Yolanda Díaz tiene que sumar muchos acuerdos el próximo semestre. Si la Díaz candidata debe seguir con el, por el momento, arduo camino para configurar su marca electoral, la famosa plataforma Sumar, la Díaz ministra tiene cuatro grandes asignaturas por superar antes de enero: el aumento del salario mínimo profesional (SMI), dejar su marca en los presupuestos generales del Estado de 2023, el estatuto del becario y la ley de Participación Institucional.
El primer gran tema es el incremento del salario mínimo, actualmente situado en 1.000 euros por 14 pagas y que el Gobierno tiene previsto aumentar hasta el 60% del salario medio el próximo año.
En este terreno reina buena sintonía entre las dos fuerzas del Gobierno y cuentan con la complicidad de los sindicatos, pero también se espera una oposición firme de la patronal. De momento, el 2 de septiembre está convocada la comisión de expertos que asesora al Gobierno, que el año pasado fijó varios rangos y en el más elevado situaba el salario mínimo en 1.049 euros para el 2023. Aumento considerable que supone la continuación del incremento que se ha seguido desde el 2018, cuando estaba en 735 euros. Sin embargo, la inflación montaraz lo relativiza. Supondrá un 4,9% de aumento sobre el SMI actual, cuando la inflación media de este año se prevé en el entorno del 8%.
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Visto lo cual, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó la semana pasada que “ante una inflación desbocada, imposible para la mayoría social, más que nunca hay que subir el salario mínimo”.
La comisión asesora deberá actualizar sus números y precisar cuál es el 60% del salario medio, que es la referencia que marca la Carta Social Europea y que el Gobierno se comprometió a actualizar en el 2023. En julio del 2021, los expertos fijaron un SMI máximo de 1.049 euros, pero esa cifra hay que actualizarla y hay que incorporarle la inflación.
Los expertos marcarán la señal de partida para iniciar las negociaciones con los agentes sociales, aunque las reacciones parecen muy previsibles. Tan cerca parecen el consenso con los sindicatos como la discrepancia con la patronal. Algo que ya ocurrió en la última negociación, donde la CEOE se opuso al incremento. Quedan lejos los tiempos de pandemia, en que la crisis regó un terreno fértil en acuerdos sociales. También influye la presión sobre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que afronta elecciones este otoño. Desde su apoyo a la reforma laboral, ha recibido múltiples llamadas a terminar lo que algunos veían como luna de miel con el Gobierno y endurecer sus posiciones. Sea por presiones, por la cercanía de las elecciones o por convicción, en los últimos meses se ha visto un Garamendi más duro, y no parece que el SMI sea el terreno donde pueda ceder en unos momentos en que las empresas están sometidas a un aumento de los costes por la inflación.
Cuentas públicas
También toca negociar los presupuestos del 2023, dentro y fuera del Gobierno
En cualquier caso, la determinación del Gobierno parece clara y, en este punto, sin disidencias internas. Por si acaso, la semana pasada el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se encargó de recordar que el Gobierno cumpliría su programa. “Procederemos a subir el salario para el año que viene. Esta es una gran política de mucho éxito y más necesaria que nunca para hacer frente a los efectos de la inflación en los que peor lo pasan, aquellos que están cobrando los salarios más modestos”, dijo.
Otro tema que espera a la ministra de Trabajo es el estatuto del becario, con el que pretende cambiar radicalmente las prácticas de los estudiantes en el mundo laboral. Díaz se había propuesto cerrarlo antes de vacaciones, pero no fue posible. En septiembre volverá a la carga con un texto que cuenta, aquí también, con buena disposición de los sindicatos y mucha reticencia de la patronal. “Para Trabajo, poner fin a una de las prácticas más lacerantes del mercado de trabajo, que es usar a estudiantes para cubrir puestos laborales, las falsas becas, es una prioridad. Al igual que es una prioridad que las relaciones formativas se canalicen principalmente a través de los contratos formativos”, afirmó Pérez Rey. Trabajo quiere que, por un lado, haya remuneración para cubrir gastos de los estudiantes en prácticas, y por otro, que no se utilicen para cubrir puestos de trabajo.
Cifras
El Ejecutivo quiere aumentar el SMI, ahora en 1.000 euros, hasta el 60% del salario medio
Otro frente para Díaz será la ley de Participación Institucional, para regular la entrada de las organizaciones sindicales y empresariales en los órganos colegiados con funciones de decisión o control que actúen integrados en la Administración general del Estado y en las mesas de concertación socioeconómica. Son organismos como el Consejo Económico y Social, el Consejo Superior de Estadística o la comisión consultiva tripartita de la Inspección del Trabajo. En cambio, otra ley prevista, la de incluir a los representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, no parece que encuentre hueco en esta legislatura.
Por supuesto que también tocará discutir los presupuestos del próximo año. Después de que el Gobierno aprobara un techo de gasto de 198.221 millones para el 2023, lo que supone un nuevo récord al superar en el 1,1% el del presente año, ahora toca negociar, tanto dentro del Gobierno como con las fuerzas parlamentarias cuyo apoyo se necesitará.
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