El presidente Joe Biden ha puesto de relieve un tema que debería ser central también en Puerto Rico, donde más de la mitad de los menores de 18 años vive bajo el umbral de pobreza: es preciso resolver el problema del hambre y de la malnutrición con estrategias integradas de apoyo a las familias.
Biden ha presentado el plan de su administración de extender el crédito contributivo por niños y aumentar el salario mínimo, a la vez que se expanden los programas para reducir las tasas de hambre en Estados Unidos. El presidente hizo el anuncio durante la primera conferencia que la Casa Blanca dedica a los temas de hambre, nutrición y sanidad desde 1969.
Algunas iniciativas requerirán el respaldo del Congreso. Para otras, el mandatario cuenta con alianzas con los sectores privado y sin fines de lucro para alcanzar la meta de erradicar el hambre en Estados Unidos para 2030. A las iniciativas se destinaron $8,000 millones de fondos públicos y privados.
Coincidimos con el presidente: “ningún niño debería irse a dormir con hambre. Ningún padre debería morir de una enfermedad que puede prevenirse”.
El presidente destacó que Estados Unidos es la nación más rica del planeta y que cuenta con todo tipo de recursos. Sin embargo, poco más del 10% de los hogares del país enfrentó inseguridad alimentaria en 2020 y 2021. En el caso de los hogares con menores de 18 años, la tasa aumentó a 12.5%. Informes apuntan a que el estado donde más se vive esta precariedad sigue siendo Mississippi. En esa jurisdicción, una de cada seis personas pasa hambre, incluido uno de cada cinco niños, según ha trascendido.
En Puerto Rico, cerca de la mitad de la población, 1.4 millones de personas, está acogida el Programa de Asistencia Nutricional. El 56.8% de los menores vivía bajo el nivel de pobreza para 2019 y la mediana de ingreso de las familias con menores era $21,492. Datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud exponen que la extensión del crédito federal por hijos a familias con uno o dos hijos tiene el potencial de reducir la pobreza en 3.6% y ayudaría a sacar de esas condiciones de injusticia a más de 13,000 niños de 10 años o menos.
De acuerdo con la Guía para reducir la pobreza infantil presentada por esa entidad puertorriqueña, una de las iniciativas de política pública de más impacto sería crear un programa universal de transferencias directas para familias con niños, a razón de $150 por menor, lo que aliviaría la pobreza en 15.2% con un impacto sobre más de 58,000 menores de 10 años o más pequeños.
Como vemos, las propuestas abundan y las encaminadas por la administración Biden merecen el apoyo bipartito. No obstante esos esfuerzos, el gobierno federal sigue pendiente de cumplir otros compromisos con Puerto Rico como es la extensión a la isla del Seguro Social Suplementario (SSI) que tendría un impacto de $2,300 millones anuales, precisamente, para paliar la precariedad de miles de personas jubiladas, o que sufren alguna incapacidad, y enfrentan necesidades extremas.
Ahora que el presidente ha anunciado su interés de visitar a Puerto Rico, como parte de su atención a los esfuerzos de recuperación del embate del huracán Fiona, todos los sectores puertorriqueños deben hacer causa común para reclamar el cumplimiento de la promesa de extender a la isla el SSI, así como celeridad en el desembolso de los fondos pendientes para reconstrucción. Particularmente, es meritorio reclamar que las familias damnificadas por ciclones, y que padecen hambre y miseria, reciban la misma asistencia de sus conciudadanos continentales.
Mitigar el problema del hambre y de la malnutrición es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Puerto Rico, como Estados Unidos, debe hacerlo una prioridad en su agenda inmediata y de futuro.