencia» y en el análisis previo que han realizado «nos prevemos que tenga un impacto significativo tanto por su naturaleza temporal como por la calibración y diseño del mismo». Finalmente, en relación con la competencia, entienden que el horizonte temporal minimiza cualquier efecto distorsionador.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, anunció en el debate del estado de la nación la creación de una tasa temporal sobre los bancos y las grandes empresas energéticas. El Ejecutivo envió al Parlamento en julio un proyecto de ley, que se encuentra en fase de enmiendas y que se aprobará antes de finales de año. El objetivo es recaudar 7.000 millones de euros de los dos gravámenes hasta 2024 para aliviar las presiones del coste de la vida.
En el caso de la prestación patrimonial no tributaria de los bancos, el Gobierno pretende obtener 1.500 millones de euros en 2023 y otros 1.500 millones en 2024 (los dos años en los que va a estar vigente el impuesto). El gravámen incluiría una carga del 4,8% sobre los ingresos netos por intereses y las comisiones netas de los bancos.
Al proyecto de ley solo se ha presentado una enmienda de totalidad, registrada por Ciudadanos con texto alternativo para proponer un cálculo diferente de estos tributos, después de que el PP renunciara a registrar un veto a pesar de haber sopesado esa posibilidad. No obstante, en comisión hay plazo hasta el 10 de noviembre para presentar enmiendas parciales por parte de todos los grupos que cambien aspectos concretos del texto. Desde Ceca (la patronal de las antiguas cajas de ahorro) pedían a los partidos de la oposición que presentasen una enmienda a la totalidad que tumbase el impuesto.
Este impuesto ha sido rechazado de manera unánime por todos los bancos españoles a los que les va a afectar y también por las asociaciones bancarias (AEB y la CECA). En un primer momento, el sector rechazó este impuesto porque explican que se ha anunciado sin hablar con el sector, sin la concreción necesaria y sin tener en cuenta que la subida de tipos no es algo extraordinario, sino que es el negocio de la banca “comprar y vender dinero”, apuntaban fuentes del sector.
A finales del mes de julio, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se reunió con los representantes de las patronales y de los bancos para tratar el tema del impuesto. Sin embargo, la también vicepresidenta primera del Gobierno no detalló nada del impuesto. Sin embargo, la semana siguiente ya se explicó la carga del 4,8%. Una decisión que sigue suscitando el rechazo del sector.
El sector creó un argumentario en el que explican por qué consideran que el gravamen es malo para la economía. Una de las principales razones es porque impactará en 1.950 millones de euros en el Producto Interior Bruto (PIB) cada año, es decir, en 3.900 millones los dos años en los que esté en vigor. Según explicó la Asociación Española de Banca (AEB), por cada 100 euros de recaudación del impuesto, el PIB se reduce en 130 euros.
