Dos noticias de esta semana, aparentemente inconexas, confirman que el combate a la corrupción debe ser constante, y que no hay forma de creer que ésta se acabó de tajo sólo porque el Presidente de la República es honesto. La estructura gubernamental es compleja y los resquicios para las tentaciones muchos.
En Segalmex, la que aspiraba a ser la nueva Conasupo, existen 38 denuncias penales por presunto daño patrimonial contra la empresa que agrupa a Liconsa y Diconsa, que ascendería a 9 mil 500 millones de pesos, según informó el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo.
Todos los funcionarios involucrados fueron nombrados durante la actual administración. Ignacio Ovalle, titular original de esta paraestatal, fue destituido por estos problemas administrativos, si no es que figura entre los que le metieron la mano con fe al presupuesto en beneficio personal.
Ciertamente, el gobierno federal ha sido el que ha difundido el caso y señalado el daño patrimonial al erario. Por supuesto que si se tratara de un gobierno de otro color el escándalo sería mayúsculo, pero como es de la propia 4T las declaraciones han sido modestas, en el sentido de que se atenderá y no habrá impunidad.
Por otra parte, el informe preliminar de la Comisión de la Verdad en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es prolífico en señalar los delitos cometidos por las fuerzas militares, coludidas con grupos de criminales de Guerrero.
El reporte prueba que policías y soldados estaban al servicio de los capos del narcotráfico, lo que echa al suelo la creencia mágica presidencial de que los militares son incorruptibles, disciplinados y 100% comprometidos con el pueblo. Prueba que son tan humanos como los demás, sensibles de tener debilidades y tentaciones.
En marzo del presente año escribimos en este mismo espacio una columna titulada ¿Rodeado de ángeles?, en el que, a propósito de otra columna de Luis Carriles sobre “Andy y los sin calcetines”, una bandita de vividores que hacía negocios en Pemex al amparo del hijo del Presidente, decíamos que era riesgoso que López Obrador considerara estar completamente blindado a actos de corrupción:
“Esta debilidad de carácter se entiende y es muy humana, pero tiende a sesgar su actuación. La lucha contra la corrupción es para él el eje de todo su trabajo, y hace bien, ningún presidente moderno le había entrado en serio a ese tema, pero cree que una vez que tomó posesión, aquella desapareció por arte de magia.
“Creer que el pueblo es bueno, los ricos malos, los españoles tramposos, los medios completamente corruptos, su gobierno 100% honesto, su familia incapaz de un error de juicio, entre otras fijaciones suyas, son prejuicios que nublan su entendimiento y afectan su tarea de gobierno.”
Y concluíamos: “Entre esas creencias mágicas está la más peligrosa: la de que el Ejército es incorruptible, no tiene apetito de poder y es incapaz de violar derechos humanos. Que si lo hizo en el pasado fue por obedecer órdenes de los civiles que estaban al mando, es decir los ex presidentes neoliberales. Que la milicia son pueblo uniformado y por lo mismo incapaces de corromperse, o de vincularse con delincuentes, o de violar las garantías individuales de la ciudadanía.”
El reporte Ayotzinapa prueba lo contrario, y lo necesario de que las Fuerzas Armadas sean tan vigiladas como las demás instancias de gobierno. Y de que, tal vez, no sea buena idea entregarles el poder y el país, confiando a ciegas en ellos.
