Tras la media sanción en la Cámara de Senadores en mayo pasado, mipymes siguen esperando la aprobación de las modificaciones de la Ley 6809 que busca ampliar los beneficios a más trabajadores independientes a través del fideicomiso de US$ 20 millones, destinado en principio solo a algunas micro, pequeñas y medianas firmas.
Advierten que en un año electoral, los millonarios fondos podrían ser redireccionados hacia otros gastos, dejando sin financiamiento a los emprendedores que necesitan el dinero con urgencia para seguir subsistiendo.
La Asociación de Emprendedores de Paraguay (Asepy) y la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) enviaron el 5 de mayo pasado una nota al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, solicitando una garantía de constitucionalidad a las cláusulas del contrato de fideicomiso, cuya aprobación está desde hace tres meses en el Congreso. Hasta la fecha, el pedido solo tiene media sanción y sin indicios de una pronta respuesta.
Concretamente, los emprendedores instan al Congreso a resolver lo antes posible los criterios de elegibilidad y evaluación crediticia que fueron incluidos en el contrato, de modo a que todos los sectores económicos, incluyendo trabajadores independientes formales, cuentapropistas, profesionales, entre otros, puedan acceder a los recursos del fideicomiso. Recordemos que actualmente solo se contemplaba a los sectores gastronómicos, eventos, turismo y entretenimiento.
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“Seguimos esperando la aprobación de estos fondos en Senadores; sin embargo, no hay avances y todo ese dinero está parado. Estamos muy preocupados porque estamos en un año electoral y no se prioriza un tema tan urgente como es el fideicomiso, dejando de lado a los emperadores que dan fuentes de trabajo y generan sustento a la economía”, dijo David Caballero, presidente de la Asepy.
Asimismo, los legisladores deben estudiar el pedido de eliminación de la limitante de seis unidades de salarios mínimos a los sujetos de crédito con inicio de actividades económicas en el año 2020.
Además, deben establecer el monto máximo prestable teniendo en cuenta hasta el 40% de la facturación anual y exceptuando el criterio según tamaño, ampliando el monto solicitado e incentivando la demanda y la utilización de la línea.
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