Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participan estudiantes de la Escuela Libre de Derecho y del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dan su visión respecto de un tema específico y actual: las irregularidades en las minas de carbón de Sabinas, Coahuila.
Elisur Arteaga Nava
¿Explotación minera? ¿O de mineros?
Por Mirna Molina Alonso, ELD
Sabinas Coahuila se ha convertido en el rostro de la impunidad e irregularidades debido a las minas instaladas en esta zona que no cumplen con las condiciones correctas y son el riesgo para los trabajadores; hace más de un mes, 10 mineros quedaron atrapados en un pozo carbonífero que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad e higiene, ni con una manifestación de impacto ambiental que hubiera impedido la lamentable situación.
Desde hace años el municipio se ha mantenido bajo investigación de autoridades federales debido al número de quejas registradas en la localidad, ya que acumulan la mitad de las investigaciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en todo el país, principalmente en las minas que se dedican a explotar carbón, a pesar de existir multas, investigaciones y emplazamiento a tomar las medidas mínimas indicadas en ley en su gran mayoría los dueños o concesionarios se terminan deslindando por acuerdos con las autoridades para archivar los procedimientos que realiza la dependencia.
Hay que destacar que ser minero en esta zona del país no es opción de vida para las familias, es la única vía de sostenimiento que tienen, ante ello lo mínimo que el Estado debe garantizar es la protección de derechos laborales y la misma normativa impuesta para que operen estos centros de trabajo.
Los Derechos Cuestan
Por Arturo Yamil Alvarado Díaz Slim, ELD
Se derrumbó la mina de carbón de Sabinas, Coahuila. Desde el 3 de agosto del presente año, no tenemos noticia de 10 mexicanos dedicados a la industria minera. Atrapados dentro de los escombros, desconocemos su estado actual. ¿De qué sí tenemos certeza? De las alertas rojas en sus condiciones laborales y de la falta de aplicación de la ley. Pero ¿podemos culpar a alguien? Quizás sí.
Diversos medios de comunicación han ya señalado, apoyados de opiniones expertas, que la mina en Sabinas estaba repleta de irregularidades e incumplimientos a normas oficiales. Es más, no hay tan siquiera un plano de la mina, los rescatistas trabajan a la fecha sobre instinto, poniendo también en riesgo sus vidas. ¿Es la minera enteramente responsable por el derrumbe? O, ¿podemos voltear a ver también a las autoridades administrativas encargadas, no sólo de otorgar la concesión, sino también de monitorear su funcionamiento?
El Derecho, en esta ocasión, juega un papel secundario. Las normas estaban escritas, las facultades conferidas y las funciones encargadas. ¿Qué salió mal? Su cumplimiento. Aquella brecha entre el texto de la ley y su cumplimiento se hace más grande conforme los recursos concedidos a las autoridades competentes se reducen. No podemos aplaudir políticas de austeridad que cortan presupuesto y después reclamar las tragedias en las que resultan. Casos como éste demuestran que los derechos y el bienestar cuestan dinero y que, si no se pagan, la cuota se cubre con vidas humanas.
Crónica de un desastre anunciado
Por José Antonio Morelos Sánchez, ELD
El desastre ocurrido el pasado tres de septiembre en Sabinas, Coahuila, en el cual diez mineros quedaron atrapados en un pozo de carbón, ha dejado al descubierto la corrupción, impunidad e irregularidad con la que se maneja la industria minera en nuestro país.
A lo largo de estas semanas, múltiples medios de información e investigadores han sacado a la luz que, pesar de contar con un vasto marco normativo que debe de cumplir la industria minera en relación a la seguridad, protocolos de emergencia, riesgos, condiciones laborales y de seguridad social, se pudo observar que las autoridades de los diversos órdenes de gobierno fueron omisas al no realizar las inspecciones y actos tendientes a la regularización de la mina, lo cual, trajo como consecuencia su lamentable derrumbe. Así mismo, las autoridades “queriendo tapar el pozo después de la tragedia” han detectado otras doce minas en la región carbonífera de Coahuila que operan con las mismas irregularidades, esto, ha sido declarado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, informando que estas minas han incumplido con la normativa relacionada a la medidas de seguridad, trayendo como consecuencia que la mencionada autoridad haya declarado la suspensión de labores en estas minas hasta que se acredite que cumplen que las medidas de seguridad que establecen las normas.
