Recursos destinados por el Gobierno para educación, salud, protección social, vivienda y cultura así como recreación pasaron de estancamiento en los últimos tres años a cifras en rojo, los peores niveles en más de una década.
El gasto social en Costa Rica, que ha sido factor clave para diferenciar el desarrollo del país y debía ser bastión para la recuperación de los sectores vulnerables tras la crisis del COVID-19, sufre de una caída histórica que se está agudizando.
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves remitió un gasto social en el proyecto de presupuesto por ₡4.631.123 millones, que representa el nivel más bajo de una década: apenas 9,8% del Producto Interno Bruto (PIB), según los datos remitidos por el Ministerio de Hacienda. (Ver gráfico)
No solo rompe con la barrera de representar menos de un 10% del PIBen la previsión de recursos del Gobierno Central, sino que evidencia un deterioro en su comportamiento anual: luego de que en el 2015 tuviera un aumento de un 12,7%, el presupuesto para gasto social registró cada año menores crecimientos, y del 2020 al 2022 se pasó al estancamiento.
Ahora, el gobierno de Rodrigo Chaves profundizó este desgaste, ya que el presupuesto del 2023, enviado a los diputados, representó una caída de 1,1% con respecto al proyecto del 2022 (ver gráfico).
Quiere decir que la inversión social del país se está alejando de niveles de protagonismo, que lo convirtieron en uno de los modelos para América Latina (ver nota aparte, “Costa Rica se rezaga…”), luego de que la pandemia por el COVID-19 más bien impulsa la necesidad de recurrir a estos recursos para apoyar a sectores vulnerables.
La raíz de esta situación estaría en una visión que identifica el problema económico fundamental con el excesivo gasto público, resaltó el economista Daniel Vartanian. “Vemos un avance en políticas neoliberales, que tienen como premisa reducir el gasto público y donde mejor lo hacen es en las políticas sociales. Esa reducción es coherente con este pensamiento”, expresó.
El exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez opina que en el debate público no se están valorando las consecuencias de muchas de las acciones en esta materia. “Estamos tan metidos en esa lógica de austeridad, que creemos que va a resolver por sí sola los problemas, ese ha sido el gran error en el mundo, lo que pasó en Grecia y otros sitios, donde la lógica de austeridad resuelve problemas de corto plazo pero genera otros, que se deben arrastrar luego”, dijo.
Dimensionando la caída
No se trata solo de priorizar la inversión económica sobre la productiva, sino de los elementos que están asociados con la dimensión real de la caída en el gasto social.
Para empezar, será mayor de lo que sugieren las cifras en frío. “Al apegarse al tema de la regla fiscal, este mecanismo obliga a crecer menos que el rendimiento de la producción, por lo que todas las variables de la inversión social decrecen con respecto al tamaño de la economía, pero súmele que la inflación es más alta que el crecimiento que tenemos en el gasto, eso se está agudizando”, explicó Rodríguez
Es decir, con una inflación que registró un aumento interanual de 10,7%, el impacto de los recortes es más severo para una inversión social que debe atender más personas con menos recursos.
No es un tema menor. “Estamos hablando de que casi una tercera parte de la población del país se sustenta con el aporte de las transferencias sociales”, enfatizó la economista Ana Rosa Ruiz. “Por un lado, vemos que reciben menos apoyo para sobrevivir y aunque en algunos casos parece que hay crecimientos absolutos en la inversión social, en términos reales, en términos per cápita, se está reduciendo”, expresó.
Algunas de las conclusiones son obvias: “nos vamos a empobrecer, Costa Rica está perdiendo la capacidad de atender poblaciones vulnerables”, dice Rodríguez, quien resalta que, además, en los años recientes las herramientas de políticas sociales estaban teniendo problemas para lograr resultados. Puede citarse el estancamiento de los indicadores de pobreza (20% de 1994 a 2020), y el deterioro en índices de desempleo (de 10% a 12% antes de pandemia) y de desigualdad en el país (aumento de coeficiente de Gini, de 0,48 en 2010 a 0,52 en 2021).
Ruiz también destaca que esta dinámica aumenta las brechas sociales, particularmente, en la zona rural. “Si comparamos las cifras del 2020, 2021, vemos que el ingreso en el área urbana aumentó un 13%; en la zona rural un 1,1%, por debajo de la inflación. Y son las poblaciones que más dependen de las transferencias sociales, de que la política pública invierta en esas regiones. Estamos reforzando las tendencias que incrementan la pobreza”, manifestó.
Así que no se trata solo de los recursos que se destinan a los menos favorecidos: tiene que ver con el desarrollo social, con mantener la educación como pilar de movilización social y la producción, la salud como factor de crecimiento, y no dejar a otros atrás. “Estamos jugando con algo muy delicado, el futuro de muchas personas y jóvenes”, enfatizó Ruiz.
Educación se aleja de mandato constitucional
El principal componente del gasto social en Costa Rica no escapa del castigo que reciben los integrantes de esta inversión.
El presupuesto de ₡2.523.780 millones en este rubro representa apenas un 5,3% del PIB, su nivel más bajo en la década, y su caída de 1,5% con respecto al proyecto del año anterior es superior a la baja general del gasto social, de 1,1% en este año.
Esto lo aleja del mandato constitucional de un 8% del PIB, definido en el artículo 78 de la Carta Magna: aún sumando los recursos del Fondo Especial para la Educación (FEES), que representan un 1,1%, el país está lejos de cumplir este requisito.
Un panorama poco esperanzador para el factor que se convirtió en el pilar del desarrollo nacional y que, como señala la economista Ana Rosa Ruiz, es el principal motor para la movilización social. “Muchos de estos jóvenes, si los perdemos, será algo irrecuperable, porque una vez que salgan de las aulas, difícilmente vuelven”, dijo.
Protección Social en nivel más bajo
En el área de Protección social se incluyen los recursos destinados a servicios y transferencias para sectores vulnerables (marginación, adulto mayor, desempleo, entre otros).
Aunque este año fue el único de los componentes del gasto social que reportó un incremento nominal con respecto al año pasado (₡1.167.028 millones representaron una mejora de un 1,3%), aún así, en términos del PIB, no se salvó de su peor registro en la década: 3,4%.
Esto a pesar de que las secuelas por la pandemia en el país todavía persisten: la pobreza se mantiene en un 23% en la medición de INEC del 2022, el mismo registro del 2021, y por encima del histórico 20%.
Salud se enferma tras pandemia
En la función de salud se consideran todas las erogaciones en servicios prestados a particulares y a colectivos en los distintos niveles de atención, tanto en programas de tipo preventivo como curativo. Era lógico suponer que, en medio de la pandemia del COVID-19, esta área iba a requerir mayores recursos.
Pero el sector recibió apenas un 3% más en sus presupuestos del 2020 y el 2021, y para el 2022 incluso tuvo una reducción del 1,3%. Pero lo peor estaba por llegar luego de la pandemia, ya que para el 2023, los ₡312.713 millones presupuestados apenas representan un 0,7% del PIB —lo más bajo de la década— y ese monto registra una caída de un 8,4% con respecto al año anterior.
Señal de que la pandemia dejó secuelas que van más allá de la presencia del virus.
