Desde esta columna hemos dicho insistentemente que, por las características de la actual inflación, es necesario que las autoridades gubernamentales actúen, de acuerdo con sus competencias, para enfrentar el preocupante incremento del nivel general de precios. De lo contrario, le corresponderá al Banco de la República seguir aumentando las tasas de interés.
Sin duda, el tema de la devaluación actual está asociado al de la inflación. En un país en el que se importa el 30 % de los alimentos, llega del exterior el 20 % de los agroinsumos, los bienes de capital externos son determinantes de la producción industrial y cuya deuda externa privada es superior al 20 % del PIB, el comportamiento de la tasa de cambio es determinante del nivel de precios de la economía.
En medio de tanta incertidumbre, el Gobierno no puede proponer, sin facultades, un control de cambios que desestimule las salidas de capital
Pese a esta realidad, la política fiscal del nuevo gobierno y la incertidumbre que reina han venido presionado la devaluación del peso, con las consecuencias sobre la inflación que ya se conocen. Al punto de que, al revelarse la ponencia de la reforma tributaria, la TRM pasó esta semana de los $ 4.600 y mantiene una tendencia creciente que no se les puede achacar a los llamados capitales golondrina. Es efecto de las decisiones empresariales que, en un mundo global, prefieren mantener sus dineros en países en los que los impuestos favorecen su rentabilidad, justo en momentos en los que, además, están subiendo las tasas internacionales.
Aun así, el Gobierno persevera en mantener una reforma fiscal que le quita al país competitividad por el capital. La tributaria es hostil a la inversión. Solo en los sectores de petróleo y minería, que representan el 55 % de nuestras exportaciones y serán responsables de casi la mitad del nuevo recaudo tributario, las desinversiones habrán de tener un impacto mayúsculo en la futura tasa de cambio.
En este escenario, de por sí complejo, lo que sí no puede ocurrir es que desde el alto Gobierno se introduzcan mayores factores de incertidumbre, como sugerir la puesta en marcha de un control de cambios, para desestimular las salidas de capital e intervenir por esa vía la TRM, con el agravante de que el Ejecutivo no es en Colombia la autoridad cambiaria. En efecto, dicta la Constitución que la junta directiva del Banco de la República es la autoridad que gobierna el mercado de los cambios internacionales.
No por otra razón, la intervención propiamente dicha en el mercado cambiario le corresponde al Banco de la República por decisión de su junta directiva, como lo estableció el legislador (art. 16 –literal i– de la Ley 31 de 1992). En este tipo de decisiones puede actuar, claro está, el ministro de Hacienda, en representación del Gobierno, pero si no hay acuerdo, dice la misma ley, “prevalecerá la responsabilidad constitucional del Estado de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, lo que les otorga una preeminencia a las atribuciones de la junta del Emisor.
Lo anterior quiere significar que le está vedado al Ejecutivo actuar en este campo, tanto más cuando sus anuncios conducen a una alarma generalizada de los agentes económicos, como la que ha tenido que soportar en varias ocasiones Argentina. Es más, aunque es de competencia del Gobierno y el Congreso proponer tributos, la imposición de impuestos transitorios a los flujos de capital, solo para incidir en la TRM y no propiamente por razones de la fiscalidad nacional, constituiría una desviación de poder y haría de dicha normativa una regulación manifiestamente inconstitucional, porque –hay que repetirlo hasta la saciedad– solo la junta del Banco de la República puede intervenir el mercado cambiario.
En estos términos, lo deseable sería que los trinos palaciegos guardaran silencio sobre asuntos que no son de su competencia, el gerente del Banco de la República salga al ruedo a reivindicar la autonomía del Emisor y el ministro Ocampo haga una rectificación categórica, para no dejar sospechas en un terreno en el que las llamas empiezan a crecer.
Taponazo. Solo entre el 4 y el 6 de octubre, tiempo de aprobación de la tributaria en el Congreso, el peso se devaluó más del 3 %.
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
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