En el año 1982, Aragón contaba con 223.047 alumnos matriculados en el régimen educativo general y con 18.625 en titulaciones de Formación Profesional (FP). Estos estudiantes cursaban la EGB, que entonces se prolongaba hasta los 13 y 14 años y en la que había clases de hasta 30 alumnos. Una cifra que alcanzaba los 40 en los ya extintos BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) y COU (Curso de Orientación Universitaria).
Números alejados de las actuales ratios en el territorio, de las más bajas del país en primaria; pese a que todavía hay clases con 25 escolares en algún barrio zaragozano. En lo que se refleja aún más claramente la evolución que ha vivido la educación aragonesa en estos 40 años es en cuestiones como la mayor cantidad de recursos de la que se dispone y que ha permitido implantar mejoras clave, como proyectos de innovación, los colegios rurales agrupados (CRA), las TIC, el bilingüismo, la atención a la diversidad y distintos servicios.
Aunque la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón se produjo en 1982, no sería hasta 1999 cuando la Comunidad estrenó sus propias competencias en la materia, contando con 71.245 millones de pesetas, una cuantía que en la época se criticó por escasa. Ese año, no obstante, marcaría un punto de inflexión en la vida educativa aragonesa, pues desde entonces, las decisiones sobre gestión y planificación se tomarían en el territorio y no en Madrid, lo que según numerosos profesionales del sector era fundamental para mejorar la calidad del sistema.
El ámbito rural fue sin duda uno de los rasgos diferenciales del modelo aragonés. Aunque con el nuevo siglo se profundizó en su mejora, en los años ochenta ya se habían creado los CRA, con aulas con escolares de diferentes cursos de primaria repartidas por diversos municipios, los cuales fueron fundamentales para garantizar el derecho a la educación en numerosas zonas.
Ruralidad y dispersión geográfica
“La aprobación del Estatuto supuso la equiparación de los derechos de nuestra Comunidad con los del resto, y las transferencias en materia educativa significaron la descentralización de la organización de nuestro sistema, aproximándolo a las necesidades reales del territorio, que tiene peculiaridades como la ruralidad y la dispersión geográfica”, explica Miguel Ángel Sanz, responsable de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar).
En el camino seguido estas décadas sobresalen elementos como las ocho leyes educativas nacionales, la creación de los equipos de orientación escolar o la pandemia, que transformó radicalmente el día a día en los centros. “Hemos vivido dos años y medio extraordinariamente difíciles, y si algo hemos puesto en valor es la importancia de la escuela, la necesidad de la presencialidad en los centros y del contacto físico y las relaciones interpersonales. Por ello, iniciar este curso desde la normalidad es la mejor noticia que podíamos desear”, indica Sanz. “Por un lado, porque supone haber superado la parte más difícil de la pandemia –aunque debemos seguir siendo responsables– y, por otro, por la recuperación de las actividades y la organización de la vida curricular y extracurricular. Las familias debemos volver a los centros, somos parte importante de la comunidad educativa y debemos recuperar ese espacio del que hemos estado ausentes”, añade.
Por último, un pacto educativo nacional –los ha habido en varias autonomías, como Aragón– que dé estabilidad es uno de los principales retos futuros que se marcan los profesionales del sector. Y, en la Comunidad, el responsable de Fapar insiste en los aspectos relativos a la ruralidad y la dispersión. “Se está haciendo un trabajo muy importante desde la administración para garantizar la escuela en todos los rincones de nuestra geografía, pero eso requiere esfuerzos económicos importantes que deben ser atendidos equilibrando la financiación autonómica. Además, como representantes de las familias, no podemos dejar de señalar la necesidad de avanzar en su participación en el sistema educativo en un plano equilibrado y de igualdad, comprometida con la mejora de la formación de nuestros hijos e hijas”, concluye.
ENTREVISTA A JESÚS JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO Y EXSECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
«La descentralización es el hecho más importante que ha vivido la educación en los últimos años»
Profesor en la escuela rural, director de colegio público, inspector de Educación, jefe de gabinete de la consejera de Educación y Cultura (1994), secretario general técnico del Departamento de Educación y Ciencia (1999-2001) del Gobierno de Aragón y director general de Enseñanza Superior del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Ejecutivo autonómico (2003-2011). El currículum de Jesús Jiménez (Paracuellos de la Ribera, 1950), actual vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, le convierte en una de las voces más experimentadas de la Comunidad en materia educativa de las últimas cuatro décadas.
¿Cómo ha cambiado la educación aragonesa desde 1982?
Hemos cambiado a mejor. Primero, porque las decisiones y el control de estas se toman desde Aragón. No es igual planificar un colegio desde Madrid que desde aquí. Y esa gestión se controla en las Cortes de Aragón. Y segundo, también hemos mejorado porque en todo este proceso tenemos más centros, más profesores, muchos más recursos y la enseñanza y la educación han progresado enormemente.