Este hecho es uno más de los múltiples desastres previsibles que tienen como origen la negligencia de las autoridades que solapan la explotación laboral, falta de condiciones de seguridad y salubridad. Si las cosas no cambian, está desgracia no será la última.
“No vale nada la vida, la vida no vale nada”
Por Landaverde Juárez Juan Carlos, UAM
Después de 37 días del colapso y posterior sepultura de 10 trabajadores en el pozo de carbón mineral “El Pinabete” dentro del municipio de Sabinas en el estado de Coahuila, una vez más nuestro país es testigo de una tragedia que nos hace recordar a Pasta de Conchos.
A las empresas mineras no les interesa cumplir con los requisitos jurídicos mínimos para explotar una mina, así lo evidencian las 3 órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República ha girado en contra de los probables responsables de la explotación ilícita de un bien de la Nación sin concesión vigente. Qué les va a importar la vida de un trabajador, y más cuando se trata de la vida de un minero. Total, se indemniza, en el mejor de los casos, y posteriormente se contrata a una fuerza de trabajo que quizá siga el mismo destino. ¿Duro? Sí, pero esa es nuestra realidad.
Las necesidades básicas mínimas que debemos satisfacer como seres humanos van restringiéndose conforme los fenómenos económicos, violencia, inseguridad, entre otros, nos orilla a “aceptar”, coactivamente, condiciones deplorables para nuestro bienestar. A los trabajadores no les queda más que adoptar un empleo que hace peligrar su vida. Ese es el “cáncer” que nos dejaron los “grandes teóricos contractualitas” que filosóficamente nos rigen en la actualidad. El consentimiento.
Tener un salario irrisorio, condiciones de trabajo inhumanas y degradantes, que atentan contra la vida, son el “privilegio” que el sistema económico capitalista neoliberal de libre mercado otorga a los desposeídos, a los que vivimos en la periferia, a los de abajo.
Da coraje que “nuestro Estado de Derecho” no se cumpla, bueno, desde hace tiempo México es un Estado fallido. De qué nos sorprendemos.
Las 10 vidas atrapadas en Sabina
Por Silvana Torres Alfaro, ELD
Ha trascurrido más de un mes desde que 10 trabajadores de una mina de carbón quedaron atrapados tras encontrarse con un río subterráneo mientras estaban cavando, en el municipio de Sabinas, Coahuila.
Esta tragedia vislumbra por completo la desigualdad social en la que está inmersa el país. De acuerdo con cifras del periódico español El País, al final de cada jornada un minero mexicano puede perder la vida por 30 euros al día, es decir, por $598 diarios.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano? Laura Velázquez, quien es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó en una rueda de prensa que las familias de los mineros atrapados aceptaron una indemnización que les será entregada directamente por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Si bien, las familias aceptaron una indemnización no queda duda alguna de su descontento por la incompetencia del gobierno para efectuar el rescate: “No hay una respuesta exacta desde que empezó nos dicen los mismo: que el agua no ha bajado y cuando bajó no quisieron bajar y no quisieron que los mismos mineros bajaran, por eso estamos inconformes, estamos enojados, porque se pudo haber hecho desde el principio, pero ellos no quisieron […]”, declaró una hermana de los mineros.
Resulta lamentable como el gobierno mexicano considera que una indemnización puede sustituir la vida de una persona, en lugar, de haber destinado todos los recursos humanos y económicos para poder salvar a los mineros durante los primeros días.
