El presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, lleva más de dos décadas pilotando el presente y futuro del colectivo. Bajo su mandato, la procura ha conseguido sobrevivir a la amenaza de Bruselas de eliminar las profesiones con reserva o exclusividad de funciones. Estévez explica en esta entrevista a Cinco Días cuál es el futuro de la profesión, tema nuclear de las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno, denominada Los Colegios de Procuradores ante la Transformación de la Procura, y celebradas la pasada semana en Huesca. Siempre, subraya, liderando y adaptándose al uso de las nuevas tecnologías en la justicia. La pandemia ha acelerado el proceso de digitalización y ha supuesto un nuevo desafío con la normalización de, por ejemplo, los juicios virtuales.
El presidente se muestra comprensivo con el malestar de algunos profesionales por la reciente eliminación de los mínimos en el arancel que cobran por su trabajo (veinte colegios, entre ellos el de Madrid, han presentado un recurso al margen del presentado por el Consejo), pero confía en que la actualización de los aranceles llegue en el próximo mes de noviembre. Así mismo, adelanta que están cerca de conseguir convertirse en agentes de ejecución de sentencias, una muy buena noticia por ser una función largamente reivindicada y que actualmente llevan a cabo los juzgados bajo la dirección de los letrados de la administración de justicia. Según un reciente informe elaborado por SigmaDos para la procura, solo una de cada cuatro sentencias se cumple, esto es, se ejecuta, en tiempo y forma. Los exministros Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá ya lo intentaron, pero, con Llop, Estévez cree que saldrá adelante.
En las jornadas se ha hablado del futuro de la procura, ¿Hacia dónde debe ir la procura o por dónde pasar ese futuro?
Fundamentalmente en dos líneas. La primera, consolidar la labor tradicional de los procuradores que toda la vida venimos realizando. Y creo que este camino tiene que pasar por las tecnologías. Hemos sido siempre sus abanderados, pero las tecnologías avanzan a una velocidad de vértigo. En cuanto te descuidas, te sobrepasan. Por eso en las jornadas hemos incluido una ponencia sobre el futuro, que es el presente ya, y tenemos que ir pensando en esas cosas, porque, si queremos ser pioneros, hay que estar ahí. Dentro de poco, el Blockchain, que ahora suena como ciencia ficción, va a ser una realidad pura y dura.
¿El Consejo General de los Procuradores está trabajando para introducir tecnología Blockchain?
Estamos trabajando en todas esas líneas. Estamos trabajando en espacios seguros, para colaborar con la administración de justicia y que los procuradores puedan recibir a sus clientes en estos entornos de los colegios para que puedan, a su vez, comunicarse con los órganos judiciales de manera segura. Tanto a efectos de pruebas testificales, de peritos, como para otorgar un poder. Desconocemos, porque no lo sabe nadie, como va a ser el espacio del futuro, pero sí que ya existen metaversos, avatares, y que es el inicio. No conocemos exactamente cómo va a ser la traslación de las nuevas tecnologías al mundo de la justicia, pero la tendrá, y, cuándo esto suceda, tenemos que ser los primeros en estar ahí. Ese es uno de los caminos de consolidación de la profesión.
¿Cuál sería la segunda línea de evolución de la procura?
El otro camino es el de alcanzar la eterna aspiración de asumir la ejecución de sentencias. Es decir, para que la procura absorba unas competencias que tienen otras profesiones en el mundo avanzado, que son los llamados agentes de la ejecución. No hay ninguna profesión que esté tan preparada para asumir estas funciones, porque nosotros ya venimos haciéndolo toda la vida. Ante las manifestaciones de malestar de los letrados de la administración de justicia, no me cano de decir que nuestra aspiración y propuesta no es quitarle nada a ellos, sino colaborar con ellos y completar su labor. Todo lo que queremos hacer es bajo la supervisión del órgano jurisdiccional, del juez y del letrado. Pero hay muchas cosas que podemos hacer nosotros bajo esa supervisión, que le daría mucha mayor agilidad a la ejecución.
Hemos hablado de futuro, hagámoslo de presente. Algunos decanos han manifestado su malestar por la eliminación las cuantías mínimas en el arancel que cobran por su trabajo. ¿Cuál es el principal problema actualmente de los procuradores?
