Andrés Barreto González dejará su cargo de superintendente de Industria y Comercio en los próximos días, pero antes de hacerlo les abrió investigación a cuatro grandes productoras de leche del país por presunta adición de grandes cantidades de lactosuero, cerca de seis veces más de los límites naturales, a la leche entera que comercializan en Colombia y que termina siendo consumida, por lo general, por niños y adultos de más escasos recursos.
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Las investigadas, tanto por la delegatura de competencia como por la de protección al consumidor, son Gloria Colombia, que produce leche Algarra (larga vida y entera), Carulla y Medalla de Oro (larga vida) y De la Cuesta (entera); Lactalis Colombia (Parmalat); Sabanalac y la Compañía Procesadora y Distribuidora de Lácteos (Alkosto).
Esta decisión se suma a la lista de otras delicadas investigaciones que inició en los últimos años y que terminaron en millonarias multas a grandes compañías y sus directivas.
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Solo por temas de competencia fueron 43 sanciones por cerca de 626.000 millones de pesos, y por violación al estatuto del consumidor, 1.214, por 56.101 millones. Las infracciones a los reglamentos técnicos, precios y medidas dejaron 4.687 sanciones por unos 86.000 millones, mientras que la violación a las normas de habeas data ocasionaron multas (390) por más de 34.300 millones.
Casos espinosos
A usted le tocó lidiar con casos que involucraron firmas poderosas en el país…
En estos cuatro años hemos tomado 43 decisiones solo de competencia, las más grandes que se han adoptado: la sanción a Odebrecht, la más alta de la historia, por más de 295.000 millones de pesos con traslado a lo penal. La segunda más importante en la historia fue al cartel del cloro y la soda por 125.838 millones, muy importante porque estos insumos no tienen sustitutos y se emplean para potabilizar el agua que consumimos, luego influye en el costo que paga la gente por este servicio, que se volvió más relevante aún porque en pandemia nos mandaron a lavarlos las manos todo el tiempo. Otro fue el tema de reventa de boletas del Mundial, una multa de 18.000 millones, pero una investigación internacional muy bien concertada por lo del Fifagate y las consecuencias penales que tiene, y las multas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) por 28.434 millones, solo en Bogotá, que si bien se siguen presentando fallas, logró encender las alarmas de las autoridades para que actúen.
¿Cree que el mensaje enviado al mercado ha sido contundente?
Estas son sanciones definitivas y lo que pueden hacer es, antes del pago de la multa, demandar ante lo Contencioso Administrativo (Tribunal Administrativo o Consejo de Estado) con el antecedente de que el 90 por ciento de las decisiones que tomamos son ratificadas en esas instancias. Somos una autoridad no solo eficiente y contundente en actuaciones, sino que tiene la certeza jurídica de que la mayoría de sus decisiones se mantienen cuando las demandan y ese es un gran indicador. Tenemos celeridad, eficiencia, aumento de penas, pero, además, mayores garantías y posibilidades para que delaten.
Pero también han perdido batallas…
Nosotros perdemos competencia por caducidad, el plazo máximo es cinco años. Claro, nos ha tocado cerrar casos por vencimiento de ese plazo. Por ejemplo, me dolió mucho que en Odebrecht se salvaron dos personas que tenían responsabilidad, pero les operó el fenómeno de la caducidad, lo cual nos impone el criterio de celeridad de decir que un contrato del 2001, en una cosa que llegó en el 2010, lo abrieron en el 2018, justo un mes antes de posesionarme. Lo resolvimos, pero hubo seis años para hacerlo. La celeridad no es por chambonear, sino porque no se salven personas con responsabilidad.
¿Cuál de esos 43 casos le costó más trabajo sancionar?
Odebrecht y boletas del fútbol por las muchas aristas que tenían. El primero porque era un caso muy antiguo, es el caso internacional más grande y más coordinado con otras entidades del exterior. Acá hubo un delator, el ministro Gabriel García Morales, la multa fue multimillonaria y realmente fue por donde se rompió el modus operandi de esa multinacional que era corrupta en todos los países donde estaba. Ahí se probó la independencia de la autoridad porque había empresas y sancionados respetados frente a los que tocó actuar.
Lo de boletas también es un tema internacional de nivel Fifagate y Conmebol, con el señor Luis Bedoya en la cárcel en Estados Unidos como colaborador y delator, y delitos económicos de por medio y un deporte que es del sentir nacional, pero tocó tomar una decisión. Y que le duelan a uno, pues los casos del PAE y el lactosuero. No puedo creer que estén diluyendo la leche con eso y que los niños y la gente tomen agua con azúcar y lactosuero, porque eso impacta su salud y el bolsillo de los más pobres, lo cual es muy grave.
Exceso de lactosuero
Y en qué van las indagaciones por el lactosuero…
En estos cuatro años hemos hecho visitas a las cuencas lecheras, porque siempre ha habido sospechas de que a algunas leches crudas que se comercializan en el país se les adicionan lactosuero, lo cual está prohibido, aunque en esta industria este se utiliza para producir quesos y otros productos. Sin embargo, hay unos mínimos tolerables de la leche que no deben ser aumentados y estamos a la espera de la resolución del Ministerio de Salud que indique cuál es ese mínimo tolerable.
