Hace dos meses ocurrió algo muy infrecuente. El Congreso de los Diputados se puso de acuerdo para aprobar, sin ningún voto en contra, un proyecto de ley para reformar el sistema científico público español, lastrado por una burocracia asfixiante —que ralentiza las investigaciones y dificulta la compra de materiales básicos, incluso de sillas— y por la precariedad de los investigadores menores de 45 años. La llamada Ley de la Ciencia incluye medidas para reducir este penoso papeleo y una nueva modalidad de contrato indefinido, destinada a sustituir los actuales contratos temporales omnipresentes entre los más jóvenes. El inusual consenso político, sin embargo, saltó enseguida por los aires. Hace un mes, el Senado aprobó una polémica enmienda promovida por el Partido Popular para permitir los contratos temporales en determinados casos. Este jueves, el Congreso ha aprobado definitivamente la Ley de la Ciencia y ha tumbado esa controvertida enmienda.
El sistema científico español sufrió una grave crisis de una década a partir de 2010, con un recorte presupuestario del 30%, iniciado en las postrimerías del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y muy agudizado en las dos legislaturas del conservador Mariano Rajoy. Los tijeretazos desencadenaron una fuga de cerebros y dejaron plantillas envejecidas y precariedad entre los más jóvenes. Por ejemplo, los tres principales proyectos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para desarrollar una vacuna española contra la covid han estado dirigidos por investigadores septuagenarios ya jubilados —los virólogos Luis Enjuanes, Mariano Esteban y Vicente Larraga—, al mando de veinteañeros, treintañeros e incluso de trabajadores mayores de 40 años que acumulan contratos temporales concatenados. El entonces ministro de Ciencia, Pedro Duque, reconoció en 2020 que las condiciones de los científicos eran “peores que en 2010″.
La Ley de la Ciencia aprobada este jueves en el Congreso incluye una nueva modalidad de contrato indefinido, adaptada a las singularidades del sistema de I+D+I, pero en la línea de la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Los directores de más de medio centenar de centros de investigación punteros, sin embargo, han presionado en las últimas semanas a los diputados para permitir una excepción y mantener los contratos temporales en los proyectos financiados por fondos europeos competitivos, como los ofrecidos por el Consejo Europeo de Investigación, que paga ayudas de millones de euros para programas vanguardistas desarrollados en un plazo de unos cinco años. Unos 5.000 científicos firmaron contratos en estos proyectos europeos en 2019 y 2020, según la diputada socialista Sandra Guaita.
En una carta enviada este lunes a los diputados, los directores argumentaron que hacer contrataciones estables en esos proyectos europeos temporales generaría “una enorme bolsa de falsos contratos indefinidos” y provocaría periódicamente costosos despidos colectivos que llevarían a expedientes de regulación de empleo en los mejores centros de investigación españoles, muy dependientes de estos fondos de la UE. La asociación Crue Universidades Españolas, que representa a 76 instituciones, también envió cartas similares a políticos. El Partido Popular hizo suya la demanda de los directores y los rectores y presentó una enmienda en el Senado, que salió adelante hace un mes con el apoyo inusual de Vox, PNV, Junts y Esquerra Republicana. Este jueves, el Gobierno ha logrado tumbar esa enmienda gracias a un acuerdo in extremis con Esquerra Republicana, que ha cambiado su voto tras unas negociaciones encabezadas por la propia ministra de Ciencia, Diana Morant.
Entre los firmantes de la carta figuraban grandes nombres de la ciencia española, como el director del Centro de Regulación Genómica, Luis Serrano; la directora del Instituto de Física Corpuscular, Nuria Rius; el director de investigación básica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Vicente Andrés; el director del Instituto de Ciencias Fotónicas, Lluis Torner; el director de IMDEA Materiales, José Manuel Torralba; y el director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología, Josep Tabernero.