El problema de mayor actualidad, que se vio ayer en las jornadas, es el tema arancelario, que no es otro que el tema de los ingresos de nuestros despachos, de lo que vivimos todos. Y aquí vienen a coincidir dos elementos catastróficos. El primero es que, entre el año 1991 y el 2003, que es la distancia que va entre el anterior arancel y el vigente, se incrementó en un 10 %, cuando la vida (el IPC) había subido más del 50 %. Ahí ya perdimos dinero. Pero, el problema, es que desde el año 2003 hasta ahora no se ha subido nada, y el IPC ha escalado un 45 %. Con lo cual, llevamos perdido muchísimo dinero desde 1991. Todo eso va minando poco a poco a los profesionales, a los despachos, y, de algún modo, hay que recuperarlo. A eso se une la reforma legislativa, solicitada por Europa, donde el arancel pasa a transformarse en un arancel de máximos. Dice Economía y la Unión Europea que antes era un arancel de mínimo. No lo era. Siempre he discutido eso, era un arancel de fijos, porque era lo mínimo y lo máximo que cobrabas, una cantidad fija. Bien es cierto que un más o menos doce por ciento, pero seguía siendo un arancel de fijos, de ahí no podías moverte. Sumados estos dos factores hace que la gente esté muy nerviosa y preocupada. La transformación en un arancel de máximos, de alguna manera, no se había asimilado por la profesión. Aunque en parte sí, por la Ley 15/2021 sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. También ha pasado que el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, que modificó el arancel para eliminar los mínimos, llegó antes de tiempo. La ministra Llop me llamó para disculparse y me dijo que tenía que sacar el real decreto antes de aprobar el nuevo arancel porque se lo exigían desde Europa para darles el dinero de los fondos. Esa fue la explicación del ministerio. La realidad es que se sacó el real decreto antes de que expirase el plazo de un año que daba la Ley 15/2021 para aprobar un nuevo arancel. Daba un año para hacerlo porque había que renovarlo, y, eso, lleva tiempo. En consecuencia, se ha sacado esta modificación sin la reforma del arancel. Eso es lo que ha puesto a la gente los pelos de punta. El ministerio ha tratado de explicarlo, y yo también. Pero es difícil. Lo cierto es que la ministra sí se ha comprometido a hacer el nuevo arancel a toda velocidad, lo más rápidamente posible.
¿Es posible que se cumplan los plazos y los procuradores tengan un arancel actualizado y adaptado a los nuevos precios en breve (antes de que finalice el año)?
Yo creo que sí. En eso estamos trabajando desde antes del verano. La última reunión fue esta misma semana. A veces hay hasta dos reuniones semanales. Estamos ya terminando el pacto del arancel con el ministerio. Estamos mano a mano con la comisión. Luego tiene que iniciarse el trámite de informes del Consejo General del Poder Judicial, la CNMC, el Consejo de Estado y los demás ministerios. La idea es que tenga que estar en noviembre, a más tardar, que es cuando se cumple el año que daba la ley 15/2021 Y en eso está el ministerio, que también tiene prisa.
Más allá del tema del arancel, y en relación directa con los ingresos del profesional, ¿Qué deben hacer los procuradores para evolucionar y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y los clientes? ¿Cómo pueden poner su trabajo cuando hay muchos ciudadanos que no sabe realmente qué hace un procurador?
Yo siempre he dicho que, del procurador del Derecho Romano, que es de donde nacemos, a la actualidad, hay un gran trecho. Creo que nuestra profesión, todos nosotros y nuestros antecesores, hemos sido capaces de evolucionar a lo que marca el tambor de la sociedad. Siempre hemos sabido adaptarnos. Tanto es así, que Lexnet existe gracias a nosotros. Las tecnologías en justicia no existirían si no fuera por nosotros. Según el cliente, el ciudadano, va demandando otras cosas hemos ido dándoselas. Por ejemplo, los actos de comunicación, la celeridad en los procesos. Es cierto que tenemos un déficit crónico, que es la falta de conocimiento social, que hemos mejorado, pero no lo suficiente. Yo siempre le digo a los compañeros que hay que cambiar, que hay que estar en la brecha y modernizarse. No se puede ser cómodo ni vivir del pasado ni de sus recuerdos. Hay que estar en el presente y en el futuro.
En ese sentido, y retomando la vieja aspiración de la procura de convertirse en agentes de la ejecución de sentencias, ¿Cree que está cerca este hito?
Hemos estado dos veces a punto de conseguirlo, bajo el ministerio de Ruiz-Gallardón y el de Catalá. Incluso ha habido textos escritos. Ellos mismos, en su comparecencia en las jornadas, manifestaron que se habían equivocado en la forma de llevarlo adelante y tramitarlo. Creo que ahora vamos por el camino más acertado. En ese sentido, el ministerio, actualmente, se está acercando. En la mesa sobre ejecución de sentencias el representante del ministerio, y los ponentes, así lo expresaron. Tenemos una comisión mixta, patrocinada por el ministerio, en la que intervienen varios letrados de la administración de justicia de las tres asociaciones, y un cuarto, Verónica Ezcurra, que estaba en la mesa y representa al ministerio, así como una representación nuestra. Estamos negociando, intercambiando documentos, porque nuestros primeros ‘adversarios’ en esta cuestión son los letrados de la administración de justicia. Creo que marcha bastante bien. Esperemos que en poco tiempo, antes del final de año, tengamos un documento conjunto que presentar para la reforma legislativa. Ese es el camino, luego ya, únicamente podrían quedar los sindicatos. Pero acordar con los letrados era lo más importante. Si logramos con ellos un consenso, creo que tendría oportunidades de salir.
Por último, la profesión se ha unido a la abogacía para reclamar que se les reconozca por ley determinados derechos de conciliación (en relación con las vacaciones de Lexnet y, sobre todo, con la suspensión de las vistas por motivo de enfermedad). ¿Tiene el compromiso de la ministra de que esta ley estará antes de fin de año?
La ministra me ha asegurado que la ley de eficiencia procesal que incorpora mejoras de conciliación para la abogacía y la procura estará antes de diciembre. Yo le pedí una ley percha para evitar que los tiempos legislativos alargaran la aprobación de la norma, pero Llop me ha asegurado que es una ley muy consensuada y que estará. Sin embargo, hace unos días, me llegó otra información sobre la posibilidad de alguna demora. No tengo la bola de cristal, pero el compromiso ministerial es claro.