En 1999, usted era secretario general técnico de Educación cuando la Comunidad recibió las competencias de este ámbito. ¿Cómo recuerda esa época?
Fue un trabajo ilusionante. Aunque es cierto que las transferencias se habían negociado muy mal, a la baja. Entonces, intentar recuperar los proyectos y partidas iniciados por el anterior gobierno y mejorarlos para que se reflejase claramente que asumir las competencias iba a suponer una ganancia para la Comunidad supuso un esfuerzo tremendo, el cual hicimos sobre todo con los presupuestos autonómicos.
¿Cómo fue el posterior desarrollo del modelo?
Metimos muchas horas de trabajo y hubo mucha tensión. Cuando llegué al Gobierno, lo primero que tuvimos que afrontar fue una huelga de interinos. Y hubo que aumentar notablemente las plantillas de los centros, debido a que la negociación había sido a la baja, algo en lo que también tuvo que ver el Gobierno central, que era reticente a ceder competencias. Convencer a la comunidad educativa de que podíamos mejorar el sistema fue lo que más costó, pero lo conseguimos. Y todo ello incluyendo señas de identidad propias, como las relativas al medio rural o a la implantación de las ‘tablets’, en la que fuimos pioneros. Un logro que fue posible gracias al primer Pacto por la Educación firmado en Aragón.
Precisamente, los relativos a la escuela rural fueron unos de los trabajos que se iniciaron antes de las transferencias. ¿Cómo se llevó a cabo esa labor?
Desde el año 82, las tres direcciones provinciales de Educación hicieron una labor impresionante. Y la escuela rural fue una bandera que Aragón encabezó en muchos sitios. Por ejemplo, en Teruel se crearon los CRIE (Centros Rurales de Innovación Educativa), en los que los chavales de los pueblos mas pequeños pasaban unos días conviviendo juntos. Asimismo, en Huesca se crearon centros que impartían infantil, primaria y secundaria en el primer ciclo. Se hicieron muchas cosas antes de que llegasen las transferencias, y Aragón fue pionero en varias de ellas.
¿En qué benefició al territorio la creación de los Centros Rurales Agrupados (CRA)?
Supuso un avance muy importante. Hay que recordar que con la ley general de 1970 se suprimieron muchas escuelas al crearse las concentraciones escolares. Después, al entrar Maravall como ministro en el 82, se le dio un cambio radical a este esquema. Primero se creó la educación compensatoria, que contrarrestaba las desigualdades que provenían del medio rural y de la situación personal del alumno. Luego vino la reapertura de las escuelas rurales que habían cerrado, pero, como se pensaba que una con 10 chicos funcionaba regular, se hizo que todas las que estaban cerca conformasen un solo colegio, con un solo claustro y un consejo escolar. Así, cada escuela mantenía los tutores, pero había profesores que iban por los diferentes municipios a impartir asignaturas. Eso eran los CRA, que conllevaban una gran ventaja pedagógica, pues los maestros compartían un mismo proyecto, recursos y experiencias. Además de un beneficio notable a nivel de vertebración del territorio, ya que los vecinos de los núcleos se relacionaban más, juntándose en comidas y otros actos populares.
En los ochenta se establecieron las bases de los conciertos con la enseñanza privada. ¿Cómo valora su posterior evolución?
Se negoció muy bien, alcanzándose acuerdos importantes en temas como las actividades extraescolares. No hubo problemas y se ha ido llevando bien en los años siguientes. Yo creo que las guerras escolares no tienen sentido y que podemos convivir todos. Tenemos que respetarnos y atenernos a la normativa sin hacer trampas, cosa que la inmensa mayoría de centros tienen asumido. En Aragón prácticamente no ha habido guerras, y cuando las ha habido han venido influenciadas por Madrid.
¿Cómo ha tratado históricamente el gobierno central al territorio en materia educativa?
Bastante bien. Ha habido gobiernos en Madrid que han tenido un mayor entendimiento hacia las comunidades y en Aragón también ha habido unos más reivindicativos que otros. La descentralización es el hecho más importante que ha vivido la educación en los últimos años y ha sido muy beneficiosa para el país, pero hay que tener en cuenta que no significa dispersión total, pues estamos en un sistema único y tenemos unas bases comunes.
¿Cuáles son los retos más inmediatos?
El primero, ampliar la escolarización a la horquilla de los 0 a los 3 años, y evitar el abandono escolar temprano. El segundo, la ley de FP. Es importante abordar un cambio para que sea mucho más ágil y útil. Otro desafío es conectar las etapas y niveles educativos, es decir, primaria, secundaria, bachillerato y la universidad. Y, por último, es clave entender que la educación del siglo XXI no puede ser igual a la del XX. Con la pandemia, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de la relevancia de la salud mental de los chavales, pero ese tema ya estaba ahí. Así que hay que valorar el hecho de que se disponga de más personal en los centros, como sanitarios, logopedas, trabajadores sociales y otros profesionales que puedan mejorar la calidad de la educación.
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