Pero a raíz de unas quejas recibidas tanto en las delegaturas del consumidor como en la de competencia, unas anónimas, otras con nombre propio, encontramos que había méritos para abrir una investigación. Fue así como logramos determinar que empresas como Gloria Colombia, Parmalat, Sabanalac y Hacienda San Mateo, posiblemente, estaban incurriendo en actos de competencia desleal, engaño y violación de normas por adicionar lactosuero a sus productos, conductas que vienen desde el 2020 en muchos de sus productos. Pero a Gloria Colombia la delegatura del consumidor le abre otra investigación por esas mismas conductas, pero con perjuicio grave porque impacta en la calidad, el precio del producto, el bolsillo del consumidor de bajos recursos y la salud de las personas, especialmente, con alto impacto en la nutrición de los niños y, por supuesto, en su desarrollo.
Con la apertura de la investigación, ¿qué sigue ahora?
De comprobarse esas conductas podemos imponerles multas a las empresas investigadas y órdenes de seguimiento de cómo van a cumplir esto. En consumidor, también multas y la obligación de retirar todos los productos, cambios de empaques, entre otras. Y, a su vez, el Invima, como autoridad de alimentos, tiene la posibilidad de adelantarles procesos sancionatorios e imponerles multas adicionales a las nuestras. Nosotros actuamos por competencia y consumidor, ellos como autoridad de alimentos. Por cada conducta comprobada pueden recibir multas de más de 100.000 salarios mínimos en competencia y de 2.000 en consumidor.
¿Cuáles son las marcas que maquila Gloria Colombia que estarían siendo alteradas?
Esta compañía produce leche entera larga vida de Algarra, Carulla y Medalla de Oro, y leche entera de Algarra y De la Cuesta. Por lo tanto, deberá entregar información clara, precisa y veraz sobre los componentes, propiedades y calidad de la leche que produce y comercializa.
¿Qué niveles de lactosuero han detectado en la leche que producen?
El lactosuero está presente en la leche de forma natural en una mínima cantidad. Hablamos de un promedio de 30 microgramos por mililitro de leche, que es la referencia empleada. Pero estamos hablando de hallazgos de entre 126,1 y cerca de 169 microgramos, lo que demostraría que sí se habría adicionado lactosuero a la leche que comercializan.
Avances en vigilancia y control
A partir de ahora ¿cuánto tiempo le tomará llegar a la SIC para aplicar una sanción, si hay mérito para ello?
En consumidor es un proceso sancionatorio que en 12 meses ya hay una decisión. Pero en competencia pasan varias cosas: los investigados pueden acercarse a ofrecer garantías y cómo van a corregir la falta para el cierre anticipado de investigación, si no ya con este pliego de cargos, contra el que no procede recurso, iniciar su proceso de defensa a través de una serie de descargos. Si se mantienen los tiempos que hemos logrado en estos años y si Invima y Minsalud se articulan con el asunto, pues tomará entre 18 y 24 meses para una decisión, porque realmente nosotros ya tenemos evidencia respecto de la comisión de las conductas. Cuando ya hay apertura hay un camino muy cierto de que hay la posibilidad de determinar esa responsabilidad en esos sectores.
¿Hay otras investigaciones en curso?
No. Lo que sí mencionaría es que otra área muy importante es protección de datos, un tema que no estaba teniendo mayor tracción y comenzó a ser un detonante importante porque cada vez hay mayor mercado tecnológico de plataformas de comunicaciones, mayor comercio electrónico, una población más joven y más usuaria de aplicaciones y redes sociales. La gente ya entiende que en este marco de economía digital el mayor activo de esas empresas son los usuarios, los datos.
¿Y han tomado acciones en este frente?
Sin lugar a dudas Colombia tiene la mejor autoridad de la región en materia de datos, tenemos la presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (Ripd), coordinamos a nivel global todas las investigaciones, hemos tomado las decisiones más significativas y de alto impacto, Facebook, Uber, Google, Tiktok por violación de datos personales. Las multas en este frente son cerca de 35.000 millones de pesos, a través de 390 sanciones y 4.000 órdenes que se deben cumplir para corregir fallas. Y otro avance es que la delegatura de datos personales hoy cuenta con dos direcciones con el fin de evacuar cada vez más casos.
En términos generales, ¿cuáles son esas conductas más reiterativas en que incurren las empresas?
Por desgracia, colusión en contratación estatal y ahí tienen que articularse varias piezas: uno, que las autoridades penales, fiscales y disciplinarias que tienen algunas medidas preventivas puedan detectar de forma anticipada esas conductas. La segunda, que las agencias como Colombia compra Eficiente, inscriba y esté alerta de esos procesos contractuales para que los sancionados y coludidos no estén nuevamente intentando presentarse; tercero, cada vez mayor tecnología y cuarto, la total coordinación que cuando haya la sanción la persigamos por diferentes jurisdicciones para ir cerrándoles el camino y una más, que la hemos implementado muy bien y es la cooperación internacional, que entre las autoridades nos hablemos, nos coordinemos y cooperemos.
¿Cuál cree que es el legado de su gestión en materia de supervisión?
Dejamos la Ley 2195 del 2021 y en el Estatuto Anticorrupción quedó un solo capítulo específico para las sanciones en competencia, porcentaje de contratos, aumento de las penas. Para uno como abogado y autoridad, un régimen que estaba desde la 1340 del 2009 estático, tuvo su reforma. Y una segunda mejora, que en Colombia no se ponen al ‘ojímetro’ como se cree, realmente hay una valoración económica de un profesional dedicado de forma exclusiva a analizar la gravedad de la infracción, el porcentaje del daño, lo que se logró de manera ilegal, todo eso se valora. Le dejamos un buen régimen al que llegue, mejores herramientas para imponer las sanciones que acá son altas y consecutivas por cada falta que se cometa. Entonces, está esta ley, el decreto de delación y el tema de la dirección de complaints, que son tres productos de esta administración
CARLOS ARTURO GARCÍA M.
@CarlosGarcíaM66
El Tiempo
