El pasado lunes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley que busca garantizar una rentabilidad mínima de los autónomos del transporte. Esta norma regula la subcontratación y prohíbe trabajar a pérdidas para evitar la competencia desleal, ha sido bien recibida por el colectivo aunque se quejan de su ambigüedad. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) denunció que la norma es insuficiente y genera serias dudas de cómo los transportistas deben aplicarla.
El Gobierno ha aprobado una nueva ley para el sector del transporte en la que transpone los principios inspirados de la llamada Ley de la Cadena Alimentaria a las relaciones que existen entre los transportistas y sus clientes, con el objetivo de evitar que los primeros trabajen a pérdidas. “Es un avance muy importante, pero también nos genera serias dudas. La norma en algunos aspectos es insuficiente en especial en el cálculo de costes para evitar trabajar a pérdidas y también en algunos supuestos de carga y descarga”, afirmó Antonio Villaverde, presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA).
“Hemos encontrado severas deficiencias jurídicas y normativas. Por ejemplo, no se sancionará a aquellos transportistas que trabajen por debajo de costes bajo un contrato continuado. Sólo a aquellos que realicen un único porte. Esta era una de nuestras grandes reivindicaciones y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no nos ha escuchado”, advirtió.
“También resulta muy difícil descifrar a qué se refiere la ley con el concepto ‘costes’. Al no tener un precio universal establecido es muy difícil determinar que autónomo trabajara por debajo de sus costes. No es lo mismo un transportista que acaba de comprar un camión y tiene que amortizarlo que uno que lo lleva explotando durante diez años, sus gastos serán totalmente distintos. Al igual que no es lo mismo un societario que un transportista en módulos o estimación objetiva”, añadió Villaverde.
“Se pude interpretar y eso genera inseguridad. Lo mismo ocurre con la carga y descarga. El pagador no va a elaborar el presupuesto de cada transportista. Mientras que no haya una referencia establecida esto resulta muy ambiguo”, señaló el representante de los transportistas.
Aunque en líneas generales los transportistas se han mostrado satisfechos por las ayudas previstas, las dudas sobre su aplicación han derivado en un rechazo de la CNTC. En un comunicado, el Comité ha explicado que el texto no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado, y no actúa sobre un tema relevante en el sector como es la limitación de la subcontratación.
Los transportistas en contra de la nueva norma: problemas con la carga y descarga
Otra de las medidas que viene reivindicando el sector durante mucho tiempo es la necesidad de que el transportista tenga prohibido realizar las labores de carga y descarga, salvo en aquellos casos en los que la participación del conductor sea necesaria, como ocurre con los transportes especializados.
Sin embargo, la norma aprobada por el Consejo de Ministros deja “flecos sueltos”. “Existe una problemática con el término ‘carga fraccionada’. Una carga fraccionada es aquella que se manipula previamente en un centro logístico y que luego se reparte. Por ejemplo, de la sede central de un supermercado a la tienda final”, concretó Villaverde.
“Esa manipulación puede generar la confusión de que el transportista ha participado en la confección de dicha carga, lo que le obligaría a descargar. Este es un ejemplo de tantos, cabos sueltos que a la norma le falta por pulir”, concluyó.
El Gobierno reconoce que aún hay puntos por mejores y acometer en la norma
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, afirmó que esta medida ahonda en los compromisos ya adoptados con el sector del transporte, con el que se ha negociado en los últimos meses y con el “que quedaban algunos asuntos por acometer”.
Así es la nueva ley del transporte
A iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ejecutivo ha aprobado un decreto para dar ‘luz verde’ a esta nueva Ley de la Cadena del Transporte, que trata de corregir las imperfecciones del sistema que afectan a la parte con menos capacidad de negociación Esta parte son los transportistas, en su mayoría autónomos, los que se ven obligados a pactar condiciones en desigualdad con sus clientes.
Entre las principales disposiciones se encuentra la obligatoriedad de recoger los contratos por escrito en los que aparezca el precio del servicio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes, en referencia a un sistema de precios que el propio Ministerio ya publica. Para asegurar que esta medida se cumple, se han aprobado nuevas infracciones y sanciones respecto a estas obligaciones y el Gobierno ha adquirido el compromiso de ampliar el código de buenas prácticas del sector sobre las subcontrataciones.
Este último elemento es el que más discrepancias ha tenido en las negociaciones entre el Ministerio y el sector, representado en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Finalmente, el Gobierno ha dado más tiempo y ha prometido analizar en seis meses la efectividad de estas medidas y a presentar un proyecto de ley sobre la subcontratación.
