Acuerdo de madrugada para aprobar los últimos Presupuestos Generales del Estado de la Legislatura. Apenas horas antes de la celebración del Consejo de Ministros que dará luz verde a las cuentas, ambas formaciones han llegado a un pacto para sacarlas adelante.
El acuerdo se ha formalizado este martes en una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quienes mantuvieron un encuentro en la Moncloa para simbolizar el consenso. Posteriormente, el pacto será sometido a Consejo de Ministros para su aprobación.
Díaz ha revelado en Twitter algunos detalles del acuerdo, que busca “proteger el poder adquisitivo de las familias españolas”. Entre las medidas destacadas por la vicepresidenta segunda, distingue un refuerzo de 600 millones de euros al Plan de Choque en Dependencia, un aumento del IPREM hasta los 600 euros mensuales y una “prestación de crianza” de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años. La ministra de Trabajo también ha precisado que el Ingreso Mínimo Vital aumentará en los mismos términos que las pensiones. “Dejamos atrás el último recorte del PP en materia de desempleo y recuperamos el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación”, ha subrayado.
El pacto llega tras unas negociaciones en las últimas semanas entre los dos socios de Gobierno, en medio de una coyuntura económica adversa derivada de la guerra en Ucrania y sus efectos en el mercado energético. Las conversaciones se aceleraron de madrugada, después de que en la noche de este lunes Yolanda Díaz advirtiera que seguían existiendo diferencias dentro de la coalición para cerrar las cuentas, sobre todo en temas de vivienda y concretamente en el tema de los precios de los alquileres.
A la espera de conocer el detalle concreto del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, fuentes de Moncloa han comunicado que los Presupuestos Generales del Estado 2023 incorporarán “el mayor gasto social de la historia”. Además, “garantizarán el poder adquisitivo” de los pensionistas y “mejorarán las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos”.
La semana pasada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio a conocer algunas medidas fiscales que acompañarán a los Presupuestos. Entre ellas, anunció un nuevo tributo extraordinario temporal a las grandes fortunas, con patrimonios superiores a los tres millones de euros, o la limitación de las bases negativas para grandes empresas. En cuanto al IRPF, anunció una rebaja para las rentas del trabajo por debajo de 21.000 euros. También se elevará un punto, hasta el 27%, la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a 200.000 euros, y para las plusvalías superiores a 300.000 euros, se elevará hasta el 28%, dos puntos más. En el apartado del IRPF también se incluye una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de los módulos para los autónomos.
En cuanto a las pensiones, el Gobierno se ha comprometido a revalorizarlas con el IPC una medida que, según aseguró el presidente del Ejecutivo, está “garantizada por ley”. El compromiso adquirido por el Gobierno sería su actualización en función de la inflación, empleándose como habitualmente la tasa interanual registrada en noviembre, que según los analistas podría oscilar entre el 7% y el 9%, lo que podría suponer un montante en torno a los 15.000 millones de euros.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha acercado posturas con los sindicatos de la función pública con la subida salarial de los empleados de las administraciones para el periodo 2022-2024, que plantea un incremento retributivo del 9,5% repartido en tres ejercicios.
Menos crecimiento
Ayer en la entrada a la reunión del Eurogrupo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anticipó que el Gobierno prevé elevar su previsión de crecimiento económico para este año desde el 4,3% al 4,4%, pero recortará seis décimas, al 2,1%, sus estimaciones para el producto interior bruto (PIB) de 2023. “Vemos una fuerte actividad y creación de empleo, también en los ingresos fiscales, por lo que todo indica que la economía española, hasta septiembre, sigue creciendo con bastante fuerza”, señaló Calviño.
A finales de julio el Gobierno mantuvo su previsión de crecimiento de la economía española en el 4,3% para este año, pero ya recortó ocho décimas su estimación para 2023, hasta el 2,7%, en un contexto de elevada incertidumbre por el impacto de la guerra en Ucrania y la escalada de precios, especialmente los de la energía.
La mayoría de organismos nacionales e internacionales están revisando a la baja sus previsiones de España para 2023 y sitúan el crecimiento en el entorno del 2%. De hecho, mañana miércoles el Banco de España va a proceder a revisar sus estimaciones económicas para la economía española y todo apunta hacia un empeoramiento.
BBVA ya adelantó que se entrará en recesión en el último trimestre de este ejercicio y el primero de 2023. Según estimaciones del Banco Mundial las posibilidades de una recesión global se dispararán de un 9% al 71%, si EE UU entra en un franco deterioro de su crecimiento económico. Todo indica que la locomotora europea, Alemania, entrará en recesión a principios de 2023, lo que será determinante para el conjunto de las grandes economías europeas.
Todo esto teniendo en cuenta que, al igual que en 2020, 2021 y 2022, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2023. La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero para 2023, conocido como ‘techo de gasto’, que asciende a 198.221 millones de euros, un nuevo récord, superior en un 1,1% al de 2022, incluyendo 25.156 millones de fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% más que el año pasado.
