El Gobierno y los agentes sociales retoman este lunes la negociación del siguiente bloque de la reforma de las pensiones donde entran, entre otros temas, la subida de las bases máximas de cotización del sistema y el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación.
Tras cerrar en julio del año pasado un primer bloque de reformas y una vez culminado el cambio del régimen de los autónomos (RETA), el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social vuelve a sentarse con patronal y sindicatos en busca de un acuerdo que permita cumplir con los dos hitos pendientes y comprometidos con Bruselas para este año en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se trata fundamentalmente de dos reformas recogidas en el denominado componente 30 para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema: la “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación” y la “adecuación de la base máxima de cotización del sistema”.
El objetivo del Gobierno, señalan fuentes consultadas, es que todo esté concretado antes de final de año y que los cambios normativos se tramiten en forma de proyecto de ley, lo que complica aún más los plazos.
Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social insisten en la necesidad de que la pensión “refleje mejor la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral con más interrupciones y lagunas”.
Esto podría traducirse, señalan fuentes del diálogo social, en alguna propuesta que lleve aparejado al incremento del periodo la posibilidad de poder descartar algunos años.
Junto a estos dos grandes hitos, siguen sobre la mesa aspectos pendientes del primer bloque de reformas, recuerdan fuentes de patronal y sindicatos que, como es habitual, vuelven a sentarse con posturas alejadas.
No a la ampliación del periodo de cómputo
Desde los sindicatos han mostrado un firme rechazo a la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación que, tras la última reforma pactada de 2011, alcanzó en enero de 2022 los 25 años.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se mostraba esta semana tajante respecto al aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión: “Hemos terminado situándolo en 25 años en 2021, hay que ver qué efecto tiene sobre el sistema”, dejaba claro.
Este punto también es motivo de choque entre los dos socios de Gobierno con la dura oposición de Podemos a ampliar este periodo, una medida que conlleva para la mayoría un recorte de pensiones y que, tal y como explicaban a Efe desde UGT y CC OO, también debe llevar asegurado el apoyo parlamentario para sacarlo adelante.
Respecto al otro gran tema de la reforma, el incremento gradual de la base máxima, patronal y sindicatos esperan que Inclusión concrete periodos y ritmos de esta subida que pretende dotar de más ingresos a la Seguridad Social, así como de qué manera se acompasará con un alza de la pensión máxima.
Para CC OO y UGT es “fundamental” actuar sobre las bases máximas, mientras que la patronal se sentará a la mesa a negociar que dicho incremento lleve de la mano otro de la pensión máxima, algo que los sindicatos aceptarían pero no de igual intensidad.
Desde el sindicato que lidera Unai Sordo explican que, antes de abrir esta segunda parte de la reforma, exigirán al Gobierno que culmine dos aspectos clave pendientes del anterior bloque: la cotización de los becarios y el tratamiento de las bajas por incapacidad temporal en los fijos discontinuos.
Y señalan varios temas más que el sindicato planteará como el alza de las pensiones mínimas, el desarrollo de la Agencia de la Seguridad Social o un registro unificado de parejas de hecho para el acceso a la pensión de viudedad.
Además, ambos sindicatos pedirán al Gobierno que extienda a todos los sectores el contrato relevo en los términos actualmente vigentes para la industria manufacturera, para fomentar la contratación de personas que sustituyan a quienes acceden a la jubilación parcial.
“Su vigencia finaliza en 2022 y es absolutamente necesario renovarla e incluir a todos los colectivos”, apuntó Álvarez.
Otro asunto que podría poner el Ministerio de Inclusión encima de la mesa es una eventual revisión el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pactó hace casi un año con los sindicatos y que implica un incremento de las cotizaciones sociales durante los diez próximos años.