La gran ausente entre los firmantes es la bióloga molecular María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en Madrid, y presidenta de la alianza SOMMa, compuesta por medio centenar de centros de excelencia, cuyos directores, en su mayoría, sí han respaldado la carta enviada a los diputados. Blasco ha aplaudido la aprobación de la Ley de la Ciencia sin la enmienda del PP, en declaraciones enviadas a este periódico. “Busca equiparar los derechos laborales de científicos y científicas a los del resto de trabajadores, promoviendo los contratos indefinidos. Es una aspiración a la que nada puedo objetar. Toda iniciativa contra la precariedad laboral me parece positiva, incluso desde el punto de vista de la productividad. Cuando se está preocupado por el futuro laboral es más difícil hacer buena ciencia”, opina la bióloga molecular.
La directora del centro de oncología español de referencia, no obstante, advierte de que todavía quedan temas por resolver. “Siguen ahí los obstáculos para contratar personal con financiación propia de los centros, porque estos casos todavía dependen de la autorización previa de Hacienda y de la tasa de reposición y la masa salarial. Esto limita nuestra capacidad para retener y atraer talento”, alerta Blasco. La ministra Diana Morant, tras ganar la votación con 189 noes a la enmienda, 108 síes (PP, PNV y Junts) y 52 abstenciones (Vox), ha proclamado que es “un hecho histórico, un paso adelante que da este país para ser un buen país para la ciencia”.
El sindicato Comisiones Obreras ha calificado directamente de “feudalismo” los argumentos para mantener los contratos temporales en los proyectos europeos. La organización emitió el lunes un duro comunicado contra la enmienda del PP. “El problema de los que rechazan la contratación indefinida no es el dinero. Es la excusa para mantener un modelo laboral precario basado en la concatenación de falsos contratos por obra y servicio —suprimidos por la modificación de la reforma laboral— y alimentado por la idea de que el personal de investigación tiene suficiente con su vocación y sus logros científicos”, proclamó el sindicato.
El modelo de contratación laboral indefinida del personal de investigación ya está en vigor desde el 5 de abril, ya que fue aprobado de forma adelantada por un real decreto ley. Estos contratos ofrecen más derechos laborales, como una indemnización de 20 días por año trabajado en lugar de los 12 días de la contratación temporal. El Ministerio de Ciencia ha negado que se vayan a generar bolsas de falsos indefinidos. “Es una argumentación errónea, puesto que un contrato indefinido no es un contrato fijo, sino que su duración no aparece previamente determinada. El personal de investigación con contrato indefinido no tiene consideración de personal laboral fijo en ningún caso, por lo que está sujeto al despido por causas objetivas”, ha explicado el Ministerio en un comunicado.
La Ley de la Ciencia también estipula contratos temporales: de cuatro años para los investigadores predoctorales, hasta la presentación de su tesis doctoral, y de entre tres y seis años para los posdoctorales. Una carrera investigadora estándar podría entonces consistir en una década con contratos temporales y un formato indefinido a continuación.
La norma consagra además nuevos derechos laborales para los jóvenes científicos, con una indemnización por finalización de contrato del personal predoctoral y posdoctoral. La ley también fija por primera vez el objetivo de alcanzar una financiación pública de la I+D+I del 1,25% del producto interior bruto en 2030. El nivel actual es el 0,58%. El presupuesto para 2022 del Ministerio de Ciencia es el mayor de la historia, con más de 3.800 millones de euros, prácticamente el doble que el último del Gobierno de Mariano Rajoy, como suele recalcar la ministra, Diana Morant.
El diputado Pedro Navarro, del PP, ha justificado su posición en el hemiciclo. “La ideología que hay detrás de la enmienda es la de las 76 universidades españolas. 50 universidades públicas, entre otras, la Complutense, la Carlos III, la de Córdoba, la de Zaragoza y la Politécnica de Valencia, nos han dicho que presentemos esta enmienda. Las 76 universidades españolas han pedido a todos los partidos políticos que evitáramos el desastre que se cernía sobre la ciencia”, ha asegurado Navarro.
Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos, ha recurrido al sarcasmo. “Me alegro de que los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana hayan rectificado, porque no era coherente que muchas veces subáis a esta tribuna dando lecciones sobre lo que significa ser de izquierdas, que está bien, y ahora ibais a votar con el Partido Popular y con Vox para precarizar las condiciones del personal de investigación”, ha espetado.
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