La amenaza del frío invierno y de una crisis energética aguzada avivada por el manejo del gas de Kremlin ha empujado a los Veintisiete a acordar un recorte del consumo de gas. Los ministros de Energía de los Estados miembros de la UE han pactado este miércoles un plan de ahorro energético para hacer frente al “chantaje” de Putin, como lo definieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen y la vicepresidenta tercera española, Teresa Ribera. Tras días de negociaciones en un tema sensible para sus políticas nacionales, el reglamento que han terminado de impulsar los Veintisiete marca un compromiso de un ahorro del gas de un 15%, aunque introduce numerosas excepciones para rebajar ese recorte y subir a bordo al mayor número de países, cada uno con sus propias características.
España, que encabezó el sector crítico con la propuesta inicial de la Comisión, que disponía un tijeretazo lineal para todos, podría obtener una excepción que reduciría ese esfuerzo de ahorro a la mitad. Una pequeña victoria del equipo de Ribera, que pugnó para que el plan de ahorro contemplara el carácter de “isla energética” de España, con pocas interconexiones con otros Estados miembros.
“El Consejo de la UE ha recogido algunas exenciones y opciones de pedir una excepción al objetivo obligatorio de reducción para reflejar las situaciones particulares de los Estados miembros y garantizar que las reducciones de gas sean eficaces”, ha declarado el ministro de Industria checo, Jozef Síkela, este martes, tras el anuncio del equipo de la presidencia checa, que encabeza este semestre la UE. “La UE ha dado un paso decisivo para acabar con la amenaza de Putin de interrumpir el suministro de gas”, ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al conocerse el acuerdo, que ha aplaudido pese a la rebaja considerable sobre el texto que presentó su Ejecutivo.
La rapidez con la que se ha conseguido el acuerdo este martes se deducía de la declaración que había hecho a su llegada a la reunión la vicepresidenta tercera española, Teresa Ribera. “Estamos obligados a decir que sí”, ha admitido la también ministra para la Transición Ecológica, que destacaba que en los últimos días se habían logrado muchos avances sobre el plan inicial presentado por la Comisión Europea, que España, Portugal, Polonia o Irlanda habían rechazado de plano. El plan enmendado que ha salido adelante este martes ha suavizado mucho las exigencias iniciales.
Bruselas contempla lo que podría considerarse una ‘excepción ibérica’. El reglamento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que los Estados miembros podrán limitar la reducción obligatoria de la demanda en 8 puntos porcentuales siempre que demuestren que sus capacidades de exportación de interconectores o su infraestructura nacional de Gas Natural Licuado se utilizan para redirigir el gas a otros Estados miembros al máximo.
España consume de media 22.900 millones de metros cúbicos (de agosto a marzo) de gas. Con el 15% marcado por Bruselas debería haber recortado 3400 millones de metros cúbicos. La Comisión Europea le había ofrecido rebajar hasta 2.900 millones de metros cúbicos el ahorro, pero con la nueva excepción España podría dejar ese tijeretazo hasta en torno a los 1.700 millones de metros cúbicos de gas.
En el plan de ahorro energético final, la Comisión Europea dejaría de tener la potestad absoluta para declarar el estado de alerta, como contemplaba el proyecto original, y tamaña decisión —que implica por ejemplo que se pase de esos porcentajes de ahorro voluntarios a que sean obligatorios, además de nuevos envios solidarios entre estados— deberá ser sometida a votación de los 27 Estados miembros. La iniciativa de declararlo también podrá partir del consenso de cinco países. Además, se descontará del cómputo de gas consumido el utilizado para rellenar las reservas, por lo que el porcentaje de reducción se aplicará a un volumen menor.
Los Estados con una mayor dependencia del gas en su mix energético (en España es aproximadamente del 24%, como en la media de la UE) también podrán reclamar que no se compute el consumo de industrias esenciales a la hora de calcular el recorte obligatorio. Del mismo modo, los países que por razones geográficas no dispongan de una adecuada interconexión con el mercado europeo o cuya producción eléctrica dependa en gran medida del gas, podrán solicitar una exención en la aplicación del recorte. El texto aprobado este martes es un acuerdo político que pasará después por los embajadores ante la UE.
La amenaza de una mayor escasez de gas es aún más clara ahora. Rusia lleva años manejando la palanca energética como un arma política pero desde que la UE aumentó las sanciones contra Moscú por invadir Ucrania y cerró filas en su apoyo al Gobierno de Kiev, el presidente ruso, Vladímir Putin, ese escenario asoma más a corto plazo. El lunes, Gazprom, el monopolio gasista ruso, anunció que reduciría aún más los flujos a través del gasoducto Nord Stream 1 y lo dejaría en una quinta parte de su capacidad por “labores de mantenimiento”. Cuando todavía no ha llegado el invierno, una docena de países ya se enfrentan a suministros reducidos de gas ruso.
